Esta semana se ha sabido que Eduardo Ranz, un abogado madrileño especializado en derechos humanos y laborales, ha presentado una querella criminal contra tres alcaldes populares de Cantabria, entre otros, por incumplir la Ley de la Memoria Histórica.

Los ediles denunciados han sido Iñigo de la Serna, alcalde de Santander, Julián Vélez, alcalde de San Vicente de la Barquera, y Esther Merino, alcaldesa de Cabezón de la Sal y Diputada autonómica (por lo que está aforada y su caso, de prosperar, iría al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria).

El motivo, ya se ha dicho, es incumplir la Ley de la Memoria Histórica. ¿Cómo? Manteniendo en sus municipios nombres de calles o monumentos dedicados a la dictadura franquista.

La Ley de Memoria Histórica contempla la eliminación de estos símbolos, y tal y como indicó Ranz en Buenas Tardes Cantabria (BTC), data del año 2007 y, por lo tanto, “ha dado tiempo de sobra” para retirar esta simbología “que sigue sin resolverse tras 40 años de democracia”.

Mapa detallado de las calles franquistas de Santander.

Este abogado ha presentado tres denuncias penales a los ediles, además de otras tantas a las alegaciones canónicas en los obispados y arzobispados correspondientes. No ha sido así en Santander “puesto que es el único sitio de España donde se han presentado denuncias que ahora mismo carece de Obispo”.

En total, más de 50 Ayuntamientos de toda España han sido denunciados, y sus ediles podrían enfrentarse a una inhabilitación especial para cualquier cargo o empleo público durante dos años, según el Código Penal. De igual forma, el abogado cree que estos hechos podrían ser constitutivos de una falta contra el orden público, que conllevaría una pena de multa de diez a sesenta días.

DEVOLVER LA DIGNIDAD A LAS VÍCTIMAS

Ranz expuso en BTC sus motivos para poner esta denuncia, y es que con ello pretende aportar dignidad a las víctimas del franquismo y al propio Estado, para no permitir que sus instituciones vulneren las leyes que éste mismo crea.

Así mismo, quiere normalizar la idea de que “que los políticos y los miembros de la Iglesia tienen la obligación de cumplir las normas que emanan del Parlamento al igual que el resto de los ciudadanos”, declaró.

Santander conserva hasta 26 calles y 2 monumentos franquistas

En ningún caso, aclaró, pretende, con esto, “eliminar al político de turno sino retirar la simbología franquista de los municipios”

A la pregunta de cuál ha sido la reacción de los Ayuntamientos, Eduardo Ranz ha reconocido que algunos Consistorios se lo han tomado en serio, mientras que otros han hecho caso omiso de las peticiones “como si no fuese un problema real que tuviera que ver con ellos”.

“Yo doy por hecho que todos los políticos y miembros de la Iglesia son demócratas, y por lo tanto están en contra de una dictadura”, aseguró. Y es por eso que cree que en Cantabria se hará todo lo posible por retirar la simbología franquista, porque “mantenerla significa ser cómplice de la exaltación de la guerra civil y de la dictadura”.

LAS VERGÜENZAS DE LA DICTADURA

El pasado 14 de abril, coincidiendo por casualidad con el 84 aniversario de la proclamación de la Segunda República, el Ayuntamiento de Santander cambió el nombre a la antigua calle de la Falange Española, que ha pasado a ser la de Eulalio Ferrer.

El monumento a los caídos del bando nacional en la Avenida del Faro, en Cabo Mayor.

Ha sido el último cambio de nombre de una calle relacionada con la dictadura de Franco y con el golpe de Estado que llevó a España a una guerra civil. Pero, hoy por hoy, cuarenta años después de la muerte del dictador, continúan en Santander hasta 26 calles relacionadas con el bando nacional y personajes afines a la dictadura.

Son calles tan populares como la de Camilo Alonso Vega (dedicada a un Ministro de Gobernación de Franco, cuya policía era tan represiva contra la oposición que le apodaron ‘Camulo’), el Paseo de General Dávila (en honor al militar que se sublevó contra el gobierno democrático de la II República) o la Avenida Carrero Blanco (almirante y presidente de Gobierno de Franco).

Esas son las conocidas, pero el caso es que en Santander hay más calles de origen franquista de las que la ciudadanía se piensa.

Es el caso de la calle Montejurra, cerca de Cuatro Caminos, que está dedicado al monte vasco que, en el siglo XIX, fue escenario de una batalla de las guerras carlistas. Este movimiento tradicionalista se alió con los militares golpistas en la conspiración del alzamiento que dio inicio a la guerra civil.

La calle Canarias es otro ejemplo que parece inofensivo a primera vista hasta que se descubre que también era el nombre de un crucero de guerra empleado por Franco, y que fue gemelo de otro buque, el Baleares, que fue hundido y que también tiene otra calle en su honor, Héroes de Baleares.

Y no solo de calles vive Santander, pues se mantienen en la ciudad dos monumentos a los caídos en el bando nacional. La Cruz de los Caídos continúa colocada en la Catedral de Santander con la inscripción “Caídos por Dios y por España. ¡Presentes!”.

En la Avenida del Faro, en Cabo Mayor, se mantiene erigido el Monumento a los Caídos, con el texto “Caídos por Dios y por la patria”.

NECESIDAD DE EXCUSAS

Pese a que la Ley de Memoria Histórica se aprobó en el Congreso de los Diputados en el año 2007, todavía esta simbología se mantiene vigente en Cantabria y otras comunidades. En Santander, cada vez que ha habido un cambio en el nombre de alguna calle, siempre han parecido necesitar excusas para justificarlo.

Por ello, cuando retiraron el estatua de Franco de la Plaza del Ayuntamiento (antigua Plaza del Generalísimo), el 18 de diciembre de 2008, esperaron previamente a inaugurar la gran bandera de España que ondea en la rotonda de Puertochico. Como si se necesitara resarcir a algún grupo discrepante, y que siempre se apropia de la bandera aunque sea un símbolo de todos los españoles.

La estatua del dictador «cabalgó» por la plaza del Ayuntamiento hasta diciembre de 2008.

El último cambio antes de retirar el nombre de la calle de la Falange Española fue la sustitución del nombre de la calle General Mola por el de Ataulfo Argenta. Y, para ello, se justificó en que en noviembre de 2013 se cumplió un siglo del nacimiento del músico cántabro.

Parece ser que cambiar el callejero de Santander necesita de otras excusas, y no solamente porque hay que cumplir la Ley.

Otro tirón de orejas merece el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera que, a día de hoy, mantiene la denominación en la Avenida Generalísimo Franco y la Plaza José Antonio. El Consistorio de Vélez, al igual que Santander, no ha contestado a las críticas ni se han pronunciado al respecto.

Parecen pertenecer a ese grupo que denunció Ranz, que actúan como si “no tuviera que ver con ellos”.

CABEZÓN DE LA SAL ELIMINÓ TODOS SUS SÍMBOLOS EN 2013

Sí que ha habido respuesta por parte del Ayuntamiento de Cabezón. La Alcaldesa, Esther Merino, ha calificado la denuncia contra su municipio de “errónea y tendenciosa”.

El caso es que la denuncia nombra a este Ayuntamiento en referencia a la Avenida del Generalísimo, pero esta calle fue renombrada en octubre de 2013 como Avenida de Cantabria.

Esta reformulación se unió a otras del municipio como la Plaza de los Caídos, que pasó a llamarse la Plaza de la Paz, la calle General Vigón, que ahora se llama Calle Las Casucas, la plaza Matías Montero, hoy plaza Mariano Arroyo, y la Avenida José Antonio que ahora se llama Avenida de Europa.

Carta enviada a unos vecinos en abril de 2010 donde el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal informa del renombre de las calles.

La resolución de cambiar los nombres de las calles se tomó en el Pleno del Ayuntamiento en febrero de 2010, aunque tardó más de tres años en llevarse a cabo.

Por este motivo, Merino no ha ocultado su sorpresa con un tema que ya consideraba “zanjado”. Cree que la denuncia es “tendenciosa y preelectoral”, por lo que no descarta la posibilidad de emprender acciones legales contra “estas personas que, totalmente desinformadas, tratan de dañar la imagen de este Ayuntamiento”.

LA SOMBRA FRANQUISTA

Lo cierto es que, quieran o no, en el Partido Popular se ven perseguidos por la sombra franquista. No solo porque el fundador del PP, Manuel Fraga, fuera un fiel ministro de Francisco Franco, sino por diferentes cuestiones que el propio partido no ha evitado.

Su firme oposición a la Ley de la Memoria Histórica, a la creación de una Comisión de la Verdad, e incluso a extraditar a antiguos dirigentes franquistas a Argentina para que estos sean juzgados por crímenes contra los derechos humanos, son las sombras que continúan persiguiendo al PP.

En mayo de 2013 el PP también se negó, y con su mayoría absoluta imposibilitó, a la creación de un proyecto de ley planteado por la izquierda plural (IU-ICV-CHA), para declarar el 18 de julio (aniversario del golpe de Estado) como el día oficial de la condena al franquismo.

El pasado día 20 de abril, el PP de Valencia supeditó retirar la medalla de oro de la ciudad a Francisco Franco, a que todo el Parlamento aprobara un texto de condene al Gobierno de Nicolás Maduro. Es decir, que la condición para cumplir la ley pasaba por inmiscuirse en la política de otro país. Barriendo para fuera.

La última polémica en este tema ha venido este mismo miércoles de la mano de Gabriel Pizado, torero e hijo de una de las candidatas en la lista de Cristina Cifuentes a la comunidad de Madrid. Alegando que el partido Podemos lleva en su programa la abolición de la tauromaquia, Pizado ha amenazado a sus votantes: “Querremos convertir en abono para las cunetas a toda esa panda de rojos radicales”.

Y mientras estas cosas siguen ocurriendo, la polémica continúa y las sombras se hacen más oscuras. Como ocurre en los anuncios de los detergentes, parece que el PP necesita que alguien del futuro venga y les ayude a quitar la mancha del franquismo…