Confirmado el expediente sancionador a Copsesa por la planta de asfalto de Igollo

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La justicia ha rechazado las pretensiones de Copsesa, la empresa propiedad del todavía alcalde de Ramales de la Victoria, José Domingo San Emeterio y miembro del Comité Ejecutivo del PP, de que no se le abriera expediente sancionador por la planta de asfalto de Igollo de Camargo.

Planta Copsesa Camargo 240

Planta de Copsesa en Camargo

El procedimiento relacionado con esta planta está pendiente de una investigación judicial, abierta a instancias de Ecologistas en Acción y la Plataforma por el Aire Puro y la Transparencia en Camargo, que ha supuesto la imputación del constructor y también del director general de Medio Ambiente por las facilidades dadas en los trámites para esta instalación.

Todo comenzó a raíz de la preocupación vecinal por esa planta, originariamente en manos de otra constructora, Emilio Bolado, y que está ligado al proyecto de asfalto ecológico Green Road, desarrollado en Santander, ciudad en la que San Emeterio recibe numerosas adjudicaciones de obra pública, entre ellas las del vial de Amparo Pérez en la S-20.

Inicialmente eran unas instalaciones de carácter temporal a las que se le fueron realizando modificaciones para hacerla fija, sin que constara en ellas ningún trámite ambiental. La falta de ese tipo de trámites en sus predecesores hizo pensar que no era necesario en este.

En febrero de 2014, el Ayuntamiento de Camargo dictó una resolución en la que constataba que la planta carecía de licencia y le daba a Copsesa dos meses de plazo para su legalización, bajo amenaza de clausura.

Hubo recursos contra esa resolución, en el que se le dio la razón a Ecologistas en Acción y se abrió un procedimiento sancionador a la empresa por esa práctica.

A su vez, Copsesa recurrió en contra de ese procedimiento, llevándolo a los tribunales, pero ese recurso ni siquiera ha sido admitido a trámite, porque no procedía hacerlo, según argumenta el juzgado.

PROCESO JUDICIAL

Él está imputado por delito contra el medio ambiente y el director general de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria (en funciones, pendiente del relevo en el Ejecutivo tras las elecciones) por uno de prevaricación administrativa.

Son imputaciones en la fase previa, de investigación, que aún no ha sido cerrada: es decir, aún no se ha decidido si habrá o no juicio, y si hay acusación formal contra ellos.

Al responsable de Medio Ambiente se le recrimina que a la hora de responder a una alegación de Copsesa contra el orden de cierre de la planta, no respondió, en una fórmula que se interpretó como silencio positivo y que le permitió continuar con la actividad.

En su última declaración judicial, el responsable de la Dirección General de Medio Ambiente aseguró que fueron los servicios jurídicos del Gobierno los que sostenían que Copsesa no necesitaba evaluación ambiental para su actividad, además de achacar el retraso en la respuesta a que los técnicos se encontraban de vacaciones y no podían atender sus consultas.

También las instituciones europeas investigan estos hechos, ya que el proyecto Green Road recibe fondos de la UE, a raíz de una pregunta de UPYD en el Parlamento europeo.

En las pasadas elecciones, San Emeterio perdió la mayoría absoluta en su municipio, lo que abrió la posibilidad a un pacto entre PSOE y PRC, facilitado gracias al apoyo del concejal de la iniciativa vecinal y de confluencia Ramales en Común.

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