Mariano Rajoy, presidente del Gobierno y del Partido Popular, acaba de anunciar en Extremadura que se pondrá al frente de las medidas contra la corrupción que tanto escandalizan a un país que asiste atónito a una serie de operaciones judiciales, adjudicaciones, nicolases, registros, tarjeta negras, cajas B, viajes institucionales para pagar visitas personales….

Y de paso, ha matizado a su propia secretaria general, María Dolores de Cospedal, que esta misma semana llegaba a decir que su partido ya había hecho todo lo que podía contra la corrupción.

Una afirmación que sorprendió, porque trasladaba el mensaje de que el problema ya estaba prácticamente solucionado y obviaba que los propios partidos sí que tienen un margen amplísimo de decisiones, muchas de ellas que se pueden adoptar de forma INMEDIATA, desde el partido o desde las instituciones que ocupan, para actuar contra la corrupción.

1. Expulsión inmediata, no temporal, de imputados y de personas con comportamientos cuestionables. Las normas son demasiado garantistas y no son la biblia, se pueden cambiar desde dentro. Deben ser expulsados y no darse la posibilidad de que sean ellos los que se marchen (se lanza el mensaje de que es el sospechoso el que manda, hasta el punto de que controla su propia marcha de la organización)

2. Crear un departamento de asuntos internos en el partido, que investigue los casos, y que los militantes puedan dirigirse a ella para pedir que verifique rumores de casos corrupción

3. Exigencia a los militantes y a aspirantes a cargos públicos de formación y experiencia laboral previa a su acceso a un cargo de partido o de la administración

4. Sacar a concurso las contrataciones que dependan del partido. No son organizaciones privadas: les llega dinero público, usan espacio público y gestionan lo público. En consecuencia, deberían seguir normas similares a las del sector público. Esos contratos no podrán hacerse a empresas relacionadas entre sí, ni fraccionando contratos

5. Listado actualizado de militantes para conocer quienes lo son y no, y cuantos. Para conocer así si un empresario que recibe adjudicaciones es militante de un Partido, o si lo es el presidente de una asociación que recibe trato favorable o que ayuda a una institución encabezada por alguien de su partido; y para evitar problemas en los procesos electorales internos y poder detectar afiliaciones masivas

6. Transparencia. Todos esos datos (concursos, adjudicaciones y militancia), a la Web del Partido

7. Prohibición a cargos de partido y portavoces de discursos que toleren o justifiquen la corrupción. Nada que no sea una condena absoluta como la que se haría contra un atentado terrorista. El primer mensaje ante una denuncia no puede ser un respaldo expreso y un cierre de filas. Prohibición de asistencia a actos de homenaje a condenados por corrupción. Mensaje de contundencia de aislamiento y rechazo social

8. Prohibición del y tú más partidista cuando se hable de ello: aparte de ser un intercambio alejado de las preocupaciones ciudadanas y centrado en las preocupaciones exclusivas de cada partido, crea un caldo de cultivo para la tolerancia a la corrupción e impide que los partidos tomen medidas internas, sabedores de que el partido rival cargará contra lo que considera una debilidad

9. Prohibición desde los partidos a sus abogados y gestores de maniobras que dilaten instrucciones judiciales, o que, directamente, las obstaculicen, impidiendo que los jueces accedan a información necesaria para sus investigaciones. No más discos duros borrados

10. Definición de un criterio claro para las medidas: ¿la denuncia, la imputación inicial, la imputación en el juicio, la condena? Pero que se fije un criterio único que evite la arbitrariedad en función de las simpatías personales que se tengan hacia el militante sospechoso.

11. Expulsión de la Administración de los cargos públicos imputados, llegando incluso a mociones de censura abanderadas por el propio partido, como la que el PP plantea en León.

12. Cuando el partido esté en la Administración, dotación de más medios a Juzgados, Fiscalía, Fiscalía Anticorrupción, Policía Financiera y Agencia Tributaria, tanto a nivel nacional como en comunidades autónomas. ¿Que saldría caro? Dinero hubo: los casos más mediáticos de corrupción supusieron la pérdida de 9.250 millones de euros, el equivalente a los recortes del año 2012

13. Cuando el partido esté en la Administración, reforzar el papel de la Intervención (el organismo que fiscaliza la contratación pública), para que se puedan evitar prácticas como los contratos fraccionados, que se pueda investigar a las empresas que aspiren a concursos públicos, vigilar las bajas temerarias y los posteriores sobrecostes, o que lo adjudicado no tenga precios superiores al valor del mismo precio en el mercado.

14. Prohibición de usar contratos fraccionados para evitar sacar una adjudicación de la administración a concurso, prohibición de adjudicar contratos a empresas que pertenezcan al mismo grupo o tengan relación entre sí, y prohibición de coincidencia entre empresas adjudicatarias de partido y adjudicatarias de la administración.

15. Renuncia a nombramientos políticos en el Consejo General del Poder Judicial y en la judicatura

16. Renuncia al control político de la Fiscalía

17. Renuncia a control político de los nombramientos de altos cargos policiales y prohibición de destituir a cargos policiales que hayan realizado investigaciones relevantes contra la corrupción

18. Cambiar la legislación para que los delitos de corrupción no prescriban

19. Cambiar la legislación para que en los delitos de corrupción los condenados respondan con su propio patrimonio

20. Renunciar a interferir en el cumplimiento de sentencias judiciales: ni indultos ni cambios de grado en condenas de corrupción por iniciativa de los Gobiernos

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