||por Francisco Antolín Rodríguez, militante de base de Izquierda Unida y miembro de la plataforma Cantabria por lo público y sin recortes||

Recientemente ha sido aprobada por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital la Orden ETU/943/2017 y el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para el consumo doméstico de energía eléctrica.

Protesta contra la pobreza energética

Esta norma regula las condiciones para obtener descuentos en la factura en función de determinadas circunstancias, y establece las situaciones en las que el suministro será considerado esencial, lo que impedirá, supuestamente, el corte del mismo. Una vez más el Gobierno estatal demuestra que, en lo que a algunos de sus miembros se refiere, sigue con los plomos bajados.

Lo que parece destilarse de este Real Decreto, a grandes rasgos, es que las compañías eléctricas proporcionarán información a la clientela que acuda a los Servicios Sociales y, si éstos abonan el 50% de la factura, no se cortará el suministro, con lo que se presume que la responsabilidad en el desarrollo de la nueva normativa pasará a recaer en las Unidades de Trabajo Social, con la consiguiente sobrecarga de gestión para sus profesionales y para sus medios.

Es decir, el Gobierno central y las compañías eléctricas se convierten en los buenos de esta historia mientras que sobre las entidades locales recaerá toda la presión del desarrollo de la iniciativa. Teniendo en cuenta que no hay garantía de asunción por todas las administraciones con Servicios Sociales debido a la precariedad que muchas sufren, se generarán graves desigualdades territoriales en el abordaje final del asunto.

Es decir, lo que a priori nacía como algo positivo al recoger los nuevos requisitos que debían cumplirse para que resultara de aplicación el bono social, mecanismo que se puso en marcha el 1 de julio de 2009 y fue creado para proteger a las y los consumidores vulnerables de acuerdo con el artículo 45 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, se ha convertido en papel mojado al estar plagado de deficiencias que hacen que la protección sea muy parcial.

Además de convertir a los Ayuntamientos, empobrecidos en muchos casos a causa de la crisis, en los responsables del posible corte del suministro, los baremos generales establecidos son injustos. Discrimina positivamente a las familias numerosas independientemente de sus ingresos pues exonera de tener que cumplir con un criterio de renta, mientras que otras no son tenidas en cuenta.

Por otra parte el plazo temporal que se otorga a la condición de vulnerabilidad severa (imprescindible para la suspensión del corte del suministro) ni es oportuno ni es viable porque para los Servicios Sociales es imposible el control permanente debido a los pocos medios de los que disponen. Además surge la pregunta de por qué esta protección para la ciudadanía únicamente atañe a la electricidad y no incluye también al gas.

Por lo tanto el bono social eléctrico que ahora se nos plantea tiene bastantes carencias e imperfecciones. Pero este hecho no es óbice para tratar de ponerlo en práctica hasta que sea derogado si, de alguna manera, consigue ayudar a la parte de nuestra sociedad más vulnerable.

Es clave que tanto el Ministerio, como las Comunidades Autónomas, Entidades Locales, federaciones de Municipios, agrupaciones de vecinos y vecinas así como asociaciones de consumidores puedan trabajar conjuntamente para que las posibles bondades de la nueva norma lleguen a la mayor parte posible de la población a través de buenas campañas de información y de gestión.