Valdecilla avanza hacia las elecciones tras superar los tribunales
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha resuelto definitivamente en sentido favorable al modelo de contratación del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, de manera que el Gobierno de Cantabria (PP) respira: vía libre para todo tipo de actos e inauguraciones en la precampaña de las próximas elecciones autonómicas de mayo de 2015.
En una sentencia que se ha comunicado este jueves, el alto tribunal ratifica uno por unos los argumentos de la administración sobre la falta de legitimación del PSOE para detener el nuevo modelo de Valdecilla, sin entrar siquiera a valorar el fondo de la denuncia.
Viene a decir el TSJC que el PSOE no es un actor válido para recurrir, porque no hay relación entre el sujeto y el objeto – Valdecilla-.
La vicepresidenta del Gobierno de Cantabria y consejera de Sanidad, María José Sáenz de Buruaga, ha valorado que la sentencia despeja «incertidumbres» y «amenazas», para avanzar «con paso firme y seguro en la consecución de uno de los hitos más importantes» para Cantabria.
Asimismo, la consejera que ha liderado el proceso de contratación público-privada ha analizado que la decisión del alto tribunal «acaba con la coartada» del PSOE para tratar de «impedir» que se termine Valdecilla, en referencia al argumento de la defensa del carácter público del hospital que han empleado los socialistas en su recurso.
Los socialistas por su parte estudian el contenido de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC. Ahora tienen que decidir si ejercitan alguna otra acción, entre las que cabe el recurso de amparo al Tribunal Supremo (TS).
EL RECURSO ERA ADMINISTRATIVO
En realidad, el Partido Socialista de Cantabria nunca ha explorado la vía de la Justicia ordinaria; el recurso original al modelo de Valdecilla no se presentó en los juzgados sino ante la administración, en el Tribunal Administrativo Central (de algún modo, como si recurrieras una multa ante Tráfico).
Entre otros motivos, explican los socialistas, eligieron este camino por la imposibilidad de asumir el importe de las tasas judiciales de un proceso en el que se pone en cuestión, entre otras cosas, el modelo de contratación público-privada entre el Gobierno y Ferrovial. Unas tasas proporcionales a un contrato de 20 años por un importe de casi 1.000 millones de euros.
De manera que el Tribunal Central de Recursos Contractuales (la administración) denegó la pura legitimación (como actor) del PSOE para recurrir el contrato de Valdecilla, y eso es lo que respalda el TSJC, de forma definitiva, desestimando el recurso que los socialistas presentaron contra la citada resolución administrativa.
Es decir, el TSJC no se ha pronunciado sobre el fondo del megacontrato de Valdecilla, sino simplemente sobre el paso previo de si el PSOE tiene la legitimación para recurrir o no. Y ha dicho que no.
LOS ARGUMENTOS DE LA SALA
El PSOE entendía que sí tenía “suficiente legitimación activa” para impugnar el anuncio de licitación, el pliego de condiciones y el contenido del contrato de colaboración, así como la “incorrecta publicidad” del anuncio de licitación del contrato y la “falta de justificación” para utilizar la figura contractual de colaboración entre el sector público y el privado, entre otros motivos.
Sin embargo, la Sala ratifica la resolución del Tribunal Administrativo Central. Recuerda que la legitimación “es un presupuesto inexcusable del proceso” que exige “una relación material unívoca entre el sujeto (PSOE) y el objeto de la pretensión (detener el modelo de Valdecilla).
Es decir, para que el TSJC hubiera admitido la legitimación del PSOE para recurrir tendría que haber apreciado que la anulación del contrato de Valdecilla hubiera producido automáticamente “un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio), actual o futuro, pero cierto, que debe repercutir de manera clara y suficiente en la esfera jurídica de quien acude al proceso – el propio PSOE-”. Y eso es lo que no ve el TSJC.
Según la Sala de lo Contencioso-Administrativo, el PSOE no hace sino alegar que actúa en defensa de la legalidad, de los intereses generales de los ciudadanos, del ideario propio del partido político recurrente y del interés público; pero no los “perjuicios para los recurrentes – el PSOE mismo-”.
Y le quedaba a la Sala un argumento por desmontar: que también recurría a título particular la secretaria general del PSC-PSOE, Rosa Eva Díaz Tezanos. Y para el alto tribunal tampoco Díaz Tezanos cumple los requisitos generales exigidos como persona física para considerarle legitimada activamente.
EL CONTRATO DE VALDECILLA
El contrato (megacontrato) de Valdecilla se adjudicó a la UTE formada por las empresas Ferrovial y SIEC el pasado mes de noviembre, con una duración de 20 años y un importe cercano a los 1.000 millones de euros, 100 para la finalización de la Fase III y el resto para pagar la gestión conjunta de 40 servicios hospitalarios, la mayoría de los cuales ya estaban privatizados.
Por asumir todos estos servicios y por finalizar la obra, Ferroser – Ferrovial Servicios- cobrará un canon anual de 38 millones de euros (más IVA) durante los próximos 20 años.
La finalización de las obras está prevista para la próxima primavera y será una de las grandes bazas del Gobierno del PP para las próximas elecciones de mayo.
EL RECURSO DEL PSOE
El recurso del PSOE incidía en la falta de justificación del modelo de colaboración público-privada del megacontrato de Valdecilla, que se plasma en la ausencia de informes económicos que avalaran en su licitación la necesidad de un contrato a tan largo plazo.
Así, se ponía en cuestión que el contrato ligara tantos contratos a la finalización de unas obras que ya estaban empezadas. Contratos de servicios tan importantes en el funcionamiento del hospital como el sistema informático, el archivo, el almacén o el transporte. Incluso el pago de la factura de la luz se deja en manos de la adjudicataria.
Al margen del recurso del PSOE, la oposición a la fórmula de Valdecilla ha desbordado los cauces tradicionales de los sindicatos y los partidos políticos. En noviembre de 2013, días antes de la adjudicación, se celebró el acto ‘Abraza Valdecilla’, impulsado por los movimientos sociales, que congregó a más de 3.000 personas en la protesta.
También han comparado el modelo por el que ha apostado el Gobierno del PP cántabro con el que iniciaron los populares en la Comunidad de Madrid, que ha derivado en rescates de concesiones cuando las empresas adjudictarias no han podido rentabilizar los contratos, entre otros riesgos a los que han apuntado también expertos en modelos de gestión sanitaria.
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