La Plataforma contra el superpuerto deportivo de San Vicente de la Barquera, que aglutina a diversas organizaciones conservacionistas, sindicales, políticas y sociales de la comunidad, ha lanzado un requerimiento a la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria, a la Demarcación de Costas del Ministerio de Transición Ecológica, y al resto de instituciones relacionadas con el proyecto de puerto deportivo (en los ámbitos municipal, regional, estatal y europeo) exigiendo la inmediata paralización de las gestiones de la infraestructura y su archivo definitivo por considerarla completamente ilegal.

Proyecto del puerto deportivo de San Vicente

En la petición defienden que el puerto no tiene «jjustificación alguna de interés general», además de contradecir diferentes normativas, desde el ámbito regional al de la Unión Europea.

La Plataforma advierte de que si no es estima esta petición, instarán a la Fiscalía de Medio Ambiente a actuar   presentará ante los tribunales demanda  a los actores “políticos, técnicos y funcionariales” responsables del proyecto.

Además, la Plataforma advierte de que si no es estima esta petición, instarán a la Fiscalía de Medio Ambiente a actuar   presentará ante los tribunales demanda  a los actores “políticos, técnicos y funcionariales” responsables del proyecto.

Frente al criterio del Gobierno de que es una ampliación del puerto ya existente, ellos sostienen que el proyecto supone la creación de una nueva infraestructura.

Para la Plataforma, en palabras de Emilio Carrera, representante de los conservacionistas en el Patronato del Parque Natural de Oyambre, se confirma así la «dilatada experiencia» en el incumplimiento de normas en base al «mismo modelo desarrollista y despilfarrador que tuvo su punto álgido con la construcción del macropuerto deportivo de Laredo».

Por su parte, el diputado de Podemos José Ramón Blanco ha lamentado “las «prisas» de la Administración en «seguir destruyendo los valores naturales» que «contrasta con la desesperante pereza que muestra para conservar otros recursos amenazados desde décadas”.

A su vez, Martín Chaves, concejal de Medio ambiente y Medio Rural de IU-Ganemos en San Vicente de la Barquera, ha lamentado “la obsesión del consejero Mazón, con el apoyo del PSOE de Zuloaga, en despilfarrar los recursos económicos de los cántabros, mientras sigue habiendo saneamientos por acometer y otras necesidades más acuciantes, como la modernización del puerto pesquero, el polígono de servicios para San Vicente de la Barquera o el desarrollo armónico del PN de Oyambre a partir del prometido Centro de Interpretación”.

La Plataforma contra el Superpuerto deportivo de San Vicente ha hecho público este requerimiento en el Centro socio-cultural ‘L’Asubiu’, sede del colectivo adscrito a ésta, Cantabria no se Vende (CNSV) y cuya representante en la rueda de prensa, Yolanda Ceballos, ha dado la bienvenida a esta iniciativa mostrando el apoyo de su colectivo.

SIN NOTICIAS DE VUELTA OSTRERA

Actual Estación Depuradora de Aguas Residuales de Vuelta Ostrera. Foto: Equo.

No es el único frente abierto en el panorama medioambiental: Izquierda Unida de Cantabria ha criticado que el Gobierno Central “ha retardado tanto” la elección de la nueva ubicación de la depuradora Vuelta Ostrera (infraestructura que debe ser derriba tras una sentencia del Supremo por sus incumplimientos legales, y que requiere una nueva estación para la que se estaban buscando alternativas) “que ha incumplido” los plazos establecidos por Ley.

En un comunicado, la coordinadora autonómica de IU, Leticia Martínez, afirma que “la ciudadanía ya debería saber” el resultado definitivo de los análisis y deliberaciones hechas por el Gobierno central en este asunto.

Según el Boletín Oficial de Cantabria del 4 de enero de 2018, se especifica que al día siguiente de su publicación comienzan a contar 45 días para la presentación de alegaciones al proyecto, finalizando, por tanto, a mediados de febrero.

En concreto, durante este periodo, 165 enmiendas fueron presentadas por los ayuntamientos afectados, -Torrelavega, Suances, Miengo, Santillana del Mar y Polanco-, así como por asociaciones y colectivos ecologistas y organización políticas, como IU.

Entre las posibles ubicaciones se encuentran Cuchía, la Isla de Solvay, Cudón, Riaño, Borroñal, Vuelta Ostrera y La Tablía.

Cerrado el plazo de alegaciones, según la Ley de Evaluación Ambiental “el órgano ambiental dispondrá de un plazo de cuatro meses, prorrogable por dos meses más, por razones justificadas debidamente motivadas desde la recepción del expediente completo y comunicadas al promotor y al órgano sustantivo”.

Desde IU consideran que este plazo “está más que sobrepasado” dado que, en principio, “sólo dispondrían de cuatro meses”, aunque se muestran comprensivos en el caso de que se haya extendido dos meses más a consecuencia, por ejemplo, del cambio de Gobierno.

Sin embargo, el periodo máximo de seis meses “habría finalizado en agosto” y, varias semanas después “quienes presentamos alegaciones, los vecinos potencialmente afectados y el resto de la población cántabra, seguimos sin conocer en qué punto se encuentra este proyecto”.

“No entendemos este silencio y que, más de una década después, siga a paso lento cuando lo óptimo para todos es que se pusiese fin a esta cuestión cuanto antes, siempre en beneficio de los vecinos y el entorno”, añadía Martínez.

Además, la formación política señala que tras conocerse la ubicación final, el procedimiento habitual es que se abra otro periodo de alegaciones específicas para el proyecto definitivo, “por lo que todavía quedaría camino por andar”.

“Son muchas las personas y organizaciones sociales y conservacionistas comprometidas que han hecho un gran esfuerzo porque esta situación llegue a buen puerto de una vez, y los gobernantes han de valorar y respetar su trabajo y hacer pública la decisión definitiva sin más demora”, ha sentenciado.

ESCOLLERAS EN MIENGO SIN LICENCIA

Y, finalmente, y mientras se decide el futuro de las escolleras de Santander, Equo e Independientes por Miengo ponía el foco en otras escolleras, en el municipio, construida sin licencia de obras «con la complicidad del alcalde».

Es, ha descrito, una obra «faraónica» , consistente en tres «enormes» escolleras de unos 5 metros de altura cada una con un «altísimo impacto visual y ambiental».

«Pero lo más sangrante», según Sara Gómez, concejala de EQUO en Miengo, es que «todo se está haciendo sin que el promotor tenga licencia de obra, con orden de paralización desde 2016 y peor aún, el alcalde es conocedor de todo y no está haciendo nada».

Tal y como relataba, desde junio de 2016, ya con un decreto de Alcaldía de paralización, «la obra sigue adelante día tras día, las escolleras siguen creciendo, han encauzado un arroyo con piedras de escollera y escorias, no han presentado ningún nuevo proyecto que justifique esta obra».

«De nada han servido las reiteradas denuncias de la portavoz de EQUO Miengo ni los informes de la Policía Local ni el expediente sancionador de la Confederación Hidrográfica… el alcalde sigue sin reaccionar y la obra no para», ha lamentado.

Además, la edil contaba que hace unas semanas recibió la visita del promotor de la obra para mostrar su «sorpresa» por las reticencias que está generando esta obra en su grupo político, pero «no  ha aportó ningún documento que acreditase tener licencia de obras, proyecto ni nada».

Además de la «aberración» urbanística, EQUO mas Independientes por Miengo denuncia el «trato de favor» que está recibiendo la empresa Green Hope, «a la que se le permite seguir construyendo sin licencia, mientras que a vecinos particulares, cuando hacen una ventana unos centímetros mas grande de lo que dijeron en el proyecto, se les multa».