El Ayuntamiento de Santander podría tener que lidiar con un toro improvisado en el mes de la Semana Grande de Santiago, este mes de julio, el tiempo de las fiestas patronales de la capital cántabra.

Los colectivos sociales anuncian que están dispuestos “a todo”, desde una acampada hasta un Gamonal veraniego – ponerse delante de las excavadoras-, de prosperar las intenciones municipales de construir otra conexión transversal entre la Avenida de Los Castros y la S-20, sobre la Vaguada de las Llamas, que conllevaría el desalojo de Amparo de su vivienda, una anciana de 86 años que no está conforme con el (in)justiprecio de la expropiación.

Colectivos sociales y vecinales ya se han manifestado frente a las dependencias municipales de Urbanismo en solidaridad con la anciana, por esta historia que mezcla el factor humano del desalojo de su casa de una persona vulnerable, con un procedimiento urbanístico que su familia cuestiona porque considera que infravalora una vivienda de 90 metros cuadrados y otros 300 de terreno en plena zona de expansión de la ciudad.

A esto se suman las denuncias de especulación urbanística desde el partido La Unión (LU) – que no tiene representación en el Ayuntamiento-, mientras la oposición del PSOE ya ha solicitado una Junta de Portavoces para analizar este asunto.

Sobre esta última parte, Rafael Sebrango (LU) ha subrayado que las empresas adjudicatarias, la UTE de empresas Corsán-Corviam y Copsesa, son “reincidentes” por ser las ejecutoras de un proyecto urbanístico muy similar, el puente atirantado también sobre la Vaguada de Las Llamas conocido como la ‘Espada’, muy cercano al que ahora se quiere realizar.

En aquella construcción, cercana en el tiempo a las últimas elecciones municipales de 2011, el Consistorio firmó un contrato de modificados de obra por importe de 1.382.000 euros, que recibió el reproche del Tribunal de Cuentas por irregularidades y falta de justificación de los sobrecostes.

“COMO SE HIZO EN GAMONAL”

El pasado viernes, más de un centenar de activistas y vecinos de Amparo se concentraron frente a las dependencias de Urbanismo del Ayuntamiento de Santander, para protestar por el inminente desalojo de Amparo.

En esa concentración, el portavoz de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas – que lidera la oposición al proyecto-, Oscar Manteca, alentaba a hacer “como se hizo en Gamonal (Burgos)”, donde la oposición vecinal frenó un macro proyecto urbanístico por importe de 7,6 millones de euros.

La capital burgalesa fue el centro de unas protestas muy numerosas y mediáticas el pasado invierno, con revueltas en las calles que finalmente consiguieron paralizar el proyecto de construcción de una avenida con carril bici central y aparcamiento subterráneo, al considerar los vecinos que el Ayuntamiento desatendía las prioridades.

Además influyó el adjudicatario de la obra, el importante empresario de la ciudad, Antonio Miguel Méndez Pozo, propietario del Diario de Burgos y presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad, vinculado desde los años 80 con el liderazgo en Castilla y León del que después sería presidente del Gobierno del PP, José María Aznar.

¿DE INTERÉS GENERAL O INNECESARIO?

Los colectivos santanderinos que se están movilizando consideran que este nuevo vial que quiere construir el Ayuntamiento es “completamente innecesario”, una “falta de respeto” de las administraciones con la vida de las personas” y que “si estuviera la casa de un político no se haría”.

Por su parte, el Ayuntamiento de Santander defiende el «interés general» de la obra y cargaba el viernes – en un comunicado muy duro-  contra las protestas.

En términos de “condena y rechazo” hacia los manifestantes, el Equipo de Gobierno enmarcaba las protestas como “presiones a los funcionarios y responsables políticos para que cometan un acto de prevaricación para favorecer el interés de un particular – la anciana de 86 años”.

Al igual que la transformación urbanística de Gamonal, las conexiones transversales entre la Avenida de los Castros y la S-20 estaban contempladas en el programa del Partido Popular para las últimas elecciones en Santander.

El PP ganó en 2011 con un resultado histórico, y el alcalde, Iñigo de la Serna, renovó la mayoría absoluta, consiguiendo 18 de los 27 concejales de la corporación.

Sin embargo, los manifestantes consideran que “no hay derecho” a esta actuación y que es una “vergüenza que por dos duros la quieran echar de su casa”, conocedores de los términos económicos, muy insatisfactorios para la anciana y su familia.

EL CAMBIO DE CALIFICACIÓN DE LOS TERRENOS: DE URBANIZABLE A RÚSTICO

La vivienda y el terreno de Amparo en la Vaguada de las Llamas ya fue objeto de un expediente de expropiación en el año 1998, con el anterior Plan General de Ordenación Urbana en vigor, que contemplaba la misma conexión transversal que hoy es polémica en Santander.

Aunque aquel expediente no fue a más, Amparo recibió en 2009 la notificación del Catastro del cambio de calificación de su propiedad, de urbanizable a rústico.  E inmediatamente, al año siguiente, recibió la notificación del Ayuntamiento de un nuevo expediente de expropiación, en los mismos términos que el del 98, pero con otro número de tramitación diferente.

El nuevo PGOU de Santander se aprobó definitivamente en el año 2012, pero se estuvo redactando, con varios procesos de información pública y alegaciones mediante, desde el año 2006. Es en ese proceso cuando la calificación del terreno de Amparo pasa a ser considerada rústica, cuando el proceso de expansión urbana hacia el norte de la S-20 era ya una realidad.

Fuentes de la familia aseguran que la valoración de la casa de Amparo está por encima de los 120.000 euros, mientras que el Ayuntamiento ofrece un (in)justiprecio de 79.000, o una vivienda de 40 metros cuadrados en la periferia, por la que la anciana debería pagar 12.000 euros.

EMPRESAS “REINCIDENTES”

Desde la oposición de La Unión – no tiene representación en el Ayuntamiento-, se ha denunciado la participación de las mismas empresas, Copsesa y Corsán Corviam, en un proyecto similar, el puente que da continuidad a la bajada de Polio hasta la S-20, al final del Parque de las Llamas, finalizada en el año 2011 poco después de las últimas elecciones municipales.

En este sentido, el presidente de La Unión, Rafael Sebrango, ha considerado que estas empresas son “reincidentes” en la adjudicación de un proyecto similar, con el mismo truco: bajada temeraria en la oferta presentada y contrato de modificados de obra para compensar el precio final a pagar por la administración.

La denuncia se asienta en un informe del Tribunal de Cuentas que cuestiona el contrato modificado del Ayuntamiento con la UTE de empresas, que supuso un desembolso de 1.382.000 euros, un 30% más del precio inicial.

El Tribunal de Cuentas señala una primera infracción en que el nuevo contrato se formalizó dos meses después de haber expirado el plazo de ejecución del primer contrato, que ya venía ampliado fuera de plazo.

Sobre el objeto de aquel contrato, para el Tribunal de Cuentas todos los modificados eran “previsibles” y no se debieron a causas “imprevistas” o a acontecimientos “sobrevenidos”. Por lo tanto, asevera que el contrato modificado estuvo “no justificado”.

Y además apunta la extraordinaria dilación en la tramitación del expediente de la modificación, que se demoró nueve meses, un tiempo que no es acorde con la inmediatez que debe caracterizar a modificaciones de obras en ejecución.

El Tribunal de Cuentas subraya que aquel contrato de modificados de obra, entre el Ayuntamiento y las empresas Copsesa y Corsán Corvian, tuvo una irregularidad más: el plazo de ejecución no coincide, entre el que figuraba en el proyecto y el acuerdo de aprobación – tres meses y medio-, y el del contrato, que establecía un mes de duración.

OTRAS CONEXIONES DE COPSESA E ISOLUX CORSÁN

Se da la paradoja de que Copsesa, una de las empresas adjudicatarias, se presentó en Burgos al proyecto de Gamonal, con una bajada considerable, aunque el “sobre B” decantó la adjudicación en favor del empresario local Méndez Pozo. Ahora podría tener su Gamonal en Santander.

Copsesa es la empresa del alcalde de Ramales, José Domingo San Emeterio, y ha recibido numerosas adjudicaciones en la capital cántabra.

Una de ellas, para el asfaltado ecológico – muy promocionada desde el Ayuntamiento-, ha supuesto un importante revés para la empresa, con la anulación por parte del Gobierno de Cantabria de dos plantas que contaban con fondos europeos en la capital y en Camargo, por incumplir la normativa medioambiental.

Por su parte, Corsán también tiene una historia de relaciones político-económicas que le han convertido en noticia nacional recientemente.

Así, según informaciones publicadas en la prensa nacional, está implicada en el ‘Caso Yogui’, que investiga los sobrecostes del AVE de Barcelona, con al menos nueve detenidos por malversar seis millones de euros.

También ha salido en los papeles de la Gurtel, vinculada por el extesorero del PP, Luis Bárcenas, que ante el juez conectó a Isolux Corsán – la empresa matriz- con los negocios de Francisco Correa, el jefe de la trama. Barcenas le dijo al juez que lo de “Luis el Cabrón” de las grabaciones podría ser por Luis Delso, el presidente del grupo.

La constructora española, que logró el contrato con el Estado argentino para construir un tren de alta velocidad que nunca se ejecutó por la falta de financiación, también aparece mencionada en los correos electrónicos de aquel caso: «Las negociaciones con Isolux van relativamente bien. El atasco está en la cifra total (que incluye coste político)».

Y una última referencia de Isolux Corsán: en Cantabria intentó entrar en el plan eólico. Creó una empresa para pujar por 790 megawztios. No resultó una de las adjudicatarias.