El pleno del Ayuntamiento de Santander ha rechazado, con los votos en contra del PP y del concejal tránsfuga de Ciudadanos, David González, y la abstención de la mayor parte de la oposición, crear un «Comité de Investigación» que haga las pertinentes averiguaciones en los hechos relacionados con el incendio ocurrido en el Museo de Arte Moderno de Santander.

La concejala de Ganemos, Tatiana Yáñez, durante la sesión de pleno del mes de diciembre.

La propuesta ha sido presentada por Tatiana Yáñez-Barnuevo, concejala de Ganemos, que recientemente ha intentado retomar su actividad política, que quedó prácticamente paralizada después de que consiguiera la expulsión de su antiguo compañero de formación, Antonio Mantecón, de la marca Ganemos.

La edil apenas ha realizado aportaciones políticas en el último año, limitándose a repetir varias mociones en los diferentes plenos, lo que ha supuesto que el PP trate de modificar el reglamento para evitar mociones repetidas.

Recientemente también ha sido noticia tras el despido de su auxiliar por parte de la alcaldesa Gema Igual por no acudir al puesto de trabajo. En una rueda de prensa, Yáñez alegó que los motivos eran “falsos” y que se trataba de una estrategia política para «atacar a su principal oponente político», aunque no aportó pruebas para desmentir este caso.

Sin embargo, la concejala no cosecha el apoyo de ningún otro partido político, ni de la oposición ni del Gobierno, en el día a día de la actividad del Ayuntamiento.

En el pleno solo ha logrado el apoyo de dos concejales más en esta propuesta, que en su moción aseguraba que buscaba recabar información “de modo exhaustivo” sobre la seguridad del MAS. Uno de los ediles que ha apoyado la propuesta es el de Izquierda Unida, después de que se aceptara una enmienda transaccional suya para incluir en esa comisión a los concejales no adscritos.

Menor aún ha sido el apoyo de la moción de la edil que buscaba reprobar y pedir la dimisión de la concejala de Cultura, Miriam Díaz, que solo ha votado a favor ella misma, y se ha rechazado con los votos en contra del PP y David González y la abstención de los demás.

En la sesión de preguntas, Yáñez se ha dirigido también al concejal de Urbanismo, César Díaz, para cuestionarle sobre si tiene pensado dimitir en caso de ser imputado por el derrumbe parcial del edificio en la calle del Sol el pasado mes de julio, o «se aferrará al cargo y al sillón»..

Díaz se ha negado a tomar en serio esta pregunta, recomendando a la edil “dejar de montarse películas” sobre el derrumbe parcial que, hasta ahora, le ha costado al Ayuntamiento de Santander en torno a 228.000 euros, la mayor parte derivados de las actuaciones de desescombro y apuntalamiento del inmueble.

Según los datos aportados por Díaz, el Ayuntamiento ha pagado 186.700 euros por los trabajos realizados por la empresa encargada del desescombro, demolición controlada, apuntalamiento y consolidación del edificio siniestrado; 16.700 al técnico externo especialista en estructuras y 2.650 euros por las tareas de coordinación, seguridad y salud. A esto se debe sumar los 22.000 euros de ayudas a los vecinos afectados.

Díaz ha cargado contra la concejala, ya que cree que, “según lo que propone”, “usted debería haber dimitido ya infinitas veces por mentir cada vez que hace declaraciones de cualquier tema”.

“Si usted tuviera una mínima dignidad de la que pide a los demás y predicase con el ejemplo ya debería haber requerido a su auxiliar para que devuelva lo que ha cobrado indebidamente de todos los santanderinos sin venir a trabajar y dejar de parapetarse en ridículas justificaciones y falsas acusaciones hasta los demás», le ha espetado Díaz, en alusión al reciente despido por parte de la alcaldesa, Gema Igual, del auxiliar de Ganemos por supuestamente no ir a trabajar en once meses.

De hecho, el concejal ha apuntado a que si el despedido no lo hace, Yañez-Barnuevo debería de comprometerse a devolver el dinero desde su grupo municipal.

EL AYUNTAMIENTO SEÑALA «CONTRADICCIONES» ENTRE LOS INFORMES DE LAS EMPRESAS ENCARGADAS DEL MAS

Posteriormente, en nota de prensa, el Ayuntamiento de Santander ha constatado que existen “contradicciones” entre los informes presentados por las empresas que realizaban trabajos en el Museo de Arte Moderno de Santander y Cantabria (MAS) cuando tuvo lugar el incendio en el edificio.

Según los informes aportados por SIEC –la empresa responsable de los trabajos de accesibilidad-, y Codelse, -compañía que se encargaba del mantenimiento de los sistemas de seguridad-, se ratifica que SIEC debía ejecutar la obra con las instalaciones en funcionamiento y que Codelse en ningún caso informó de la desprotección del edificio.

Entre las “evidencias y contradicciones”, el informe destaca que la empresa encargada de la seguridad del museo acredita que el sistema antiincendios funcionaba correctamente en el mes de abril, al inicio de las obras, mientras que SIEC insinúa en su informe que el Ayuntamiento debió adoptar medidas extraordinarias de seguridad durante la ejecución de las obras, algo que es contradictorio con las afirmaciones que esta misma empresa realiza y en las que deja claro que su intervención en la zona de obra no debería haber afectado al resto de las instalaciones del museo.

También se contradicen las empresas respecto a las actuaciones realizadas en los sistemas de seguridad, ya que SIEC afirma que mantuvo siempre operativos los sistemas antirrobo y “en ningún momento procedió a desmantelar las centralitas de seguridad”, mientras que Coldelse señala que ambas centrales (robo e incendios) “dejaron de prestar servicio en el mes de junio”.

El contraste entre los dos informes pone en evidencia además que SIEC era absolutamente consciente de que la seguridad del museo debía permanecer activa durante las obras, contratando a Codelse para este fin.

Asimismo, el Ayuntamiento mantiene que “en ningún caso autorizó ni fue informado de la desactivación de los sistemas de seguridad” por parte de ninguna de estas dos empresas.

El Consistorio ha anunciado que trasladará al Juzgado de instrucción número 5 de Santander los informes, en los cuales entienden que SIEC debió ejecutar la obra adoptando las medidas pertinentes para que todas las instalaciones del edificio, y que entre las obligaciones de Codelse se incluye la de informar periódicamente sobre el resultado de las revisiones practicadas y la de comunicar cualquier aspecto de especial relevancia que pudiera afectar a dichas instalaciones.

EL MUPAC SIGUE EN EL AIRE POR DESACUERDOS ENTRE EL GOBIERNO Y EL AYUNTAMIENTO

En el pleno también se ha aprobado, a petición del Gobierno de Cantabria, la concreción del equipamiento para construir la sede de otro museo, el MUPAC, en el solar donde actualmente se ubica el aparcamiento del Palacio de Festivales.

Sin embargo, esto choca con las declaraciones del consejero de Cultura, Francisco Fernández Mañanes, que ha recogido Europa Press, donde ha asegurado que dicha ubicación es «idónea» para la nueva sede del Museo de Prehistoria y Arqueología pero «puede haber otras y estamos abiertos a estudiarlas».

Mañanes ha señalado que aunque la parcela del Palacio de Festivales es propiedad del Gobierno y ya tiene la calificación urbanística necesaria, «puede haber otras» ubicaciones, siempre en Santander.

También ha adelantado que en 2018 se convocará el concurso de ideas, cuyo pliego de condiciones está «muy avanzado», y «veremos el proyecto» del futuro MUPAC.

SANTANDER MODIFICA EL IMPUESTO DE LA PLUSVALÍA

El pleno del Ayuntamiento de Santander ha votado este jueves, 28 de diciembre, la modificación del impuesto de la plusvalía. Este cambio en la ordenanza ya pasó el primer filtro de la Comisión de Hacienda la pasada semana.

Miguel Gómez Cotera, el abogado que ganó al Ayuntamiento, entrevistado en EL FARADIO DE LA MAÑANA

Esta corrección se produce después de la sentencia definitiva que desestimó los recursos que el Consistorio presentó ante la victoria judicial del abogado santanderino Miguel Gómez Cotera.

El joven letrado pidió la modificación de la ordenanza municipal, primero a través de instancias administrativas y después a través de los juzgados. Lo hizo alegando que las condiciones de la bonificación del impuesto atentaban contra la igualdad entre parientes que hereden terrenos y bienes de naturaleza urbana.

Finalmente los tribunales le han dado la razón y el Ayuntamiento se ha visto obligado a acometer este cambio. La oposición ha criticado esta modificación por considerarla “insuficiente”. El portavoz del PRC, José María Fuentes Pila, cree que se ha pasado de “una ordenanza ilegal e injusta” a “una que es legal pero que, bajo mi punto de vista, sigue siendo injusta”.

Por su parte, el equipo de Gobierno ha defendido la redacción del impuesto que, a última hora, sufrió otra transformación después de que se retirara uno de los requisitos para acceder a la bonificación (cantidad económica a descontar del pago) que había planteado en la nueva redacción, y que también recurrió Gómez Cotera.

El letrado pidió suprimir el requisito que establecía que, para poder beneficiarse de la bonificación, el causante (fallecido) no debía ostentar otros derechos distintos de la vivienda habitual. Los informes municipales entendieron que este requisito, “tal y como está redactado”, “entiende la herencia desde el punto de vista del causante, y no de los herederos”. Es decir, tiene en cuenta la capacidad económica del fallecido y no de sus herederos “cuando son éstos como sujetos pasivos quienes deben afrontar el desembolso económico que supone el pago del impuesto de la plusvalía”.

Además, durante la celebración de este pleno ordinario también se ha dado cuenta de la aprobación final de los presupuestos para 2018 y las medidas fiscales. El Partido Popular ha contado, como es habitual, con el apoyo incondicional del concejal tránsfuga de Ciudadanos David González.