Subir

Top

0

Preguntar No Es Delito: el Fiscal pide un año de prisión y multas de casi 35.000 euros

11 de febrero de 2017. POR

El Ministerio Fiscal pide para siete estudiantes y activistas imputados por una protesta contra el expresidente Ignacio Diego que suman un año de prisión para uno de los acusados y multas por un valor total de 34.400 euros para siete estudiantes y activistas.

Se pone fin así a la investigación judicial por los hechos que sucedieron hace tres años en la Universidad: el entonces presidente Ignacio Diego visitaba el campos para acudir a un acto con preguntas de estudiantes, pero se vetó el acceso a los que se consideraba que serían críticos, quienes protestaron a la salida, denunciando haber recibido agresiones de la escolta del presidente.

Pese a eso, fueron ellos los denunciados en un caso que supuso la creación de la plataforma Preguntar No Es Delito para apoyarles, dentro de un respaldo que ha sumado a colectivos como la Plataforma en Defensa de la Educación Pública, la FAPA o Libres, o más de 200 personas en los distintos actos convocados en su apoyo, con el que se ha puesto de manifiesto la preocupación por el retroceso en materia de libertades y participación.

Acto de apoyo a Preguntar No Es Delito en la UC (Foto: Roberto Ruisánchez)

Acto de apoyo a Preguntar No Es Delito en la UC (Foto: Roberto Ruisánchez)

En concreto, a siete de los imputados se les encuadra en un delito de coacciones y una falta contra el orden público por falta de respeto a la autoridad. Por las coacciones se les piden multas que suman 4.200 euros a cada uno, y por la falta, 200 euros de multa para cada uno.

La peor parte se la lleva Diego San Gabriel, profesor de Geografía e Historia, y activista en distintas causas y movimientos como Cantabria No Se Vende, acusado por un delito de desórdenes públicos, para el que se pide, además de esas multas que  tienen cada uno de los acusados (4.400 euros), un año de prisión y una multa de 3.600 euros. Además, tendrá que indemnizar con 737,89 euros. Y se le impone, por la apertura de fianza oral, una fianza de 981,39 euros de forma inmediata.

Esta acusación la fundamentan en las patadas que aseguran que propinó al vehículo oficial, cuyos daños sólo se han acreditado por la factura de reparación, pero no por un perito independiente, y pese a lo que puede verse en los vídeos de los hechos.

El Fiscal considera probado que quisieron intentar impedir la marcha del presidente en un “clima de hostilidad”, poniéndose frente al vehículo.

Con este escrito se certifica que habrá juicio. Era la parte que quedaba por saber, el pronunciamiento del Ministerio Fiscal y si formulaba escrito de acusación, paso necesario para que se pase a señalar (fijar fecha para un juicio oral).

No hay acusación particular: es decir, el propio afectado, Ignacio Diego, aunque inicialmente denunció los hechos, luego no se personó en el procedimiento judicial, de modo que estamos ante un caso en el que habrá juicio con la única acusación del Fiscal pero sin acusación del perjudicado (algo anómalo en los juicios y que sucede habitualmente en casos de más gravedad como tráfico de drogas o incendios forestales).

Hay dos personas a las que se les retiran todas las acusaciones debido a que la falta de respeto a agentes de la autoridad ha dejado de ser delito y, aunque es multable por la ley mordaza, en este caso un descuadre en los plazos de aprobación de las normas ha hecho que ellos no encajen en este caso. A otros les van decayendo acusaciones, pero a todos les queda la común de coacciones y falta contra el orden pública.

El juzgado de Instrucción número 4, del que parte el procedimiento, asegura que del visionado del vídeo resulta “imposible de ver” que el acusado de la parte más grave cometiera los hechos, los daños al vehículo: sólo, asegura, se ve que fue apartado.

En todo caso se interpreta que intentaban evitar que el presidente abandonara el recinto, y dado que es un espacio público, la Universidad, se considera que es delito y no falta.

Se rechaza asimismo que todo fuera encuadrable dentro del derecho a la manifestación y la libertad de expresión. Se apela a que todo debe ser con carácter “pacífico”, y a que eso no paso ahí por insultos o rodear el coche y “arrojar una pancarta” sobre él.

Desde Preguntar No Es Delito aseguran, en una primera valoración, que «la gente al ver los vídeos nos dice que deberían pedirnos perdón, pero, lejos de ello, continúan persiguiéndonos».

«Mantener la acusación tras ver los vídeos sólo puede ser para salvar la cara del presidente y los policías tras el montaje», aseveran, mientras insisten en que reclaman la absolución porque «no hay delito alguno en protestar pacíficamente».


logo_black-bird

Empresas Amigas