PSOE y PRC han criticado diferentes medidas adoptadas por el equipo de Gobierno del Partido Popular en Santander en materia económica, en referencia a diferentes cuestiones que se van a debatir y llevar al pleno del mes de noviembre, que se celebra este jueves.

Los regionalistas han criticado que los santanderinos tendrán que pagar “más de un millón de euros en concepto de intereses de demora por la dejadez de un equipo de Gobierno que ha demostrado sobradamente su incapacidad para gestionar el Ayuntamiento”.

José María Fuentes Pila, portavoz del PRC en Santander.

El portavoz del Grupo municipal regionalista, José María Fuentes-Pila, se refiere así a la resolución del convenio urbanístico de planeamiento suscrito con Fuentellata, S.L. en 2010 que se votará en este pleno y cuya resolución conlleva el pago de más de 3,2 millones de euros.

De ellos, más de una tercera parte son intereses de demora que, sostiene el edil, “se podrían haber evitado”. “La dejadez, la incapacidad, el mal hacer del PP nos va a costar el equivalente a cinco veces la inversión en creación de empresas de todo un año”, ha enfatizado al respecto.

Según ha explicado, en 2001 el equipo de Gobierno debería haber culminado la expropiación de los terrenos propiedad de FuenteLlata S.L., tal y como estaba contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1997. Sin embargo, el Ayuntamiento, ha continuado, “nunca se pronunció sobre la expropiación solicitada en mayo de 2003 por los propietarios ni pagó un solo euro”. Por esa razón, a partir de enero de 2004, comenzaron a computar los intereses de demora “que ahora pagaremos todos”, ha resumido.

Son esos intereses de demora lo que han seguido “engordando la factura”, ha explicado el regionalista, hasta la fecha de anulación del PGOU de 2012, en noviembre de 2016, arrojando un saldo final de 1.097.038 euros para el que el equipo de Gobierno ha elaborado ahora un plan de pago en cinco ejercicios (entre 2018 y 2022, ambos inclusive).

El regionalista, que ha instado al PP a pedir “perdón a los santanderinos” por la “hipoteca que nos dejarán”, ha explicado que el equipo de Gobierno “no puede escudarse ahora” en el convenio urbanístico suscrito en 2010 -ahora nulo porque se firmó al amparo del PGOU del 2012-  porque “tuvieron primero cuatro años para iniciar el trámite de expropiación que ellos mismos recogieron en el PGOU 1997 y después otros  ocho años para iniciar el pago de la expropiación y evitar el devengo de tal cantidad de intereses”.

Por otra parte, considera que esta situación evidencia también que “el PP no dijo la verdad” cuando se anuló el PGOU y “gritaron a los cuatro vientos que aquí no pasaba nada, que no habría repercusión alguna”. De hecho, Fuentes Pila ha apuntado a que “a día de hoy los santanderinos aún no sabemos cuánto nos costará la anulación del PGOU”, por la falta de transparencia de un PP que “está ocultando a los santanderinos el coste de su errática gestión”.

PP: “SI LOS SANTANDERINOS PAGAN UN SOLO EURO SERÁ POR LA INCOMPETENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL”

El concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz, ha afirmado que “si los santanderinos tienen que pagar un solo euro por la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2012, será por la incompetencia del Gobierno regional y por su negativa a asumir responsabilidades”.

Y es que, según Díaz, “si el Gobierno de Cantabria hubiera hecho bien su trabajo, ese convenio urbanístico seguiría siendo hoy válido y los santanderinos no tendrían que abonar un solo euro”, que ha reiterado que la anulación del Plan General de 2012 tiene su origen en la “deficiente evaluación ambiental” del bitrasvase por parte de los socialistas en el Ejecutivo cántabro.

El edil ha subrayado que el equipo de gobierno ha venido trabajando en los últimos meses para encontrar la “mejor solución posible” tanto para los antiguos propietarios como para el conjunto de los santanderinos, y que se ha llegado a un acuerdo para el abono del valor de los terrenos más los intereses en varias anualidades hasta 2022, “sin renunciar a seguir explorando la posibilidad de afrontar parte del pago mediante aprovechamientos urbanísticos como planteaba en su día el convenio”.

EL PSOE DENUNCIA QUE EL REMANENTE DE TESORERÍA VAYAN AL PAGO DE LA DEUDA

Pedro Casares, portavoz del PSOE en Santander,

Por otro lado, el PSOE ha denunciado la amortización anticipada de 7 millones de deuda como evidencia de “un modelo político agotado”, que se unen a los 10 millones de euros presupuestados para pago de la deuda. Estos 7 millones proceden del remanente de tesorería, cuyo destino se votará en pleno, y que creen que deberían invertir en políticas de empleo, política social o en los barrios, “dando respuesta a las necesidades de la gente”

El secretario general del PSOE y portavoz municipal en el ayuntamiento de Santander, Pedro Casares, considera que esto evidencia de “un modelo político agotado” y lamenta que la alcaldesa, Gema Igual logrará aprobar “con el voto del concejal tránsfuga”, tal y como sucedió en la Comisión de Hacienda, que se celebra siempre como previa al pleno.

“La alcaldesa y el PP viven en el mundo al revés, son incapaces de gastan lo que presupuestan, y además tampoco ejecutan los remanentes positivos de tesorería. Unos remanentes que podrían destinar a inversiones productivas y financieramente sostenibles para mejorar la ciudad y la calidad de vida de la gente”, censura el edil.

Esto, a juicio del líder socialista, responde a “políticas de otro tiempo”, en los que se priorizaba el pago de deuda en vez de invertir el superávit en políticas “que redunden en el beneficio de los vecinos”, como lleva pidiendo la Federación Española de Municipios y Provincias desde 2015. “Van a contracorriente de las necesidades de Santander” enfatiza.

El líder de los socialistas santanderinos explica que los remanentes de tesorería se producen por la falta de inversión y ejecución del presupuesto municipal. “Una situación irresponsable, que practican sistemáticamente y que ralentiza la inversión en la ciudad”.

Para el portavoz del PSOE, es “inasumible” que, además de los 10 millones de euros presupuestados para pago de la deuda en el presupuesto de 2019, se destine también el remanente de tesorería a pagar de forma anticipada más deuda. Recordando a su vez, que en base al informe del Interventor General, a 30 de septiembre de 2018, el 55% de las previsiones de gastos del presupuesto de 2018 “están sin ejecutar”.

Y como ejemplo de la no ejecución presupuestaria, ha señalado que en el presupuesto de 2017 “el 75% de las inversiones no se llevaron a cabo, es decir se quedaron sin invertir.

PP DESTACA SU CAPACIDAD DE “CREAR SUPERÁVIT”

Por su parte, la concejala de Economía del Ayuntamiento de Santander, Ana González Pescador, ha destacado la capacidad del actual equipo de Gobierno de “crear superávit” con el fin de destinarlo a nuevos servicios e inversiones para los ciudadanos.

Ante las críticas del PSOE, González Pescador ha rechazado las críticas de forma tajante y le ha instado a apoyar la propuesta del equipo de Gobierno con la que, ha dicho, “se liberan más recursos del presupuesto a favor de nuevos servicios e inversiones en Santander”.

A su juicio, los que desean ocultar su deuda son “los colegas socialistas de Casares y Revilla”, a quienes ha acusado de representar “un modelo de gestión económica agotado” porque, ha subrayado, “lo que agotan es el presupuesto pagando la descomunal deuda que han generado”.

La edil no cree que el PSOE sea “el más indicado para dar lecciones sobre la gestión de la deuda y los recursos públicos” y ha asegurado que Casares olvida que su partido es el “verdadero campeón” de la deuda y el que ha llevado a las administraciones a los mayores niveles de déficit y endeudamiento cuando ha gobernado.

“Sin amortizaciones es imposible rebajar la deuda”, ha agregado la concejala de Economía y Hacienda, quien ha aclarado que todo esto se está haciendo “sin merma alguna en los servicios y prestaciones a los ciudadanos”, más bien al contrario, y promoviendo una política de bajadas de impuestos y tasas, implantación de nuevas bonificaciones y ampliación de las existentes, y creación de incentivos para favorecer la actividad económica y empresarial.