El Ayuntamiento de Santander ya ha comenzado con los trámites necesarios para el realojo de los vecinos afectados por el proyecto urbanístico en El Pilón, en el barrio conocido como El Alta, en General Dávila.

Ante las quejas de los afectados, el proyectó sufrió un parón con vistas a posibles negociaciones con la empresa promotora y propietaria de los mayores de los terrenos, Costa Verde Hábitat, que ya avanzó a los vecinos que no tenía intención de hacerlo.

Zona de El Pilón

El proyecto se ha retomado en la primera sesión de la Junta de Gobierno local tras las elecciones generales (justo al día siguiente).

Formalmente, el proyecto es  la aprobación de las bases de la Unidad de Actuación del Área Específico 3-B, en la que las decisiones se toman por mayoría y, en este caso, la mayoría necesaria le corresponde a Costa Verde Hábitat, empresa ligada al Grupo Tecniobras que pudo hacerse con las propiedades gracias a la financiación de la rescatada Bankia y a pesar de la deuda superior a un millón de euros que, como reveló eldiario.es, mantiene con Hacienda.

ATRAPADOS EN UN BUCLE LEGISLATIVO

Y, según documentación consultada por EL FARADIO, la reanudación del proyecto supone preparar ya el terreno a los desalojos de los vecinos, que ya han anunciado que ahora centrarán sus esfuerzos en la vía legal en todas las instancias que puedan.

Los vecinos se han movilizado en defensa de sus viviendas

Un punto en que el Ayuntamiento admite que las bases de la Junta de Compensación no tienen “suficiente concreción”, por lo que se remite a la legislación estatal (añadiendo ahí que se recurre a esta fórmula, la nacional, al carecer Cantabria de una legislación autonómica al respecto).

Y la legislación nacional habla de que en las actuaciones sobre el medio urbano que requieran el desalojo de propietarios vía expropiación que residan en sus viviendas debe garantizarse su derecho al realojo.

Se produce una paradoja: la legislación estatal establece el principio básico del realojo, pero lo deriva o bien a una legislación autonómica o bien a las bases de la Junta.

Y en este caso se da la circunstancia de que en Cantabria la legislación autonómica no concreta este supuesto y las bases de El Pilón tampoco son muy precisa, lo que genera un bucle que lleva de nuevo a la legislación estatal.

O VPO O JUSTIPRECIO

En cualquier caso, el principio genérico establece que las viviendas deben ser protegidas, o, en su caso, indemnizaciones en base al justiprecio que se fije.

El realojo deberá ser en la misma zona, y, en este caso, el Ayuntamiento confirma que sí que es posible hacerlo.

Y además especifica que la Junta de Compensación, en la que la mayoría la tiene la empresa Costa Verde, deberá ingresar o avalar en las arcas municipales las cantidades suficientes para hacer frente a los justiprecios.