El sector público sale al rescate de la construcción

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Cenavi ha sido una de las últimas grandes constructoras en caer. Del concurso de acreedores para reordenar sus deudas al inicio de la fase de  liquidación de una de las empresas tradicionales, de las de siempre, las que en alguna ocasión achacaban a las ‘recién llegadas’ la época de los excesos del ladrillo.

Con el grifo del crédito bancario cerrado, poniendo en apuros a las empresas de un sector al que por ese motivo le cuesta vender pisos, cada vez está más claro que tendrán que ser las administraciones públicas las que salga al rescate de un área de actividad que ha perdido miles de empleos desde que estalló la burbuja.

No es un rescate puro y duro, como el sectorial que se hizo a la banca, pero, sin entrar al asunto de los 3 millones de euros que el Gobierno cántabro adelantará para la demolición de las viviendas sentenciadas del (antiguo) Alto del Cuco, lo cierto es que las últimas decisiones de las administraciones contribuyen a evitar que las constructoras se sigan hundiendo.

Como por ejemplo, la subvención que recibirán las empresas privadas que se animen a construir viviendas de protección oficial en zonas en rehabilitación, como es el caso en Cantabria del ARU (Área de Renovación Urbana) del Cabildo de Arriba, encuadrado dentro de las medidas de lucha contra la degradación urbanística y social a raíz del derrumbe de un edificio que hace cinco años causó la muerte a  tres personas.

O el relativo alivio que puede suponer la última modificación del Plan de Ordenación del Litoral (POL), con la que se agilizan los trámites para la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico, exportando el modelo que ya se había introducido en el resto del territorio de la comunidad.

Sin olvidar que en los próximos presupuestos de Cantabria se incluyen medidas por valor de 76 millones de euros  dirigidas a la financiación de obras en ayuntamientos, que cumplen el triple objetivo de ayudar a los municipios a realizar proyectos, favorecer la contratación de desempleados y echar otra mano a empresas del sector de la construcción.

El resultado está siendo un amplio contraste: las empresas que dependen del consumo privado lo pasan realmente mal, mientras que las que tienen algún tipo de relación con lo público se benefician del cambio de tendencia de unas administraciones que en los últimos años habían reducido sus licitaciones.

Todas estas acciones se notarán en los próximos meses, pero esa evolución está ahí, y repercute en que baja el paro en la construcción (300 menos en septiembre, 22 en octubre).

Y otro efecto es que la licitación oficial, la pública, en construcción en Cantabria aumentó desde enero hasta agosto en un 280%, es decir, 67,9 millones de euros más que en el mismo período del año anterior.

En total, son 92 millones de euros, lo que da una idea del espectacular incremento: se llega a esta cifra desde los 24 millones del año pasado.

Por tipo de obra, el 57,6% de la licitación oficial en construcción en Cantabria fue en obras de ingeniería civil y el resto en edificación.

Y la mayoría, más de la mitad, procede de la comunidad autónoma, en unas cifras que todo apunta que irán subiendo año a año.

A nadie se le escapa que la obra pública se incrementa en épocas electorales y aunque al común de los mortales les queden lejos, lo cierto es que muchos están ya en campaña.

 

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