La situación dentro del Partido Popular cada vez se acerca más a la escisión tras la crisis interna que se ha ido desarrollando durante los últimos meses, tras la celebración del Congreso autonómico que dio la victoria a María José Sáenz de Buruaga.

La última polémica ha sido la presentación formal de la asociación Lealtad Popular, constituida por miembros del sector crítico del PP de Cantabria, y tras la cual el PP ha iniciado los trámites para expulsar a los afiliados que se asocien a ella.

La actual dirección del PP ha iniciado los trámites de expulsión de los asociados a Lealtad Popular.

La secretaria autonómica del PP, María José González Revuelta, ha explicado que el artículo 11 de los estatutos de su partido establece como causa de la pérdida de la condición de afiliado “promover la afiliación a otro partido o asociación política o afiliarse”.

En el caso de Carlos Bedia, presidente de la asociación, ya ha sido expulsado recientemente de la formación, acción que ha recurrido; y Joaquín Solanas, secretario general, tiene un expediente disciplinario abierto por su actuación al frente del movimiento Lealtad Popular.

Por ello, González Revuelta ha declarado que el Comité Ejecutivo Regional declarará en su próxima reunión la pérdida de la condición de afiliado “de Joaquín Solanas y de todos los miembros del Partido Popular que se unan a la nueva asociación”.

Además, la secretaria autonómica ha hecho hincapié en que “ni Bedia ni Solanas pueden arrogarse la representación del PP” y ha advertido de que no van a consentir que nadie use su imagen corporativa.

“UNA FAES CÁNTABRA”

Lealtad Popular es un movimiento dentro de la formación cántabra que surgió tras la celebración del Congreso autonómico que eligió como nueva presidenta del PP a María José Sáenz de Buruaga, por una ventaja de cuatro votos contra el exlíder del partido, Ignacio Diego.

El proceso ha estado salpicado por las denuncias de irregularidades y los procedimientos judiciales que han iniciado los críticos para impugnar el resultado, cuyo juicio está previsto para el 15 de mayo del próximo año.

Otras cuestiones que han pasado por los juzgado, como la querella criminal contra la nueva directiva o por el pago de cuentas masivo de afiliados de Laredo, han sido archivadas por la justicia.

Los críticos, que alcanzaron los 70 dirigentes entre alcaldes y portavoces municipales, llegaron incluso a pedir a Génova que suspendiera la dirección de Cantabria, aunque la solicitud no fue atendida.

El objetivo de esta nueva asociación, y tal y como han reflejado Carlos Bedia y Joaquín Solanas, es ser un «laboratorio de ideas» y un «foro de debate» para mejorar y «esperanzar» el «centro-derecha» y erigirse como su «elemento aglutinador».

Los dirigentes de la asociación han asegurado que «no descartan» convertirse en partido político, aunque por el momento prefieren compararse con FAES, la fundación ligada al PP que preside José María Aznar.

La asociación está presidida por el exdiputado Carlos Bedia, que recientemente ha sido expulsado del PP, y su secretario general es Joaquín Solanas, que la pasada legislatura de Ignacio Diego ejerció de director general de Cultura del Gobierno de Cantabria.

A ellos se les han unido otras cuatro personas cuya identidad no han revelado, y que completan la Junta Directiva de la Asociación. Por el momento no tienen más integrantes.

En el Partido Popular ven este movimiento como un caso más de “acoso y derribo” de los que “no aceptan” los resultados del Congreso. Por su parte, los críticos aseguran que «quieren seguir formando parte» del partido, aunque «otra cosa es que nos dejen».

También hay discrepancias sobre la expulsión de Carlos Bedia, que el exdiputado lo ha rebajado a una “apertura de expediente” que “tendrá que ser Madrid el que decida”. Él ya ha interpuesto un recurso pero desde el parido cántabro insiste en que la resolución de  expulsión fue acordada por el Comité Regional de Derechos y Garantías, tiene carácter ejecutivo y “no se ha suspendido por el hecho de que haya recurrido”.