El anuncio de que el grupo Bosch ha puesto a la venta la fábrica que tiene en Treto, Colindres, está provocando mucha incertidumbre en una planta que cuenta con 700 puestos de trabajos de forma directa, pero que de forma indirecta supone más de 2.000 puestos de trabajo.

De momento el grupo lo que ha trasladado es su decisión de vender la planta, dentro de una operación global de la multinacional que afecta a 13 fábricas y 6.500 trabajadores en todo el mundo y con el argumento de una mejora de la competitividad.

Pero sin concretar quién será el comprador ni, por tanto, sus planes en materia de empleo, si los mantendrá o si habrá EREs u otro tipo de medidas laborales.

Fábrica de Robert Bosch en Treto

Los trabajadores han recibido la noticia como un “mazazo”, sobre todo porque esta planta que fabrica motores para vehículos funcionaba bien.

No sólo es que ha resistido durante lo peor de la crisis mientras a su alrededor en el resto de la industria madura se sucedían los EREs.

Es que los resultados acompañaban: en 2014, según datos recabados por EL FARADIO, la compañía incrementó sus ventas en un 7% y obtuvo beneficios por valor de 3.000 millones de euros.

Incluso en Europa, la zona con más dificultades por la dura competencia de mercados emergentes como Asia, su actividad creció, aunque algo menos, un 2%.

Algo a lo que ha contribuido la fábrica de Treto, con una facturación media de 300 millones de euros anuales.

Y con la que la dirección del grupo mostró en público su voluntad de apostar por la factoría hace apenas tres años, con motivo de la celebración del 50 aniversario de la planta.

Es la “joya de la corona”, como la ha calificado en Buenas Tardes Cantabria la secretaria general de UGT en Cantabria, María Jesús Cedrún.

La dirigente sindical ha expresado también su temor a que precisamente por ello acabe en manos de un fondo buitre, como el que recientemente se ha interesado por la planta de otra fábrica, Greyco, en San Felices de Buelna.

PROCESO DE CAMBIO EN LA INDUSTRIA

Y todo dentro de un proceso más amplio de cambio de propiedad, y a la baja, de la industria cántabra.

Con casos como B3 Cable en Maliaño, cuyos propietarios ingleses fueron acusados de descapitalizar a la empresa derivando 6,3 millones de euros a una empresa domiciliada en un paraíso fiscal, mientras en la planta se sucedían los EREs y se llegó a un concurso de acreedores.

O la polémica GFB, en manos de la multinacional alemana Fermacell tras su concurso de acreedores.

Y, más recientemente, Néstor Martin, con una demanda presentada por los trabajadores por el destino del dinero de la subvención que aportaron los despedidos de Teka absorbidos por esta empresa, que ha recibido dinero público y en la que se acaba de aprobar un ERE.