Más de 2.000 demandas se han presentado ya en el Juzgado cántabro especializado en cláusulas suelo, creado a raíz de la previsión de un incremento de las acciones tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea que consideraba abusivas en materia de protección al consumidor estas cláusulas de las hipotecas que impiden que bajen las cuotas pese a que se produjeran descensos en los tipos.

Es la segunda vez que los abusos en el sector financiero llevan a tener que crear medidas especiales en los juzgados cántabros, tras la creación del Juzgado de las Preferentes que atendió las reclamaciones de los clientes de la banca (en Cantabria, fundamentalmente Liberbank, dada la mayor presencia de la antigua Caja Cantabria) contra este producto financiero que dejó retenidos sus ahorros.

El Gobierno ha habilitado una oficina específica para situaciones de emergencia relacionadas con la vivienda

Y las instituciones también han tenido que tomar medidas ante otra de las situaciones derivadas de la crisis económica en relación a sus aspectos financieros: esta legislatura se creó desde la empresa pública Gesvican de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda la Oficina de Emergencia Habitacional para la asesoría y mediación en casos de desahucio y otros problemas relacionadas con la vivienda.

Las estadísticas siguen apuntando a problemas, trasladados ahora a los impagos relacionados con el alquiler.

La Oficina atiende desde sus instalaciones en Juan de Herrera, 2, así como en los teléfonos 942 318 980 y 942 318 982 , en la Web http://emergenciahabitacionalcantabria.gesvican.es y en el correo  emergenciahabitacional@gesvican.es

En la misma línea de recordar la situación del problema de vivienda, el grupo de Santander de Amnistía Internacional tiene activa la campaña «España, la crisis de la vivienda no ha terminado» , que incluye este martes 14 la instalación de una mesa informativa para recoger firmas, de 10.30 a 12.30 horas, en una acción que sigue este miércoles 15, de 11.30 a 13.30 horas en la calle Burgos.

CLÁUSULAS SUELO

Este lunes se celebraba una reunión en la que el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas, convocadas por el Consejo General del Poder Judicial, para analizar el funcionamiento de estos juzgados.

Desde Cantabria, el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, ha apoyado el mantenimiento de este juzgado especializado en Cantabria y ha adelantado que el proyecto de Ley de Presupuestos autonómicos para 2018 incluye el importe necesario que pudiera implicar este juzgado de ámbito provincial, que lleva funcionando desde el 1 de junio de 2017.

A su juicio, es necesario dotar de una “mayor estabilidad” a este órgano que hasta el momento ha asumido una “gran carga de trabajo” de la jurisdicción civil, con cerca de 2.000 demandas presentadas.

En este sentido, ha valorado el trabajo desempeñado por el titular del juzgado y los funcionarios para agilizar los litigios.

De hecho, el Juzgado ha tenido que reforzar en en dos ocasiones la plantilla de funcionarios de este juzgado, y el Gobierno autonómico considera necesario que el Ministerio “haga lo mismo” y cubra la plaza de letrado de la Administración de Justicia de la que es competente para coordinar el funcionamiento de la oficina judicial. Hasta el momento el Gobierno de España ha designado letrados en las grandes ciudades, pero la “necesidad es también imperiosa en el resto de juzgados provinciales”, ha remarcado.