Cantabria ha aportado un importante granito de arena a la historia, aún por escribir, de los rescates desde la Administración a empresas privadas a la que se le habían adjudicado servicios que, pese a su aparente rentabilidad, incluían una cláusula por la que si algo iba mal era lo público quien cargaba con el riesgo y las pérdidas.

En este caso la aportación es al más alto nivel, más allá de la contribución que supone el inminente –y judicializado– rescate al Puerto de Laredo.

De la Serna con Rajoy

El nuevo ministro de Fomento, el exalcalde de Santander Íñigo de la Serna, ha confirmado este lunes que habrá rescate a las autopistas.

Lo ha hecho en una entrevista en Los Desayunos de TVE, en la que ha precisado que esta fórmula se aplicará aunque no se llegue a un acuerdo con los bancos acreedores de las empresas constructoras concesionarias de estas infraestructuras.

La deuda de las autopistas asciende a 3.400 millones de euros y la patronal de las constructoras calcula en 5.500 millones de euros la responsabilidad patrimonial del Estado, después de que estas empresas se declararan en concurso al no poder cobrar la obra realizada.

Lo iban a hacer mediante los peajes, pero les afectó el descenso de tráfico durante los años de la crisis y también los sobrecostes en las obras, además de, en cualquier caso, unos cálculos excesivamente optimistas del tráfico cuando se sacaron a concesión en la etapa de Aznar.

La responsabilidad patrimonial fue una cláusula que implicaba el rescate a las empresas a las que se les había concedido una autovía, garantizando incluso la inversión pendiente.

De la Serna retoma así un plan de rescate que habían intentado sacar adelante, sin éxito, sus predecesores en el Ministerio.

La propuesta es que Fomento asuma las autopistas, tras aplicar una quita (una reducción) del 50% de su deuda y convertir el resto en un bono a treinta años de su propiedad.

De momento su Ministerio ya está en contacto con los bancos acreedores de las nueve autopistas para buscar un acuerdo que facilite el rescate y, en consecuencia, que las entidades cobren su deuda, si bien algunos la han vendido a fondos buitre.

Fomento cree que la operación puede salirle rentable al estado al poder recaudar cantidades por los peajes.

En el caso de las madrileñas (cuatro de las nueve vías) las gestionaba un consorcio del que formaba parte ACS, Sacyr y Bankia.