El Gobierno detecta irregularidades en la contratación de MARE con el PP

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Vertedero de Meruelo

Imagen aérea del vertedero de Meruelo, una de las instalaciones que gestiona MARE || Foto: archivo

El Gobierno de Cantabria ha difundido este sábado una auditoría de la Intervención General que revela irregularidades en la contratación en la empresa pública MARE (gestión de residuos y ciclo del agua), durante los ejercicios 2013 y 2014, con el Partido Popular, cuando era presidente el consejero de Medio Ambiente y actual senador popular, Javier Fernández, y director general, Antonio Zabala.

Según los auditores, durante este periodo, el Consejo de Administración de MARE no autorizó ningún contrato; según el importe, la adjudicación recayó en el presidente o en el director general, que excedió sus facultades en contratos superiores a 120.000 euros. Además, no se ha encontrado evidencias de que cumpla la condición de que tienen que ser «contratos previamente presupuestados».

Tras el análisis de una muestra de expedientes, se han encontrado varios casos en los que el contrato primitivo se ha modificado sin autorización o aprobación del órgano competente.

La auditoría también detecta que el director financiero excedió sus facultades en actualizaciones de pedidos, en contratos de servicios y obras, cuando sólo puede autorizar contratos de suministros, así como un distinto funcionamiento interno en las dos direcciones, la de Residuos y la de Aguas, y cuestiona las herramientas informáticas de la entidad para la gestión de contratos.

«DEBILIDAD DE CONTROL INTERNO»

Sin embargo, el informe también constata que MARE no dispone de unas instrucciones internas que regulen adecuada y detalladamente los distintos procedimientos que utiliza en materia de contratación, lo que representa una «debilidad de control interno», que se deduce de una muestra de expedientes concretos.

En este sentido, considera que las instrucciones de su perfil del contratante, que no se encuentra integrado en la Plataforma de Contratación del Sector Público ni en la del Gobierno, son «muy genéricas», por lo que «no se garantiza el cumplimiento de los principios» de publicidad, concurrencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, previstos en la Ley de Contratos del Sector Público.

El análisis de la muestra de contratos revela que el 39% fueron restringidos, para contratos de menos de 50.000 euros, por el procedimiento de invitación a varias empresas a participar en el proceso, aunque no aparece en el perfil del contratante, por lo que contraviene el principio de publicidad que rige la Ley.

La documentación analizada lleva a los auditores a concluir que son expedientes muy «heterogéneos», con casos de documentación de las distintas fases del proceso y otros que se limitan a la celebración del contrato, igual que en los contratos directos (15%).

Del resto de contratos, el 10,9% fueron por procedimiento negociado con publicidad y un 7,81% negociado sin publicidad.

LOS CONTRATOS MAYORES

Un 26% fueron procedimientos abiertos, para la adjudicación de contratos denominados SARA (de más de 5 millones de euros). Estos contratos son, en muchos casos, según la auditoría, de larga duración, lo que supone que «una parte significativa de la actividad de MARE se encuentre externalizada». Además, en fase de licitación, no se ha garantizado el principio de publicidad.

Algunas adjudicaciones directas se transforman en contratos SARA, lo que «daría lugar a que se haya contravenido la norma de aplicación». También apunta a adjudicaciones directas por «emergencia» sin que haya «un acto formal que motive esta circunstancia» y que, en cualquier caso, debía haberse hecho desde la Consejería.

En estos casos, se ha comprobado que se han concedido «prórrogas tácitas» hasta la adjudicación de los servicios mediante un concurso licitado por MARE, también contraviniendo la Ley de Contratos.

En varios contratos mayores «no quedan justificados en los expedientes analizados los criterios para la adjudicación», como establece la Ley.

Y también hay contratos con el mismo objeto pero con distintos criterios de adjudicación y ponderación, además de con un «elevado peso» de los criterios subjetivos (nunca menos del 50%), que resulta «especialmente significativo» para los auditores, que apuntan que «supone un riesgo que la subjetividad sea tan elevada» en la contratación pública.

En al menos 19 expedientes no ha participado ningún órgano colegiado de carácter técnico-jurídico para determinar la oferta más ventajosa.

LOS AUDITORES PIERDEN LA PISTA

Los auditores han tenido que solicitar numerosa información, que no estaba completa ni archivada informáticamente; la documentación se encontraba «dispersa entre varias personas de la plantilla de MARE». En muchos casos su localización ha sido «dificultosa» y hasta se han dado situaciones en las que no se ha podido localizar «con la consiguiente «pérdida de pista de auditoría».

Además, el informe determina que el Departamento de Contratación y Compras no puede considerarse como un departamento «al uso» y «juega un papel secundario en este tipo de contratos».

Hasta nueve expedientes no contaron con una memoria que justificara la necesidad de contratar, sobre todo en procedimientos restringidos y directos. También se detectan «debilidades» en los expedientes que sí contaron con memorias justificativas, muy «heterogéneas», «genéricas» e «insuficientes», además de diferenciadas según fueran de la dirección de Residuos o de Aguas.

También se constata que «lo contratado por MARE se corresponde con servicios que le fueron encomendados por el Gobierno de Cantabria». Al no aparecer en las memorias, la auditoría pierde la pista «para hacer una adecuada trazabilidad entre la parte de los servicios que se contratan con medios propios de MARE y los que son objeto de contratación externa».

Además, en cuanto a los pliegos, en ningún caso se deja constancia de la persona que lo elabora ni aparece y en algunos casos no están firmados por el asesor jurídico. Respecto a los procedimientos por invitación, se encuentra un documento denominado «condiciones de la oferta» que hace «las veces de pliego», pero no están supervisados por el área jurídica ni firmados por la persona que los elabora.

La auditoría detecta asimismo contratos en los que el importe facturado supera los 50.000 euros en los que no se elaboró ni aprobó el correspondiente pliego, como obliga la Ley.

En 24 expedientes de contratos de servicios MARE no solicita autorización a la Consejería de Medio Ambiente, como establece la normativa cántabra.

LA VICEPRESIDENTA VALORARÁ LA AUDITORÍA

La Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, y la empresa pública MARE han recibido la auditoría, que ha difundido el Ejecutivo este sábado.

El trabajo lo ha realizado la Intervención General de la Comunidad Autónoma, a través de la Subdirección General de Control Financiero, y conforme al Plan Anual de Control Financiero Permanente, Auditoria Pública y Otras Actuaciones de Control para 2015.

La Intervención comunicó a MARE en julio de 2015 el comienzo de la auditoria que analiza el grado de cumplimiento de los principios de economía, eficacia y eficiencia, y en septiembre de ese año el inicio de la auditoria que analiza la adecuación de los sistemas y procedimientos de gestión con respecto a los objetivos que deben cumplir, ambas en materia de contratación.

La empresa pública, por su parte, ha facilitado desde septiembre de 2015 toda la documentación que la Intervención General ha solicitado para la realización de este trabajo.

La vicepresidenta del Gobierno, Eva Díaz Tezanos, responsable de este área de gestión, valorará los resultados de la auditoría en una rueda de prensa el próximo lunes, a las 12 del mediodía.

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