El Gobierno de Cantabria dijo que era ilegal la fórmula que había elegido el Ayuntamiento de Marina de Cudeyo para adjudicar los contratos de la orden de corporaciones locales (una convocatoria de subvenciones para realizar trabajos en municipios contratando a desempleados, con parte de financiación autonómica).

Entrevista a Pedro Pérez Ferradas, concejal socialista en Marina de Cudeyo

Esa fórmula que adoptó el municipio, y que defendió con vehemencia el teniente de alcalde Pedro Pérez Ferradas en una intensa confrontación con miembros de su propio partido, el PSOE, era el sorteo.

Y respondía al objetivo de evitar cualquier tipo de arbitrariedad (cada ayuntamiento aplica la orden como cree conveniente, y hemos visto casos en los que la entrevista personal, subjetiva, primaba más que el currículum, o denuncias de demasiados apellidos repetidos y coincidentes con quienes gobiernan entre los adjudicatarios).

Una fórmula, la del sorteo, que además practican el propio Gobierno de Cantabria y los ayuntamientos en las viviendas de protección oficial.

Ha sido la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria la que ha acabado quitando la razón al Gobierno de Cantabria cuando decía que esa fórmula era ilegal (llegó a retirarle los fondos al Ayuntamiento y a partir de ahí se inició un proceso judicial). No, no lo era: el Gobierno decía que esa fórmula era «arbitraria» y el TSJC replica que el objetivo era, precisamente, evitarlas.

Además, la sentencia añade que el Ayuntamiento cumplió con la finalidad de las subvención.

Para el Ayuntamiento, este «KO» frente al Gobierno de Cantabria (Consejería de Economía) supone un reconocimiento de que en todo el proceso les guió la «honestidad» y la Ley, entendida como herramienta para conseguir más igualdad.

«Algo que por desgracia no ha sido el interés de la Dirección General de Servicio Público de Empleo, ni de la Consejería de Economía y Hacienda, ni de una élite funcionarial y política», recalcan en su valoración de la sentencia. El fallo impone al Gobierno el pago de 398.200 euros, más los intereses.

Ya en el punto más álgido del conflicto, cuando desde el Gobierno se acusaba al municipio de vulnerar la Ley, Pedro Pérez Ferradas instaba, en una entrevista en EL FARADIO DE LA MAÑANA, a «desenmascarar la trinchera de algunos privilegiados».

Entonces, puso como ejemplo a la directora del Servicio Cántabro de Empleo, Carmen Díez Marzal. que dimitió –si bien los medios vincularon el tema de las contrataciones con su dimisión, algo que Pérez Ferradas descartó–, recordando, por ejemplo, que su marido eral empleado de la Universidad de Cantabria expedientado por el presunto desvío de fondos de cursos a cuentas particulares por valor de 39.000 euros

Partidos como Podemos relacionaron esta dimisión con la investigación de la UDEF a la trama funcionarial de los cursos de formación del Gobierno de Cantabria en academias.  Recientemente la Fiscalía concedía una ampliación de plazo para sus pesquisas a la UDEF, la unidad de la Policía Nacional que investiga los delitos financieros y económicos