La Fiscalía apunta a delitos de prevaricación administrativa, fraude o exacción ilegal y malversación, por parte de el exdirectivo del SCS Francisco Javier González Gómez, el asesor externo Sáez de Viteri, el gerente de Atención Primaria Alejandro Rojo y Julián Pérez Gil, exgerente del SCS, de modo que pide al Juzgado que se les tome declaración en calidad de investigados por las contrataciones irregulares denunciadas sobre el Servicio Cántabro de Salud.

Lo que se estudia son una serie de adjudicaciones de contratos menores o asesorías externas a empresas relacionadas entre sí que reveló primero una alta funcionaria de Sanidad y que IU y PP llevaron a la Fiscalía, que a su vez lo derivó al Juzgado. En el plano político, estas denuncias han provocado dimisiones de toda la cúpula del Servicio Cántabro de Salud, reprobaciones parlamentarias a la consejera María Luisa Real y la creación de una Comisión de Investigación sobre el SCS, cuyos trabajos aún no han comenzado.

LAS CONTRATACIONES DE ASESORÍA EXTERNA A SAEZ DE VITERI INCLUYERON A FAMILIARES

La investigación del Fiscal apunta como principal responsable en todos los contratos en los que se han visto sospechas al ex subdirector de Gestión Económica e Infraestructuras, Francisco Javier González, a quien se identifica además como la persona que nombra como asesor externo a Álvaro Saez de Viteri, quien de hecho trabaja en las dependencias de este departamento.

En total, constan hasta cinco encargos del SCS, tres de ellos a Álvaro Saez de Viteri como asesor. Y otros dos a Amaia Saez de Viteri (en realidad salen dos personas con este nombre, pero con un último apellido diferente cada una, se apunta a que ambas sean familiares del primero).

No obstante, la investigación fiscal, a la que ha tenido acceso EL FARADIO, apunta a que en esos dos encargos a la segunda persona la firma es en realidad del primero, lo que “sugiere” la existencia de “falsedad” y “opacidad” que consideran que debe ser investigada ya que parece que ella no tuvo participación ni en la firma ni en la realización de los trabajos.

El fiscal se apoya para esta tesis en el informe interno abierto por la propia Consejería, cuyo instructor, José Alburquerque, fue gerente del SCS en gobiernos del PP, y en el que se confirma que esos trabajos los realizó Álvaro pese a no aparecer en el contrato.

EL SCS ADJUDICÓ CONTRATOS DE PINTURA DE CENTROS DE SALUD AL MARGEN DE UN CONTRATO INTEGRAL

En la investigación  se abordan también los contratos menores a tres empresas: Gardenor, Iralia y Serincopsa. Son trabajos de pintura en centros de salud en Torrelavega, San Vicente y el de General Dávila (El Alta) en Santander. Se recurre a contrato menor pese a que se conciben con el mismo fin (pintado de centros de salud), y se desarrollan durante el mismo período de tiempo, además de adjudicarse a empresas que tienen los mismos administradores. Es el mismo proceso que las obras para el Hospital Virtual Marqués de Valdecilla.

Antes de esta contratación, existía un contrato integral de pintado de centros de salud durante dos años, que incluía trabajos en veinte centros según el calendario que marcara la Gerencia de Atención Primaria, y que se había adjudicado casi un año antes de estos trabajos. Para cuando se adjudicaron, ya se habían hecho 15 de esas tareas y uno estaba en proceso, de modo que quedaban cuatro, por lo que hubieran podido incluirse estos tres.

También responsabiliza, basándose en el informe interno del SCS, como quien propuso estos tres contratos menores a González Gómez. Después serían firmados por el director gerente de Atención Primaria, Alejandro Rojo, ya dimitido. A ambos dos les sitúa la investigación judicial como “con perfecto conocimiento” de la existencia de este contrato y de haber generado un “gasto innecesario al erario público”.

FRACCIONAMIENTOS INDEBIDOS EN EL HOSPITAL VIRTUAL Y LOS ECÓGRAFOS

En cuanto al Hospital Virtual Valdecilla, se sostiene que el SCS contrató (firmando el entonces gerente del SCS, Julián Pérez Gil, en base a propuestas de González Gómez) esos trabajos “con la clara finalizad de eludir el sistema de contratación previsto en la Ley de Contratos”. Se adjudicaron a las empresa Gardenor, Iralia Global y Serincopsa (las mismas), y, del mismo modo, se consideraron reformas separadas pese a que existiera una “unidad de acción organizativa”. El instructor de la investigación interna ya hablaba de un “indebido fraccionamiento de contrato”.

Asimismo, se analiza la compra de 22 ecógrafos, divididos en dos lotes y once sublotes, de forma que se acabaron adjudicando a través de 22 contratos menores, pese a que no fueran específicos para cada centro y no fueran destinados a satisfacer necesidades urgentes. Por tanto, se entiende que esta contratación se hizo en contra de la legislación e impidiendo el libre concurso de terceros. Su adquisición fue responsabilidad, nuevamente, de González Gómez.

FALTA DE CONTROL PERO NO DELITOS EN OTROS CASOS

En cambio, no se ven indicios penales en los contratos sobre las instalaciones de timbres en el centro de salud de El Alisal, realizados también en dos tandas, que si bien se ve como una gestión “reprochable” no se califica como delictiva.

Ni en las duplicidades de pagos que se denunciaban a Viesgo y Gas Natural, más propias de una “cierta falta de control” que de algún fin “espurio”.

Finalmente, se ven actuaciones “reprochables”, con “falta de control (…) y rigor”, pero sin que constituyan infracciones penales la recepción de obras (un trámite en el que se certifica que todo está correcto) de forma previa a su entrega real.