||Marcos Martínez Romano. Secretario Político de Podemos Cantabria||

Tal día como hoy, 28 de julio, en 1778, se constituyó la Provincia de Cantabria en la Casa de Juntas de Bárcena La Puente (hoy Puente San Miguel). Este hecho constituye la formación del primer sistema administrativo realmente vertebrado del territorio cántabro y supone el principal germen de la actual Comunidad Autónoma de Cantabria.

La conformación de la Provincia de Cantabria en 1778 supuso la culminación de un proceso de integración territorial que comenzó en el siglo XVI. Durante estos dos siglos se crearon una serie de juntas elegidas por la gente que no tenían representación en la corte y que trascendieron las tradicionales demarcaciones de los valles.

De entre ellas, adquirió especial importancia la “Junta General de la Provincia de los Nueve Valles” que mantuvo su actividad y convocó a otras jurisdicciones cántabras en varias ocasiones con el objetivo de unirse frente a los abusos señoriales.

En 1727 intentaron agruparse ya en una sola provincia, pero la Corona no lo permitió. Sin embargo, la voluntad de constituirse en provincia autónoma no cesó y el 28 de Julio de 1778 redactaron las “Ordenanzas de Cantabria” formando la “Provincia de Cantabria”.

Tras un continuado proceso de voluntad cohesionadora de todas las jurisdicciones cántabras, el proceso integrador culminaría en 1796 quedando fuera de los territorios que hoy componen la Comunidad Autónoma únicamente la comarca de Campoo.

Lo más interesante de la Provincia de Cantabria fue la forma en la que se constituyó. Lejos de ser una imposición se conformó desde las instituciones locales hasta las de nivel superior, desde los concejos a las Juntas.

Conservando las formas tradicionales de autogobierno de los diferentes pueblos de Cantabria, en especial el concejo abierto. Institución protodemocrática en la que los cabezas de familia de las diferentes linajes de cada localidad tomaban las decisiones sobre la gestión de los bienes comunales.

Bienes, por cierto, hoy amenazados por la espiral privatizadora del PP mediante la “Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local” conocida como Ley Montoro.

En aquellos momentos, estaba en proceso embrionario la construcción del estado borbónico centralista de Carlos III. El Rey nombraba por entonces a los corregidores de las diferentes provincias, como sucedió con las vecinas Vizcaya y Asturias.

Sin embargo, en coherencia con la lógica democrática imperante en la conformación de la Provincia, las Ordenanzas de Cantabria contemplaban la elección soberana de sus corregidores.

El Rey nunca llegó a firmar estas ordenanzas. Al contrario, como contrapeso, promovió junto a la burguesía mercantil santanderina la llamada ‘Provincia Marítima de Santander’. Aun así, los representantes cántabros continuaron reuniéndose durante varias décadas en nombre de la Provincia constituida en 1778.

La constitución de la Provincia de Cantabria de 1778 tiene un marcado carácter autonomista y democrático que entronca con la consecución del Estatuto de Autonomía en 1982. Aquella provincia se conformó desde cada uno de los territorios cántabros que, mediante los representantes directamente elegidos por la gente a través de las instituciones tradicionales existentes, decidieron unirse por libre acuerdo haciendo frente a los intereses de las élites borbónicas en colaboración con la incipiente burguesía santanderina.

Fue una expresión de la voluntad de autogobierno del pueblo cántabro que a lo largo de la historia posterior se repitió en varias ocasiones. En especial en momentos de apertura democrática en los que la ordenación territorial española estuvo sujeta a debate.

Así sucedió durante la II República Española en la que uno de los ejes de discusión fue la cuestión territorial, con dos posturas enfrentadas: la republicana unitaria y la republicana federal. En Cantabria, tras años de debate sobre la mejor forma de articulación territorial del País, el Partido Republicano Federal de Santander redactó un proyecto de Estatuto llamado ‘Estatuto Cántabro-Castellano’ -así denominado por dejar abierta la posibilidad de la incorporación al nuevo ente autonómico de los ayuntamientos limítrofes con la entonces ‘Provincia de Santander’ que así lo desearan- que fue presentado tanto al ayuntamiento como a la diputación provincial en junio de 1936.

El proyecto pretendía ser parte de la República Federal española como ente autónomo y solo el golpe de estado franquista truncó la tramitación del mismo, que abarcaba amplias competencias, quedando para el Estado central tan solo algunas funciones clave como defensa, relaciones internacionales o educación superior.

Tras 40 años de franquismo en los que la más mínima pretensión de autonomía era considerada como un ataque a los principios del Movimiento Nacional, la Transición hacia el Régimen Parlamentario surgido en 1978 reabrió el debate territorial.

Y, siguiendo la constante histórica, se produjo en la que por entonces continuaba siendo Provincia de Santander un rico debate sobre su constitución como Comunidad Autónoma en el nuevo marco territorial que dibujaba la Constitución del 78. Debate que abarcó la recuperación del nombre histórico de Cantabria, mantenido en buena parte del imaginario colectivo popular pese a haber sido borrado administrativamente durante décadas.

De nuevo las élites centralistas vinculadas a la burguesía santanderina y organizadas políticamente en los partidos más conservadores del espectro político protagonizaron la oposición a la consecución de la Autonomía.

Tuvo que ser la movilización popular expresada en las calles (incluida la manifestación más grande producida en Cantabria hasta las sucedidas en 2003 contra la Guerra de Irak) y un gran trabajo de concienciación a lo largo de todo el territorio cántabro por parte de la gente quienes consiguieran que la gran mayoría de los ayuntamientos (87 de 102, representantes del 96% de la población de la Comunidad) y la Diputación Provincial mostraran su postura favorable a la Autonomía.

Logrando que Cantabria obtuviera su Estatuto siendo una de las primeras Comunidades en hacerlo, tan solo por detrás del País Vasco y Cataluña.

En la actualidad, nos encontramos ante un escenario en el que se está dirimiendo la superación de la crisis del Régimen del 78 mediante un cierre autoritario, una reforma elitista, o un verdadero proceso de apertura democrática protagonizado por la sociedad civil y las nuevas fuerzas emergentes en España que pudiera dar lugar a la apertura de un proceso constituyente.

En cualquiera de los casos, aunque especialmente en el último, más que posiblemente tenga lugar un fuerte debate sobre la reorganización territorial en España.

Ante esta tesitura, los cántabros y las cántabras de hoy debemos mirar hacia atrás, pero no con el objetivo de hallar en la historia sucesos que puedan ser calcados o identidades ya constituidas que rescatar, sino para encontrar los referentes y las materias primas con las que construir una voluntad colectiva nueva que permita poder desarrollarnos como sujeto político que construya su futuro en común de forma democrática.

Y en esa mirada hacia atrás, entiendo que el 28 de Julio juega un papel fundamental como raíz simbólica de lo que hoy somos y, sobre todo, de lo que queremos llegar a ser. Un pueblo con una marcada voluntad de autogobierno que pueda ser expresada dentro de un proyecto español verdaderamente democrático que garantice el respeto al desarrollo autónomo de Cantabria en conjunción con el resto de pueblos del Estado. Respetando los diferentes ritmos de cada uno de ellos.

Por ello, entiendo que en la posible reforma del Estatuto de Autonomía durante esta legislatura, una de las cuestiones a abordar será el reconocimiento del 28 de Julio como Día de Cantabria. Y la difusión de su significado, no emprendida por ningún gobierno anterior, con la mirada puesta en nuestro futuro como pueblo.