Lo saben en especial los diputados de la oposición: conseguir información sobre la empresa pública SODERCAN no es fácil. La respuesta habitual es que al afectar muchos de sus datos a otras empresas, se podría correr el riesgo de vulnerar su privacidad.

No son los únicos a los que les cuesta conseguir esta información necesaria para seguir el funcionamiento de esta empresa pública dedicada a políticas industriales y económicas: tampoco le resultó posible al Tribunal de Cuentas, organismo estatal cuya función es fiscalizar la actividad económica de gobiernos e instituciones.

Salvador Blanco, máximo responsable de SODERCAN

La falta de información es una queja reiterada del Tribunal de Cuenta en los informes de los ejercicios entre 2008 y 2011, según se desprende de la documentación consultada por EL FARADIO.

En ellos, el Tribunal de Cuentas lamenta no haber podido calcular si es correcta la previsión de recuperación de sus participaciones en otras empresas, que ascendían para 2008 a 8,5 millones de euros.

Y no pudo pronunciarse sobre ello porque no pudo disponer de los informes de auditoría correspondientes, a pesar de que estos si fueron planificados y sí que se hicieron.

Y lo mismo sucedió en los ejercicios 2010 y 2011: el Tribunal de Cuentas no pudo disponer de información financiera de varias de las sociedades participadas por SODERCAN, de modo que no pudo opinar sobre el deterioro por la política empresarial de esta sociedad pública (que para entonces ya se había elevado a 9,8 millones en 2010 y a 10,4 en 2011).

Esa misma falta de disponibilidad de información (“imposibilidad de disponer de información actualizada y suficiente”, señala el organismo fiscalizador) también afectó a los préstamos de SODERCAN a esas empresas, por un valor de 21,7 millones de euros.

PAPELERA E IDERMAR

El Tribunal de Cuentas también llama la atención sobre un contrato de consultoría que se adjudicó a una empresa ligada a los propietarios de Papelera del Besaya –con un incremento posterior de la cuantía–, sobre el que los propios servicios jurídicos del Gobierno incidieron en que se adjudicó de forma directa “prescindiendo total y absolutamente” del procedimiento legal por unos trabajos que podían haberse hecho desde lo público.

Además, SODERCAN no incluyó en sus cuentas anuales un aval concedido a IDERMAR, la empresa privada de la que ella misma era socia para el proyecto de una boya de energías renovables marinas y que acabó en concurso de acreedores. Ese aval era de un banco a SODERCAN. Al no reflejarlo, la cifra del riesgo por avales era, sobre el papel, menor (200.000 euros de diferencia).

OTROS CASOS

Estas prácticas se suman a otras que ya recogía el informe del Interventor General relacionadas con la falta de transparencia e información en la gestión de SODERCAN con Blanco, como el fraccionamiento de proyectos para evitar que sumaran cifras que requirieran sacarlo a concurso –hubo empresas como Fraile y Blanco que llegaron a conocer con antelación la existencia de proyectos–, las decisiones que pasaron directamente a manos de Blanco en lugar de al conjunto del Consejo de Administración, la falta de soporte documental para trabajos de asesoría adjudicados a Garayar o al vicepresidente de Repsol, entre otras que ya fueron reseñadas previamente por una auditoría.

Y al margen de estos informes, el contrato del directivo de SODERCAN Víctor Gijón, responsable de Internacional, se colgó en el Portal de Transparencia sin recoger las cifras económicas, que había que localizar en otro apartado distinto pero no se podían consultar directamente en el documento del contrato.