José Luis Gochicoa, consejero de Obras Públicas || Foto: Lara Revilla (Gobierno de Cantabria)

El Foro Enlaza Cantabria ha concluido las sesiones de este curso con un debate sobre los contratos menores y los criterios de adjudicación, organizado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

En la mesa redonda, que se ha celebrado en el Salón de Actos del Club de Regatas, se ha puesto de manifiesto el desconcierto en las administraciones públicas y, sobre todo, en las entidades locales, a partir de la aprobación de la Ley de Contratos del Sector Público, que entró en vigor hace un año.

La nueva regulación tenía el propósito de evitar el fraccionamiento de contratos y el fraude, sin embargo en la práctica ha llegado a paralizar a las administraciones, sobre todo a las más pequeñas, hasta el punto de que ha requerido una nueva instrucción del Ministerio de Hacienda, que es la nueva referencia en la contratación.

Con situaciones «ridículas» o «absurdas», llevadas al extremo, como que los vehículos municipales de un pueblo como Potes tengan que ir a repostar a Panes (Asturias) para que no se considere fraccionamiento de un mismo contrato de suministros (combustible). Una situación tan real como «transitoria», hasta que se aclaró el procedimiento.

En el debate han participado el nuevo consejero de Obras Públicas y Vivienda, José Luis Gochicoa; el alcalde de Reocin y presidente de la Federación de Municipios de Cantabria, que también es ingeniero, Pablo Diestro Eguren; Germán García, presidente del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de Cantabria y el abogado Eduardo Lastra.

Los contratos menores aumentaron un 55% antes de la entrada en vigor de la nueva Ley

El Foro Enlaza Cantabria pretende buscar consensos sociales y políticos en torno a las grandes obras transformadoras de los territorios, desde el diálogo y la participación social necesarios para conseguir esos acuerdos, con transparencia y Buen Gobierno.

Previamente se habían organizado jornadas sobre las futuras reordenaciones ferroviarias de Torrelavega, Camargo y Santander o sobre el Plan de Puertos del Gobierno de Cantabria.

«LA PALABRA CLAVE ES FRAUDE»

Según ha explicado el abogado Eduardo Lastra, la Ley de Contratos tiende a la adjudicación por lotes (asfaltado, firme, señalización), lo que complica mucho la tramitación para las administraciones, que antes podían adjudicar a una gran empresa que subcontrataba los detalles de la obra.

Sin embargo, ha intervenido para subrayar que «fraccionar no es lo que está prohibiendo la ley, sino que se haga un fraude». «No todo fraccionamiento es fraudulento ni toda la contratación en un contrato está libre de fraude», ha remarcado.

En su opinión, la nueva norma va muy en perjuicio de todas las PYMES. «Es factible asfaltar en Potes y mañana en Castro Urdiales. A lo mejor hay más fraude si en un sólo contrato adjudico el asfaltado de toda la región. Lo importante es que el fraccionamiento no encierre fraude», que sería determinante ante un tribunal es «si ha habido o no fraude».

Durante el debate se ha señalado al artículo 118 de la nueva ley de contratos del sector público (consenso en que es «muy mejorable»), que como ha señalado Lastra, «pocos artículos de una ley han suscitado tanta literatura jurídica», por lo que ha recetado que «hay que ser flexibles en la interpretación».

Según el jurista, al Estado «no le afecta para nada» el artículo 118, pero los ayuntamientos pequeños están «cohartados».

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