La gestión del incendio del MAS, el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander, suma una nueva complicación y llega al Consejo de Estado.

Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander

El Ayuntamiento de Santander ha encargado un dictamen a este organismo consultivo estatal, según consta en documentación municipal consultada por EL FARADIO.

Y se hace después de que CODELSE, la empresa encargada de las alarmas en los edificios municipales, se haya opuesto a que se resuelva (se acabe) el contrato que tenían con el Ayuntamiento.

Una vez archivada la investigación judicial que consideró que no hubo delito, las consecuencias del incendio se centraron en penalizaciones (multas económicas) que, en el caso de CODELSE, ascendieron a 1.100 euros (un porcentaje del contrato, en aplicación de lo que marcan los pliegos).

Pero también le pidió que emitiera un informe con las deficiencias, y al no hacerlo en plazo (lo entregó en diciembre y debió hacerlo en septiembre), es cuando opta por resolver el contrato, algo a lo que esta empresa de sistemas de seguridad ha mostrado su oposición.

La sanción se argumentaba en la protección e importancia del propio edificio, y en la desactivación de las alarmas durante las obras, sin conocimiento de los responsables municipales. Esa desactivación de las alarmas pudo ser la causa de que cuando llegaron los bomberos, el incendio estuviera más extendido.

En sus alegaciones, CODELSE argumentó que en el proyecto de las obras del museo se planteó ya la retirada de las centralitas de proyección contra incendios para luego reubicarlas (extremo que niega el Consistorio).

Y que durante las obras se fueron “mermando” las condiciones de seguridad, con derribos de canalizaciones y sistemas, algo que, añade la empresa, era conocido por responsables municipales de las obras (la Junta de Gobierno, la dirección de obra, el director del Museo y la empresa de las obras).

CODELSE ASEGURA QUE EL AYUNTAMIENTO CONOCÍA LOS PROBLEMAS DE SEGURIDAD

Asimismo, aseguran que CODELSE llegó a realizar un estudio técnico con valoración económica para permitir el normal desarrollo de las obras sin que afectara para nada el nivel de seguridad, un presupuesto que, según relatan ellos, fue entregado al director del Museo y el cuál comunicó al responsable del proyecto (Ingeniería Industrial en coordinación con el Director del Museo) quién comunicó que las instalaciones de seguridad adicionales no eran un tema de mantenimiento sino una actuación inherente a las obras.

De modo que CODELSE habla abiertamente de una “dejación de responsabilidad” por parte de la Junta de Gobierno Local, a quienes reprocha que si hubieran mostrado entonces el mismo “interés” que tras el incendio, el agravamiento de los daños podía haberse “ahorrado”.

En cualquier caso, reivindican que “el sistema cumplió su misión”, por lo que se preguntan si es “un error o es temeridad y mala fe” el asegurar que no funcionaban, recalcando que de hecho el sistema avisó a la Policía. El propio expediente municipal confirma que dos alarmas sí que llegaron a sonar en la comisaría de Policía.

Y especifican que su contrato con el Ayuntamiento incluye medidas de revisión y corrección, pero “nunca” de modificación de instalaciones.

Además, defienden que en las 71 instalaciones municipales que gestionan (su contrato es para edificios municipales en general, no sólo el MAS) no se ha producido ningún problema no ningún apercibimiento, verbal o escrito, ni faltas.

“CODELSE ha cumplido siempre con sus obligaciones y que las peculiaridades del Museo por la realización de la obra, son la causa indudablemente agravada por la irresponsabilidad municipal que teniendo conocimiento en tiempo y forma debió ordenar se realizaran las instalaciones que dotaban al Museo de seguridad aún con los inconvenientes de la obra”, aseveran.

En consecuencia, desde la empresa se oponen a la resolución del contrato y advierten de que se reservar la posibilidad de ejercer acciones judiciales y reclamar daños y perjuicios económicos.

Y critican el “grave daño” a la imagen de la empresa causada por un suceso en el que ven clara la “responsabilidad”.

El Ayuntamiento rechazó esas alegaciones, negando tener constancia ni que se les hubiera comunicado los problemas que las obras suponían para la seguridad.

Y revela que las propuestas de CODELSE no fueron aprobadas, por lo que continuó el sistema normal, además de cuestionar que las distintas medidas planteadas por la empresa hubieran tenido efecto sobre lo sucedido.

Mientras tanto, se suspende el procedimiento de resolución, de modo que CODELSE mantiene el contrato hasta que el Consejo de Estado se pronuncie.