El gobernador del  Banco de España, Luis María Linde, es noticia por unas polémicas declaraciones en las que pone el acento en la necesidad, a futuro, de que los españoles contraten planes privados de pensiones. Exactamente, ha dicho que “el sistema público de las pensiones no va a garantizar en el futuro el nivel de pensión que esperan los españoles». Un nivel que, de media, está en los 886,46 euros (Cantabria está por encima, con una pensión media de 926,37 euros).

Son datos de la estadística difundida por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que revela que en España hay 9.293.058 en este mes de junio de 2015, en una curva que asciende uniforme desde el año 2005, cuando había cerca de ocho millones de pensionistas.

Evolución del total de pensionistas: enero 2005 – junio 2015 || Fuente: Seguridad Social

Es decir, en una década, el incremento de pensionistas es notable, mientras que la población activa – la población en edad de trabajar, la fuerza de trabajo del país-, no ha hecho más que descender, sobre todo en los largos años de la crisis económica. No sólo eso, sino que además la población ocupada tiene menos peso y la población parada está en máximos.

Y la pirámide de población nos dice que las generaciones jóvenes son cada vez menos numerosas que las generaciones más mayores. De hecho, están a unos 15-20 años de la jubilación las cohortes del baby boom de los años 60 y 70 en España. El asunto tiene mucha miga, porque crecerá mucho la población pensionista.

EL DEBATE DE LA SUFICIENCIA

En el mes de febrero, el Encuentro de Economía Pública que se celebró en Santander tuvo como colofón una mesa de debate sobre la sostenibilidad financiera del Estado del Bienestar, en el que se valoró la suficiencia de las pensiones de las generaciones futuras.

Dos fueron las principales conclusiones, de las ponencias en las que participaron expertos como Guillem López Casasnovas (Universitat Pompeu Fabra), Pablo Hernández de Cos (Banco de España) o José Antonio Herce (Universidad Complutense):

• En primer lugar, que la reforma de las pensiones aprobada en esta legislatura introdujo criterios de sostenibilidad a largo plazo, para las próximas generaciones.
• Sin embargo, se impuso un criterio político en la reforma: la actualización del cálculo anual de las pensiones con una revalorización mínima de 0,25% y un máximo del IPC+0,25%. Esto significa que nunca puede devaluarse la nómina de un pensionista. El criterio se impuso en contra de la opinión del comité de expertos que asesoró al Gobierno, porque compromete seriamente la suficiencia futura de las prestaciones, sobre todo de las generaciones que ahora tienen entre 18 y 40 años, cuando lleguen a la jubilación.

Y eso es lo que puede estar diciendo Linde. Que tal y como ha quedado definido nuestro sistema de pensiones después de la última reforma, habrá pensiones para todos pero para los que se jubilen (nos jubilemos) dentro de 30-40 años, la prestación será insuficiente y habrá que complementarla con fondos privados.

O eso, o nos preparamos para otra reforma que elimine los criterios políticos que benefician a las actuales generaciones de mayores pero que perjudican progresivamente a las generaciones futuras (menos numerosas, por otra parte, menos votos en juego), que además tienen menos capacidad de ahorro por la crisis económica.

Cantabria por encima de la media en la nómina de las pensiones

CANTABRIA, 23% DE PENSIONISTAS

La estructura de población de Cantabria es muy similar a la del conjunto del Estado. En la última estadística, de junio de 2015, Cantabria supera los 136.000 pensionistas, un 23,2% del total de población, que ha descendido a 585.411 habitantes, según datos actualizados del Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero.

La población activa, en edad de trabajar, es de 276.772, pero la suma de la población pensionista (136.001) y la población en paro (51.359) se acerca a un ritmo imparable a la población ocupada (225.414).

La advertencia suena desde hace muchísimo tiempo: empezaríamos a tener problemas de sostenibilidad y de suficiencia cuando la población que trabaja (y aporta a la caja de la Seguridad Social) es igual o inferior al segmento de población sostenido por la fuerza del trabajo (pensionistas y desempleados con prestación).