Por otra parte, el Puerto ha derivado a Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento, la responsabilidad sobre los procesos de selección de personal en distintas plazas convocadas, que han sido cuestionadas por aspirantes y organizaciones como la Asociación de la Prensa de Cantabria o el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Madrid, entre otros.

Puerto de Santander

De hecho, el presidente del Puerto ha elevado una propuesta a Puertos del Estado para que encuentre una solución en futuras convocatorias.

Esas son las explicaciones que ha trasladado el presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, Jaime González, a Ezequiel San Emeterio, presidente de la Unión Profesional (colectivo que agrupa a los distintos colegios profesionales).

Según esa versión del Puerto, a la que ha tenido acceso EL FARADIO, lo que sucede es que el Convenio Colectivo de Puertos del Estado define en sus anexos el inventario de competencias técnicas de cada una de las ocupaciones, y es en base a ese inventario como se prepararon, desde el propio Puerto de Santander, las ofertas de empleo.

Así, en el caso de operaciones y servicios portuarios lo que se buscaba a un responsable de la gestión de la lonja. Antes se ocupaba de ello un trabajador sin titulación, y ahora se ha optado por exigir una titulación universitaria superior en Biología, Veterinaria o Ciencias del Mar.

Luego está la plaza de Responsable de Comunicación e Imagen, con la que se quería cubrir a un responsable del archivo y actividad cultural, para la gestión del archivo documental portuario y de las actividades culturales en el Palacete del Embarcadero.

Esta fue la plaza cuestionada tanto por la Asociación de la Prensa de Cantabria (APC) y la FAPE, la federación que agrupa a todas las asociaciones de periodistas de España, ya que pese a que en la convocatoria se definían funciones relacionadas con los medios de comunicación, se excluyó de ella a los periodistas, centrándolos en Historia, Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural, en Comunicación e Industrias Culturales y en Gestión Cultural.

Respecto a la plaza de responsable de Sistemas de Información y Comunicaciones, que fue la que cuestionó el Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones de Madrid al centrarse en informáticos.

Y en cuanto a la asesoría jurídica, aquella cuyos test estaban a la venta en Wallapop, el Puerto defiende la “idoneidad” de los test propuestos por las empresas a las que se les contrató el proceso de selección (TEA CEGOS y ADECCO), de las que subraya que son “de reconocido prestigio” en el sector.

También defiende que la composición de los tribunales que hicieran esta selección (denunciados por USO porque siempre son las mismas personas pese a que se supone que quienes examinan a los aspirantes deben tener conocimientos sobre las plazas que se convocan, como sucede en el resto de procesos selectivos), y recalca que sí había juristas en el Tribunal.

En concreto, lo que dice el convenio colectivo es que en la elaboración de las bases y en la valoración, realización y calificación de los méritos y pruebas, participarán representantes del personal que serán designados por el Comité de Empresa y que «si es posible», serán de igual o superior ocupación a la de la plaza a cubrir, si bien deja la responsabilidad a los representantes de los trabajadores de la designación de los miembros de los tribunales.

La tesis del Puerto de Santander de que las oposiciones derivan de las condiciones fijadas por el convenio colectivo de Puertos del Estado chocan con la explicación que el propio Puertos del Estado, que depende de Fomento, les trasladó a representantes de la FAPE (la Federación de Asociaciones de Periodistas de España): esta organización profesional nacional habló con Puertos del Estado cuando el Puerto de Santander le dijo a la Asociación de Periodistas de Cantabria que la oposición de comunicación que excluía a periodistas era consecuencia de la autoridad portuaria estatal. Sin embargo, esta les dijo que los detalles dependían de cada puerto, en este caso, el de Santander.

SUSPENSO EN TRANSPARENCIA

Recientemente, trascendía también que la Autoridad Portuaria de Santander suspende en la transparencia que ofrece de sus datos al tener públicos solo 17 de los 123 indicadores requeridos, según refleja Índices Dyntra, una comunidad abierta y colaborativa que tiene como objetivo medir la información pública de Gobiernos, Administraciones públicas, partidos políticos, cargos electos y los diferentes actores sociales.

En concreto, en el área de Autoridades Portuarias, Santander ocupa el penúltimo puesto de las 28 instituciones marítimas españolas, solo por delante de Sevilla, con una puntuación del 13.82%, frente al 36.59% de Barcelona que, aunque tampoco aprueba, ocupa el primer puesto en transparencia.

El de Santander no ofrecía nada de información sobre aspectos económicos y financieros como su deuda, sus presupuestos o cuentas anuales y auditorías…), además de carecer de un portal de transparencia y Open Data, o no figuran los currículum vitae de su presidente, Jaime González, así como de los miembros del Consejo de Administración.

Asimismo, tampoco constan ni declaración de la renta ni retribuciones y declaración patrimonial del presidente del puerto, así como viajes, dietas y gastos derivados de su agenda o regalos recibidos en la función de su puesto. En la misma situación están los datos  de la directora del Puerto, el Consejo de Administración, el Consejo de Navegación –cuya composición no está disponible en web y la relación de Altos Cargos.