La Demarcación en Cantabria del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha solicitado la supervisión de las adjudicaciones de los concursos organizados por las administraciones públicas.

De este modo se intenta velar por el estricto cumplimiento de la legalidad en el desarrollo de los procesos concursales así como evitar las ofertas manifiestamente bajas, las conocidas como bajas temerarias, que rebajan las cifras ofrecidas desde la Administración, a costa de reducir la calidad o las condiciones laborales, y que pueden acarrear posteriores sobrecostes.

El vial de Amparo se adjudicó con baja temeraria y acabó teniendo sobrecostes

En concreto, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha registrado un escrito en el Ayuntamiento de Torrelavega donde se exponen las razones para solicitar la supervisión de los procesos concursales, tanto en este Consistorio como en el resto de las administraciones públicas.

Según explica el decano del Colegio de Caminos en Cantabria, Enrique Conde, “el Ayuntamiento tiene la obligación de velar para que los contratos puedan llegar a buen fin y en su objetivo de que la contratación tenga el menor costo económico para la corporación, no puede dejarse arrastrar solo y exclusivamente por un principio economicista a riesgo, casi seguro, del fracaso del contrato por quiebra del mismo”.

En este sentido, recuerda las bajas, de hasta el 87% presentada por una empresa en el concurso de construcción de carriles bicis en la comarca del Besaya, y que finalmente ha sido retirada por la propia empresa.

“Cuando se presentan bajas claramente dolosas solo puede deberse a dos causas: o el Ayuntamiento ha valorado mal, o si está bien valorado quien hace esa oferta la lleva a cabo a sabiendas de que no va a poder cumplir, pero llevará el proceso de ejecución del contrato a un punto en el que la administración tendrá que, o renegociar el mismo o resolver, dejando una obra a medio ejecutar y un contrato incumplido”, señala Conde.

Desde el Colegio se recuerda que estas bajas desproporcionadas pueden incluso incurrir en un delito de prevaricación administrativa “porque a la economía municipal, tanto se la puede dañar, por contratar sin contraste de precios como por hacerlo a precios que conducirán al fracaso del contrato”, explica.

El escrito rubricado por la Junta de Gobierno del Colegio de Caminos aclara que la supervisión de los concurso forman parte de las funciones colegiales “por lo que lo hacemos con el solo y exclusivo ánimo de que los procesos discurran por el cauce de la máxima transparencia”.

También en Santander son frecuentes las bajas temerarias, fórmula que incluso ha sido defendida por el equipo de Gobierno y que, paradójicamente, acaba de empezar a combatir el mismo Ministerio de Fomento al que se incorpora ahora como titular el que fuera alcalde de la capital, Íñigo de la Serna.

LEGISLACIÓN EUROPEA

Asimismo, el Colegio de Ingenieros, Canales y Puertos de Cantabria ha felicitado al Ayuntamiento de Torrelavega por adaptarse a la legislación europea en materia de contratos públicos abriendo los contratos menores a todo el que cumpliendo las condiciones para contratar pueda hacerlo, dotando de trasparencia al proceso y acabando con las denominadas negociaciones sin publicidad, que vulneraban claramente el mercado de la libre competencia.

Dicha actuación, se explica desde el Colegio, debe por ello ir acompañada de una riguroso control y examen en el cumplimiento de los criterios marcados por la ley, el pliego de cláusulas administrativas y el pliego técnico de la licitación, que debería marcar claramente los criterios técnicos requeridos, evitando excesos economicistas en detrimento de un nivel de calidad que revierta en una optimización de la infraestructura a construir.