«Traslado colectivo es despido escondido». Esta era una de las consignas que coreaban en la mañana de este jueves los trabajadores de Digitex, concentrados a las puertas del hotel NH donde se celebraba la segunda jornada de negociación. Una negociación que, según denuncian, responde únicamente a la estrategia empresarial de demorar, de plantear cosas difíciles de estudiar con el único objetivo de agotar el plazo de 15 días establecido, sin obtener resultados.

«Están haciendo lo imposible para no lograr ningún tipo de acuerdo. Se niegan a facilitar el teletrabajo que es una opción viable y mucho más económica que les permitiría seguir trabajando con gente que tiene una experiencia tremenda en el sector, hay compañeros que llevan casi 18 años, están muy curtidos y tienen una experiencia maravillosa, que contrasta con las dificultades que tienen precisamente las empresas del sector para encontrar trabajadores cualificados que soporten la presión que existe en este empleo», explicaban los trabajadores para El Faradio.

Defienden que el centro de Maliaño es rentable, que el balance general de Konecta, que es un gran grupo empresarial, tuvo dos millones de beneficios el pasado año. «No hay riesgo de pérdidas, eso no tiene sentido y siempre nos hemos destacado en esta plataforma por la calidad y por los resultados objetivos en beneficios y volumen de ventas», defienden los trabajadores

APOYO DE PODEMOS E IU 

Podemos e Izquierda Unida de Cantabria han mantenido una reunión de urgencia con el comité de empresa de Digitex-Konecta, empresa de telemarketing que tiene como clientes a Naturgy y CaixaBank, y que cuenta con 159 personas trabajando en su planta de Camargo.

En dicha reunión, el comité de empresa ha confirmado a la coalición que hace 15 días la dirección les notificó que, con fecha 15 de junio, la plantilla tendría que incorporarse a unos nuevos destinos en Jaén o Barcelona. Digitex está deslocalizando su centro de Camargo y lo que es peor: parece ser que se trata, presuntamente, de un ERE encubierto, ya que las 159 personas que allí tabajan no pueden asumir, con sueldos que no llegan ni al SMI, todo lo que conlleva el irse a vivir a otra comunidad autónoma.

En cuanto a la plantilla afectada, el 78% son mujeres, la media de edad oscila entre los 45 y 55 años, y la gran mayoría tiene una antigüedad de 16 a 18 años en una empresa que vieron nacer, y que han estado cuidando durante todos estos años.

Para Mercedes González, coordinadora de Podemos Cantabria, “es inadmisible que Cantabria continúe perdiendo puestos de trabajo, de mujeres, además, y de esta manera tan infame. No debemos olvidar que fueron esenciales durante la pandemia y que realizaron sus funciones de manera telemática con unos rendimientos excelentes. Esto es lo que, precisamente, piden ahora: que les dejen continuar en sus puestos de trabajo a distancia ya que las características de su labor lo permiten, ha quedado demostrada su viabilidad y no hay ningún impedimento para llevarlo a cabo. Solo es cuestión de voluntad”.

Para justificar esta deslocalización, la empresa ha alegado razones “organizativas y productivas”, nunca razones económicas. También ha notificado al comité que el periodo para dar por finalizada la negociación expira en poco más de una semana: el 11 de mayo. A este respecto, este jueves, día 4, habrá una reunión en el Hotel NH Santander y paralelamente se ha convocado una concentración frente al mismo, de 10:00 a 12:00.

En línea con esto y como respuesta a las pretensiones de Digitex-Konecta, el comité de empresa, que integran los sindicatos STC, CGT, CCOO, USO y UGT, ha convocado para este viernes, 5 de mayo, una jornada de movilizaciones que incluyen una huelga de 24 horas y una concentración en Santander ante la Delegación del Gobierno (junto a Correos), de 11:30 a 12:30.

Por último, desde Podemos e Izquierda Unida de Cantabria exigen al Gobierno de Cantabria, así como al Ayuntamiento de Camargo, “que intervengan, que no dejen que se pierdan estos 159 puestos de trabajo, y que se reconozca la profesionalidad de estos trabajadores y trabajadoras que, desde hace 18 años, llevan sacando adelante clientes para que, después, se vean en la obligación de irse a otras comunidades autónomas.