“Se quiere disuadir a la población de manifestarse democráticamente por sus derechos sociales”

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“En los estados en los que el Gobierno se siente sólido, como la mayoría absoluta del Partido Popular en España, cuando ve que hay movilización social ante medidas que han llevado la desigualdad a límites desconocidos, deciden leyes mordaza, que son medidas desmovilizadoras”.

Es la reflexión que, preguntado por la situación de los estudiantes y activistas de Preguntar no es delito que irán a juicio –a uno de ellos se le pide un año de prisión– por participar en una protesta durante una visita del expresidente Ignacio Diego a la Universidad de Cantabria, hacía en EL FARADIO DE LA MAÑANA Martín Alonso Zarza, doctor en Ciencias Políticas y licenciado en Sociología, Filosofía y Psicología, miembro también de Libres (la Asamblea en defensa de las libertades y contra la represión de las protestas).

El escrache a Diego en la UC el 17 de febrero de 2014.

El escrache a Diego en la UC el 17 de febrero de 2014.

Martín Alonso interviene esta tarde a las 19.00 horas en la Librería Gil en una charla sobre ‘La sociología del proceso catalán’, en la que tratará de discernir los “mecanismos sociológicos subterráneos” que han llevado a procesos con “alto contenido político” como el proceso soberanista catalán.

A su juicio, se trata de una respuesta identitaria ante el “malestar que producen las medidas neoliberales, acentuadas por los recortes y la austeridad”, que se está manifestando en otras formas y lugares, por ejemplo, con el Brexit o nuevos nacionalismos en Europa.

Y la otra reacción desde las instituciones a este malestar es la adopción de “medidas autoritarias” (la ley mordaza, las reformas del Código Penal) que en realidad sólo pretenden “desmovilizar” y “disuadir” a la población que defiende unos derechos sociales, que, recuerda Martín Alonso, están reconocidos en la Constitución y “no se tienen en cuenta”.

Desde esa perspectiva, Alonso asevera que “la ley mordaza es antisocial” y una mala noticia para los “defensores de las libertades” que tiene como consecuencia una “erosión” de la legitimidad democrática, mientras recuerda que “preguntar y protestar no es delito”.

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