El caso Samuel ya cuenta con el apoyo de 100.000 firmas, pero no es un caso aislado: hay al menos, según informan entidades civiles de protección, otros tres posibles casos de menores extranjeros no acompañados (MENA) a quienes se han practicado pruebas de determinación de la edad sin tener en cuenta su documentación válida.

Este tipo de pruebas tienen una horquilla de error de dos años, han sido denunciadas por la ONU y anuladas en ocho ocasiones por el Tribunal Supremo.

Samuel (nombre ficticio), el menor por quien ha surgido la preocupación por los migrantes no acompañados.

Para evitar que se repitan este tipo de situaciones, Pasaje Seguro Cantabria se ha reunido este lunes con el jefe de gabinete de Miguel Ángel Revilla, Guillermo Blanco, para explicarle la situación y entregarle una propuesta de Protocolo marco autonómico sobre las actuaciones que deben ser llevadas a cabo con los MENA, elaborado con la asesoría jurídica de la Fundación Raíces, organización que protege los derechos de los menores, adolescentes y jóvenes españoles y migrantes.

En Pasaje Seguro consideran probable que entre los funcionarios que dirigen las actuaciones con los MENA en el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) aún pervivan directrices propias de Gobiernos anteriores, y que ha llegado el momento de que el gobierno actual reconduzca la situación.

EL PROTOCOLO ESTABLECERÍA QUE SI HAY DOCUMENTACIÓN NO SE PRECISE DE OTRAS PRUEBAS

El protocolo propuesto incide en varios puntos centrales: que, en ningún caso, se pueda iniciar el procedimiento de determinación de la edad por pruebas radiológicas cuando el menor se encuentre documentado como tal, según su partida de nacimiento, pasaporte, y/o cualquier otro documento válido.

Esa es la situación en la que se encuentra Samuel, el nombre ficticio del joven camerunés de 17 años que el próximo 9 de enero tiene pendiente un juicio por una orden de expulsión de España. El argumento es que, según este tipo de pruebas imprecisas, Samuel tendría 18 años o más; a pesar de que su partida de nacimiento y su pasaporte le acreditan como menor de edad.

Otro de los puntos en los que incidiría el protocolo es el respeto al principio de no discriminación, especialmente en lo que se refiere a la valoración sobre la validez de los documentos que cuente con las certificaciones necesarias y correspondientes.

Desde Pasaje Seguro denuncian que hay prácticas reiteradas, en todo el Estado, de poner en cuestión la documentación de países de donde llegan más migrantes; y el derecho de los menores a ser oídos y a audiencia con intérprete en su lengua materna y asistencia letrada.

Pasaje Seguro considera que esta es una oportunidad, que el Gobierno no debería desaprovechar, de que Cantabria muestre su compromiso con un trato legal y humano de las niñas y niños migrantes.

Como ya han señalado en otras ocasiones, lo contrario es, además, gastar recursos de un modo ineficiente convirtiendo a los menores así ‘descartados’ en irregulares, por no hablar de la quiebra que eso supone para su proyecto vital.

La sensación del grupo ciudadano, tras la reunión con Blanco, es que “hay posibilidades de avanzar en el tema, pues se trata, en realidad, de una enmienda sencilla y ajustada a Derecho del actual funcionamiento”. Blanco ha comunicado que se lo entregaría a Revilla y que, si como le ha parecido en la reunión, deciden apoyarlo, se lo entregarán, a su vez, a Felisa Lois, directora del ICASS, para que valore su aprobación.