En Camargo, en apenas pocos kilómetros cuadrados, se concentran un gran número de plantas de industria asfáltica y hormigonera.

Precisamente estas plantas han recibido atención, después de que UPyD denunciara ciertas irregularidades en la planta de asfalto de COPSESA, puesta en marcha con fondos europeos de Green Road, que actualmente está siendo investigada por la Unión Europea y por la justicia por la falta de licencias.

Planta de cemento (Foto: Ecologistas en Acción)

UPyD se hizo eco de este caso después de conocerlo a través de Ecologistas en Acción y la asociación de vecinos perjudicados que se formó ante el irregular funcionamiento de esta fábrica. De ahí surgió el documental ‘ToxícaCOrrupción’, en el que el ponen el foco en la gran cantidad de canteras que rodean el municipio camargueño y el estado en que se encuentran.

En este documental se denuncian que en la recta de las canteras, donde las empresas tienen también empresas de transformación (morteros, áridos, hormigón, etc), a pocos metros de población, hay acumulados residuos sin tratamiento. Lo que podría desembocar en contaminación del aire y posibles filtrados de sustancias tóxicas a aguas subterráneas de consumo humano.

COMENZÓ CON QUEJA VECINAL Y ACABÓ EN LOS TRIBUNALES

El ambiente de la zona, con acumulación de polvo y ruidos, comenzó a ser insoportable para los vecinos de la zona, que acudieron a la asociación Ecologistas en Acción en el año 2013.

Estos se mostraban preocupados por la acumulación de residuos y por la puesta en marcha de la planta asfáltica que COPSESA comenzaba a sacar adelante en terrenos de la empresa Emilio Bolado e hijos, en ese momento ya en concurso de acreedores.

La empresa de elaboración de asfalto ecológico se encuentra a 300 metros de un centro de distribución de gas de alta presión, lo que desde Ecologistas en Acción creen que supone un gran riesgo para la población de la zona.

La asociación ecologista presentó un escrito de denuncia y de solicitud de más información al Ayuntamiento de Camargo en septiembre de 2013, y ante la negativa del Consistorio a ofrecer más transparencia presentó la primera denuncia ante la Fiscalía en enero de 2014.

Actualmente hay abiertas cuatro diligencias penales y otras cuatro en los juzgados de lo contencioso administrativo en referencia a este tema, presentadas por Ecologistas en Acción y la Plataforma por el Aire Puro y la Transparencia en Camargo.

El propietario de COPSESA, José Domingo San Emeterio, está imputado por delito contra el medio ambiente, igual que el antiguo director general de Medio Ambiente, David Redondo, que está investigado por posible prevaricación administrativa por las facilidades dadas en los trámites para esta instalación.

TAMBIÉN INVESTIGA LA COMISIÓN EUROPEA

Planta de Copsesa en Camargo.

Y no es sólo la justicia la que recaba datos sobre la gestión de la planta de residuos de Copsesa, en Camargo, pues a partir de la denuncia de UPyD y su eurodiputada, Mayte Pagazaurtundúa, también la Comisión Europea está recabando información sobre este asunto.

Y lo hace porque en este proyecto entra en juego otro factor: el uso de fondos europeos. En concreto, se trata del proyecto Green Road, al que la Unión Europea ha aportado 643.115 euros (del total del 1,3 millones que costará) y que implica también a la Universidad de Cantabria y al Ayuntamiento de Santander, gobernado por Íñigo de la Serna, compañero de partido del propietario de Copsesa.

MEDIO MILLÓN DE TONELADAS DE RESIDUOS TÓXICOS

Además, en el documental de UPyD, Ecologistas en Acción alerta de que una de las instalaciones de captación de agua subterránea potable de las que se abastece Camargo está situada a apenas 500 metros de un gran almacenamiento de residuos irregulares.

Este almacenamiento se produce en las cantera de Candesa y La Calva, pertenecientes en su momento a Villar Mir y Emilio Bolado, y gestionadas por Codefer. Según denuncia Bernardo García, de Ecologistas en Acción, desde 2009 se viene produciendo un acopio ilegal de escorias de siderurgia que podrían superar las 450.000 toneladas.

Lo que preocupa a los ecologistas y a los vecinos de la zona es el tratamiento de estos residuos que, si no están correctamente impermeabilizados, pueden llegar a contaminar las aguas del subsuelo. Estos residuos, al parecer, cuentan con un elevado nivel de metales pesados, especialmente cromo total, que es muy perjudicial para la salud humana.

LOS RESIDUOS DEBERÍAN TRASLADARSE A UN VERTEDERO CONTROLADO

Según denuncia Ecologistas en Acción, estas 450.000 toneladas de residuos deberían trasladarse a un vertedero controlado como el que hay en Castañeda. Este traslado está tasado por parte del Gobierno, y costaría entre 10 y 12 millones de euros, eso sin contar con los gastos de transporte.

Hasta 2013, cuando Ecologistas en Acción denunció este almacenamiento, la Consejería de Medio Ambiente no tomó cartas en el asunto. Posteriormente, y solo tras la denuncia, abrió un expediente que en marzo de 2015 desembocó con una sanción a dos de las empresas responsables, por un importe de 6.000 euros a cada una y la obligación a revertir la situación.

Para los ecologistas esto muestra una «connivencia muy evidente» entre los gestores de residuos y la Consejería de Medio Ambiente de Cantabria que «como mínimo, han dejado hacer».

Las empresas sancionadas son Emilio Bolado S.A. y Codefer, un proyecto cántabro dedicada a la gestión y valorización de residuos. La empresa de Emilio Bolado estaba en aquel momento en concurso de acreedores, ahora ya finiquitada, y según revelan fuentes internas por esa fecha no contaba ya con ningún terreno que no fuera el de su fábrica. Desde estas mismas fuentes tampoco se conoce a quién pertenecen en este momento.

El problema en el caso de estas sanciones, según Ecologistas en Acción, reside en que el concurso de acreedores de Emilio Bolado y el hecho de que Codefer sea una pequeña/mediana empresa que no cuenta con el patrimonio suficiente para hacer frente a los costes que conlleva el traslado, impide que se hagan cargo de la responsabilidad de los vertidos.

Así pues, desde la asociación ecologista solo ven dos opciones: «Uno, o esto se queda aquí, para el legado de futuras generaciones y el riesgo que comporta, o dos, se afronta el traslado con coste al erario público».