Para César Tolosa, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria durante diez años, es tiempo de balances. Se va al Tribunal Supremo, como magistrado, y cierra una etapa de la que admite tanto luces (el intento de apertura de la Justicia a la sociedad, la apuesta por la modernización tecnológica o por estar más a pie de calle en plena crisis) como sombras (fundamentalmente, la dificultad para conseguir que esos cambios vayan llegando).

César Tolosa, presidente del TSJC

Pero quizás, aunque no lo diga con esas palabras, a Tolosa, experto en contencioso-administrativo (o sea, en temas relacionados con la administración) y en urbanismo (el área al que, precisamente, se va en el Supremo), se le haya quedado una espinita clavada de su mandato: la de no haber dejado finiquitado el tema de las sentencias de derribo.

Recordamos: más de quinientas viviendas en zonas costeras de Cantabria (Arnuero, Argoños, Piélagos…) tienen sobre sí sentencias de derribo, firmes, por haberse construido con licencias concedidas desde las administraciones municipales y autonómica y que luego fueron anuladas judicialmente por incumplir la ley.

“Me hubiera gustado que el asunto hubiera quedado resuelto. Los jueces estamos para resolver la conflictividad social.

En este caso no la hemos generado nosotros, lo que hemos hecho es aplicar la ley a situaciones que eran ilegales.

Pero las personas que sin tener responsabilidad en la situación de ilegalidad y se encuentran en situación complicada, eso me hubiera gustado que quedara resuelto”, lamenta, en conversación con EL FARADIO, César Tolosa, que firmó algunas de esas sentencias.

El problema viene de antiguo, desde hace ya más de treinta años, y a él se han sumado nuevos problemas, fundamentalmente, las soluciones que han ido ideando en los últimos años las sucesivas administraciones que han ido gobernando Cantabria.

Planes que trataban de evitar las demoliciones y que han ido cayendo, sucesivamente, a manos de los tribunales.

“La ilegalidad sólo se puede combatir desde la legalidad, no se pueden buscar soluciones, por muy imaginativas que sean, que bordeen la ilegalidad, cuando no son claramente ilegales”.

Es algo que ya ha sucedido, planes del Gobierno que son anulados por los tribunales, al más alto nivel.

En la mayoría de los casos, se ha tratado de ganar tiempo: hay viviendas que son ilegales porque no cumplen lo que marca el Plan General del Urbanismo de su municipio.

Pero los planes se pueden cambiar, y si se aprueba uno nuevo en el que esa vivienda sí cumple la ley, la cosa cambia.

Ese parece ser el plan.

La última fórmula es la de las autorizaciones provisionales, una especie de licencia en diferido que se concede a las viviendas mientras se aprueba un plan general que permita compensar a los afectados con otra vivienda similar en el mismo municipio. El planteamiento, ideado esta legislatura por el experto en arquitectura jurídica y urbanística que es el consejero Javier Fernández va camino del Tribunal Constitucional.

“Las soluciones y atajos que estén intentando bordear la legalidad lo único que hacen es profundizar en el problema”, expone Tolosa, como criterio general para cualquier fórmula.

ENTRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO

Los afectados han llegado a situaciones límite, de paciencia, salud y económica, y está el tema de las indemnizaciones por un daño que ellos no causaron, pero que sufren: la ley dice que para indemnizar por un daño, este tiene que producirse. Es decir, si quieres que te indemnicen por el derribo de tu casa, hay que tirar tu casa.

César Tolosa es consciente de ello, de que hay que “buscar una salida” para los “compradores de buena fe” de estas viviendas. Es su “derecho”. Pero advierte: “esa solución no puede estar fuera de la legalidad, porque cuando se dan soluciones desde la ilegalidad se está profundizando en el problema”. Dicho de otra forma: con un arreglo ilegal el problema “no se soluciona”, y, en cambio, “se crea más sufrimiento en los afectados”.

Y otro matiz que añade: en la solución a los derribos hay que plantear dos intereses. El privado, es decir, el de los propietarios perjudicados en su patrimonio por la cadena de errores de la administración, pero, sobre todo, por encima, el del “cumplimiento de la legalidad urbanística, que afecta al interés común de todos los ciudadanos”. Visto lo visto, no es descartable que alguno de esos casos acabe en la mesa de su despacho en el Supremo. De momento unos y otros lo tienen en su carpeta de ‘pendientes’.