El Juzgado de Instrucción número 4 de Santander ha citado a declarar como imputado por un delito contra el medio ambiente o de prevaricación al director general de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, David Redondo.

Es una imputación dentro de la causa abierta por la apertura de una planta asfáltica en Igollo de Camargo por la empresa Copsesa, propiedad del alcalde de Ramales de la Victoria y miembro del Comité Ejecutivo del Partido Popular, José Domingo San Emeterio, imputado también en este proceso.

Y se hace en la fase previa, es decir, en la de investigación. Cuando se tomen todos los testimonios y se recaba toda la documentación, se decidirá si hay o no juicio, y si este alto cargo del Gobierno de Cantabria es acusado de algún delito junto al resto de imputados (el alcalde de Ramales y el director general de Industria).

En realidad su situación se correspondería con la figura de “investigado” que acaba de aprobar el Gobierno central, pero que no es efectiva aún, ya que el proyecto de ley que recoge ese cambio aún debe llegar al Congreso de los Diputados.

UN FLANCO ABIERTO

El juez sigue así por uno de los principales flancos que quedó abierto en la última declaración judicial en este causa, que parte de denuncias de la Asociación por el Aire Puro y la Transparencia y de Ecologistas en Acción, representados por la abogada María Luz Ruiz Sinde

Planta de cemento (Foto: Ecologistas en Acción)

Fue otro director general, el de Industria, Fernando Javier Rodríguez, también imputado en la causa, el que abrió esa veta, al detallar en su declaración que si Copsesa pudo poner en actividad la planta en Igollo fue por un asunto burocrático: en la sucesión de reclamaciones sobre la falta de licencia, la dirección general de Medio Ambiente debió responder a un recurso de la empresa en un determinado plazo.

Pero no lo hizo, y en ese caso lo que sucedió fue que la falta de respuesta benefició a Copsesa, al entenderse como un silencio positivo que le permitía reanudar la actividad.

El juez tiene bastante claro que los informes de Medio Ambiente son de carácter vinculante, y también que el responsable de esta dirección general no respondió en el plazo de un mes al recurso de Copsesa.

A esto añade que desde Industria se le recordó hasta en dos ocasiones que debía hacerlo, según detalla el juez en el auto en el que le cita como imputado y en el que le advierte que en función de sus respuestas, podría tener que asumir responsabilidades penales.

LA CAUSA

En concreto, se le imputa o bien por un delito de prevaricación administrativa (es decir, dictar una resolución injusta a sabiendas siendo funcionario) o, en su defecto, por uno contra el medio ambiente.

Lo que trata de dirimirse en esta causa es por qué Copsesa se hizo cargo de una planta asfáltica, denunciada por los vecinos por las molestias y la contaminación, sin licencia.

La empresa alega que en realidad esa planta no era nueva, sino adquirida a otra constructora, Emilio Bolado (ya desaparecida) , por lo que se estaba continuando con la misma actividad.

En la causa están imputados el responsable de la empresa, el director general de Industria, y, ahora, el de Medio Ambiente, que tendrá que declarar el próximo 5 de junio, es decir, una vez pasadas las elecciones.

David Redondo también tendrá que responder si Copsesa debía someterse o no a impacto ambiental, y las razones por las que su departamento tuvo un cambio de opinión al respecto.

REACCIONES

Desde la plataforma vecinal y la asociación Ecologistas en Acción, denunciantes en el proceso, se felicitaban por esta nueva imputación.

Y llamaban la atención sobre el hecho de que estén siendo los tribunales de justicia los que “están poniendo las cosas en su sitio” y “obligando a respetar la legalidad” a las administraciones.

COPSESA

Copsesa es propiedad del alcalde de Ramales de la Victoria, José Domingo San Emeterio, del Partido Popular, adjudicatario habitual de obras del Gobierno de Cantabria (la más reciente, los cañones de nieve en Alto Campoo, y también en Santander.

En la capital, Copsesa forma parte de la UTE que se encarga de las obras del vial de la S-20 en base al cual se expropió la finca de Amparo Pérez, la vecina de Santander fallecida tras una larga lucha contra la expropiación.

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Tras el fallecimiento, el Ayuntamiento de Santander autorizó sobrecostes por valor de 220.000 euros en el proyecto respecto al presupuesto inicial.

Nada nuevo, ya que en un vial similar en la zona adjudicado a una de las dos empresas, se produjeron también sobrecostes de los que el Tribunal de Cuentas advirtió que no tenían justificación alguna, ya que no se debían a ningún imprevisto.

Partidos como La Unión habían advertido ya de que esos sobrecostes son la forma de compensar la rebaja de precios que permite a las empresas hacerse con la adjudicación del proyecto.