La magistrada Paz Hidalgo está llevando una incisiva instrucción judicial

La juez que investiga la participación del Gobierno de Cantabria (PSOE-PRC) en el Racing de Santander, por si pudiera haber responsabilidades penales por la pérdida patrimonial pública de 43,8 millones de euros, ha solicitado al club información sobre la propiedad en el periodo (2004-2014).

En concreto, la magistrada Paz Hidalgo, ha enviado un requerimiento a las oficinas del Racing para que comuniquen a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) los titulares de las acciones así como todos los cambios a los que han estado sujetas en dicho periodo.

Hidalgo quiere saber las anotaciones realizadas en lo relativo a cargas, gravámenes o derechos de ocpión, así como conocer si se ha cumplido o incumplido con la obligación de inscribir todas las cargas en el Libro Registro de Acciones .

Es un paso más en el sentido de la investigación, que comenzó por la querella de CANTUR (PP) por la pérdida patrimonial de 7,7 millones en la venta del Racing al indio Ali Syed, entre Zurich y Santander, en los últimos días de enero de 2011, pero que como consecuencia de la instrucción se ha ampliado a todo el periodo de participación del Ejecutivo en el club (2004-2011).

La juez retomará las declaraciones el próximo 10 de diciembre, a las 16 horas, cuando está citado Emiliano Garayar, en calidad de imputado. Fue el cerebro jurídico de la entrada gubernamental en el Racing, en el año 2005, y después facturó al menos 3,6 millones de euros como asistente externo del Gobierno de Cantabria (Más información: La complejidad del Racing I y II).

También ha citado, para el próximo 16 de diciembre, al director financiero de Silver Eagle Obra Pública (SEOP), José Serrano Minchán, testigo de la cena en un restaurante de Puertochico entre la cúpula de Economía de aquel Gobierno y Montalvo, al que habrían advertido de que si no entraba en el Racing no se adjudicaría Ecoparque Besaya, un proyecto de plusvalías millonarias.

La querella de Cantur acusa al exconsejero de Economía y actual presidente del PSOE, Ángel Agudo; al exconsejero de Deporte y actual diputado del PRC, Javier López Marcano; al exconsejero delegado de la Coordinadora de Empresas Públicas (CEP); por posibles delitos de malversación, fraude y administración desleal.

Y a Dumviro, la empresa instrumental, y su propietario en el momento de la venta de Zurich, Jacobo Montalvo, como cooperadores necesarios y beneficiarios de la operación.

Recientemente se han sumado al proceso CEP Cantabria, como había instado la juez el 10 de octubre, al ser la empresa pública directamente perjudicada del quebranto patrimonial de 36,1 millones de euros (de los 43,8 del total) y el sindicato Manos Limpias, como acusación popular.

El Gobierno quiso personarse en lugar de las empresas públicas pero la juez ha vuelto a rechazar el recurso que plantearon los servicios jurídicos.

EL FISCAL TIENE LA PETICIÓN DE MONTALVO DE IMPUTAR A PERNIA

Por otra parte, la magistrada ha acordado dar traslado a la Fiscalía del escrito de la defensa de Jacobo Montalvo, en el que solicitan la imputación del que fuera presidente del Racing entre 2006 y 2012, Francisco Pernía, por un posible delito de malversación y administración desleal.

El escrito trata de liberar de responsabilidades a Montalvo y descargarlas en Penía, que adoptaba las decisiones sobre la plantilla de jugadores y técnicos, así como la intervención de intermediarios, que fueron las que determinaron una estructura de costes que condicionaban los presupuestos negativos.

La defensa de Montalvo pone de manifiesto que tenía en 2010 un contrato de exclusividad con Heritage Capital (HC) para buscar comprador para el Racing, de manera que cualquier gestión con otro banco le hubiera costado dinero, como asegura que finalmente le supuso coste la operación a través de Credit Suisse.

Y que fue, según este relato, Pernía, el que, a través de Credit Suisse, apareció con un comprador (Ali Syed) sin que nadie desde Dumviro hubiera dado la orden para buscarlo.

El escrito de acusación incorpora un correo electrónico de Sebastien Scheffer (Credit Suisse) que dice que su cliente es el Racing (Francisco Pernía). Y además sitúa al hijo de Francisco Pernía, Pablo, en el centro de la operación de Zurich, como adelantó este periódico tras la declaración de Montalvo en el TSJC.

Esta versión le acusa de auditar el Racing para su compra, al tiempo que redactaba el contrato para su venta, desde Deloitte, la empresa en la que trabajaba. Además señala la cláusula 5 de la venta del Racing a Ali, que establece expresamente que Pernía mantendría su posición clave en el club.

Entre la documentación que presenta Montalvo para descargar responsabilidades en los Pernía, hay un mail de Jacobo a Pernía hijo, que señala que el contrato de Credit Suisse es abusivo, y otro del director de HC a Montalvo, en el que advierte comportamientos extraños y apunta que Credit Suisse y Deloitte representan los mismos intereses, que no son los suyos.

Fuentes conocedoras del proceso señalan que Montalvo está acusando a Pernía por delitos menores (malversación y administración desleal), cuando hay tipos más contundentes en el código penal para acusar al expresidente del Racing,  con toda la documentación que obra ya al servicio de la instrucción.

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