Ciudadanos no encuentra explicacion a la pérdida de los 18 millones en Ecomasa
Ciudadanos ha asegurado que no encuentra ninguna razón para que el Gobierno de Cantabria inyectase 18 millones de euros en la empresa Ecomasa-Nestor Martin, tras analizar la información que el Gobierno ha cedido a los grupos parlamentarios.
Los dos diputados regionales, Rubén Gómez y Juan Ramón Carrancio, han confirmado que no se elaboró un plan de viabilidad ni estratégico para solventar esta aportación económica y que las conclusiones que han sacado del estudio son preocupantes.
“Hay evidente falta de control, carencia de protocolo donde se defina la metodología, no se corrobora que el precio de las operaciones se ajusten a mercado y no se establecen las condiciones para que esta iniciativa sea considerada estratégica para Cantabria”, subraya Rubén Gómez.
El portavoz parlamentario ha recordado que en diferentes actas de la Comisión de abril de 2013 se recoge que no se preveía que fuesen necesarias nuevas inversiones a corto plazo, ya que por entonces ya contaban pérdidas que ascendían a 2,4 millones de euros superiores a las esperadas, así como problemas de tesorería.
En la documentación también consta un informe sobre el proyecto industrial que elaboró la Dirección general de Industria, en el que “solo se dice que la maquinaria prevista es adecuada, que se distribuye por uno de los socios promotores de la empresa y que la potencia eléctrica es válida”, insiste Gómez.
EL GRUPO DENUNCIA QUE FALTA DOCUMENTACIÓN
Ciudadanos ha remarcado que el informe económico financiero muestra la posibilidad de que en el primer año surgieran necesidades de tesorería superiores a las propuestas. Además, asegura que no había contratos de venta cerrados que garantizaran la venta del cien por cien.
Asimismo, Rubén Gómez ha mostrado su queja para la tardanza del Gobierno en aportar la información a los miembros de esta Comisión de Investigación. Una documentación que no solo ha llegado tarde sino que al parecer incompleta, pues desde Ciudadanos denuncian que falta el 80 por ciento de la documentación sobre el acuerdo con la empresa Teka.
El Gobierno de Cantabria, presidido por el PSOE y el PRC, entregó esta información a los grupos políticos el pasado dos de septiembre, después de que tanto Podemos como Ciudadanos manifestaran una queja pública por no haberla recibido aún.
La Comisión se formó el pasado mes de julio, al cierre del curso parlamentario, y los partidos de la oposición consideran que se ha perdido todo el tiempo del verano que podría haberse aprovechado en estudiar convenientemente esta información.
LAS IRREGULARIDADES DE ECOMASA
EL FARADIO ha accedido a algunos de estos documentos que revelan varias irregularidades en la concesión del préstamo público a Ecomasa – Nestor Martin, un proyecto que se fraguó durante el gobierno del PP y que se vendió como una salida para los trabajadores despedidos de Teka, que perdieron 3,2 millones de euros de sus indemnizaciones de despido que invirtieron en la empresa.
Entre estas irregularidades y anomalías se encuentra la circunstancia de que el Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF) cambió las garantías de sus préstamos y avales a Ecomasa, la frustrada fábrica de estufas, por otras que le perjudicaban, según refleja el Interventor General de Cantabria –funcionario que vela por el cumplimiento de las normas en operaciones económicas del Gobierno– en un informe.
Desde el Gobierno se comprometió el apoyo a este proyecto industrial, materializado en un primer momento en los avales y préstamos (porque luego llegaría la entrada de SODERCAN, otro ente público, en su accionariado).
La concesión de préstamos y avales, como cualquier operación financiera, lleva aparejada unas garantías para que el beneficiario pueda responder de ella si algo sale mal. El problema fue que mientras las primeras garantías eran líquidas, bienes reales; las últimas, correspondían a expectativas (en algún caso, cambiantes) sobre acciones por un valor coincidente con el aval.
Además, Ecomasa ocultó al ICAF el desvío de fondos por valor de 2,7 millones de euros a empresas del propio grupo, en una compleja operación, que se basaba en préstamos de unas a otras de los que no constan contratos.