El Gobierno defiende la legalidad del concurso de merchandising del Año Jubilar

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El Gobierno de Cantabria ha defendido la legalidad del concurso de merchandising del Año Jubilar; cuya única aspirante es la empresa LGA STUDIO DESIGN y cuyo contrato tiene un valor estimado de 200.000 euros IVA no incluido.

Esta empresa fue creada en junio de 2015 y tiene como socio único a Oscar Díaz Mazón, empresario con vinculación en más de 10 sociedades, la mayoría relacionadas con la actividad de elaboración de pan, repostería y pastelería, y que gestiona una red de una veintena de tiendas de La Gallofa.

Francisco Martín, consejero de Turismo, en el Parlamento de Cantabria.

El Consejero de Turismo, Francisco Martín, ha defendido en el pleno del Parlamento de Cantabria la transparencia del concurso, cuyo pliego ha mostrado, y ante las denuncias del Partido Popular.

El diputado Santiago Recio ha denunciado que este concurso es el único que no se ha publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC); y ha destacado que el ex director de la sociedad regional Año Jubilar Lebaniego, Israel Marcos, no firmó la parte de condiciones particulares de ese contrato, que solo rubricó el consejero de Turismo.

De hecho, Recio ha sugerido que la dimisión de Marcos, a tan solo cinco días de la apertura de la Puerta del Perdón en el Monasterio de Santo Toribio de Liébana, podría estar relacionada con la adjudicación del merchandising y la adjudicación de otros contratos por los que también ha preguntado.

Una dimisión que el consejero de Turismo ha vuelto a matizar que se llevó a cabo «por cuestiones personales», una explicación que el diputado popular ha afirmado «extrañarle» pero ha dado por buena.

Recio también ha destacado que la empresa LGA STUDIO DESIGN amplió el objeto social de la empresa el pasado 20 de marzo, que hasta entonces era de ejecución de obra civil y otras actividades similares, “muy apropiado para el concurso de merchandising”, ha matizado. El diputado también ha resaltado que en el marco de la puntuación del contrato “se da al producto gastronómico 51 puntos de 100”, y solo 30 a los aspectos económicos.

EL GOBIERNO QUIERE CREAR UN PRODUCTO GASTRONÓMICO ASOCIADO AL AÑO JUBILAR

En su respuesta, Francisco Martín ha señalado que varias empresas se mostraron interesadas en presentarse el concurso; entre las que ha destacado a AMICA, una asociación sin ánimo de lucro cuya misión es descubrir las capacidades de cada persona para que logre ser la protagonista de su vida.

Sin embargo, ha asegurado que rechazaron presentarse tras no considerarlo rentable. Lo que sí hará AMICA es «suministrar a quien sea el concesionario de este contrato la parte textil», según ha revelado Martín.

Además, ha resaltado que “este contrato no tiene dinero público”, y que “lo que consiga vender esta empresa nosotros cobraremos un porcentaje de la cifra de venta más un canon oficial”.

Y es que, según ha revelado el consejero, “el objeto fundamental de este contrato no son las pulseras y las gorras sino desarrollar un producto gastronómico”. “Lo que quiero es que quede algo para el futuro, un producto gastronómico asociado al año Jubilar que en el futuro podrán comercializar otras empresas”, ha matizado.

Asímismo, el PP también se ha interesado por la empresa elegida para contratar a los actores que actuaron en los festejos programados para la celebración de la apertura de la Puerta del Perdón, a lo que él consejero de Turismo ha aclarado que se ha contratado todo los eventos a través de la Sociedad Año Jubilar Lebaniego.

Algo que Recio ha matizado, asegurando que en el contacto con las personas contratadas participó otra empresa, Palco 3 Gestión, que pertenece a un trabajador de la sociedad pública y que equivaldría a una incompatibilidad en la ley de empleados públicos. Y ha aclarado que solo ante el registro de las preguntas del PP se cambió el modo de contratación prevista. «Actúe, porque si no será cómplice», ha advertido al consejero de Turismo.

Martín ha denunciado que todo lo pronunciado eran «teorías de la conspiración», en una actitud que busca «destruir» en vez de «crear». «El comienzo del Año Jubilar no podía ser mejor en cuanto a trascendencia», ha defendido, y ha reconocido su satisfacción por el avance de la gestión de la Sociedad pública, que ha admitido que comenzó «con dificultad en la captación de patrocinios».

EL GOBIERNO NO HA TOMADO NINGUNA DECISIÓN SOBRE EL AJUSTE ECONÓMICO

El Gobierno de Cantabria no ha tomado aún una decisión sobre el ajuste económico a los presupuestos de este año. Así lo ha manifestado el consejero de Economía, Juan José Sota, ante una interpelación de Podemos en el mismo pleno parlamentario.

La formación pedía al consejero que explicara de dónde iba a recortar los 32 millones de euros que, en principio, el Ejecutivo tenía que ajustar del nuevo presupuesto. Sota ha defendido el documento económico una vez más, alegando que es “falso” que sea “un castillo de naipes” y “que estaba inflado”, como acusaron PP y Podemos; ya que la IDEF ha calificado de “cortos” los ingresos previstos para este año según ha matizado.

“El problema es del cierre de 2016”, ha aclarado Sota, que ha culpado a la falta del pago del Gobierno nacional de unos 40 millones de euros a Cantabria, entre los que destacan el pago de las obras de Valdecilla correspondientes al año 2016, y a los costes de la implantación de la LOMCE en la comunidad autónoma.

Este martes, el Gobierno de Cantabria ha acusado al Ejecutivo central de ser un «moroso» y de «estrangular económicamente» a la comunidad autonóma y le ha hecho un llamamiento a que «pague lo que debe», a la comunidad autónoma, deuda que ha cifrado en casi 90 millones de euros, procedentes de los ingresos comprometidos que no se produjeron en 2016.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha asegurado que lo pedirá por carta a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, tras no haber recibido respuesta de Mariano Rajoy a la anterior misiva que envió. 

En el pleno, Podemos ha adelantado que registrarán una moción en el Parlamento en la que pedirán que se blinde y no se toque la sanidad pública, ni la educación y servicios sociales (dependencia y renta social básica) en este ajuste económico.

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