Este jueves 27 de junio a las diez de la mañana está previsto un nuevo desahucio en Santander, en la calle Laredo (centro de la ciudad).

El lanzamiento, emitido por el Juzgado de Instrucción número 10 de Santander, va dirigido contra Encarnación, su marido Juan Carlos y su joven hija de 20 años, según informa la plataforma STOP DESAHUCIOS.

Juan Carlos tiene 57 años y ha trabajado toda la vida en el sector de la construcción. La crisis le afectó de pleno y lleva 11 años sin encontrar trabajo. Encarnación tiene 50 años y es ama de casa. Actualmente sobreviven por una renta social básica de 590 euros.

Llevan viviendo en un pequeño piso de menos de 40 metros cuadrados en la calle Laredo, con sus hijos, desde hace 25 años. Un inmueble que Juan Carlos fue reformando para que fuera habitable.

Hasta hace unos años pagaban en mano el alquiler al propietario del piso. Pero en 2015 murió la titular de la vivienda y sus herederos no quisieron seguir con el alquiler ya que lo querían vender.

Según Roberto Mazorra, portavoz de la plataforma: “se trata de un desahucio en precario porque todo era verbal, se pagaba en mano y no existía contrato por escrito sino un acuerdo a la antigua usanza”.

Durante estas dos últimas semanas, la plataforma y los afectados han estado manteniendo comunicación directa con el juzgado y han presentado diversos escritos para suspender el desahucio. Lo último que les pidieron en el juzgado para parar el lanzamiento fue el informe de vulnerabilidad que debía emitir los servicios sociales.

Según Roberto Mazorra, «en la relación con los servicios sociales y el Ayuntamiento de Santander se ha producido, en el mejor de los casos, un cúmulo de sucesos desafortunados».

En primer lugar, la trabajadora social que llevaba el caso estaba de baja o de vacaciones. Y la jefa de servicios sociales del Ayuntamiento decidió que sólo podía ser esa trabajadora social la que firmara el informe. Esta se negó repetidamente a que lo firmara otra profesional, a pesar de que era de dominio público la situación de vulnerabilidad de los afectados.

«Le explicamos que era muy urgente. Sin embargo, los servicios sociales tardaron cuatro días en remitirlo al juzgado desde que nos pusimos en contacto con ellos. Desde la plataforma y la familia no tenemos queja de los profesionales de los servicios sociales. Estoy seguro de que si hubiera sido por ellos, el informe se hubiera mandando la semana pasada, cuando llegó el requerimiento judicial. Otra cosa es la falta de pericia y las erráticas decisiones de la responsable del servicio», advierte Mazorra, que le recrimina a esta responsable que el informe con la firma de la trabajadora social se remite el último día, el miércoles, 24 horas antes del desahucio.

«Y se hizo porque nosotros estábamos por allí, presionando», apostilla, lamentando que además, la jefa del servicio no permitió obtener una copia para adjuntar al recurso elaborado por la plataforma «y se arrogó unas competencias que no tienen los servicios sociales, como es la solicitud de suspensión; algo que sólo pueden tener algún sentido en procedimientos judiciales de impago de alquiler».

Al hacerlo de esta manera, el juzgado emitió providencia explicando el error y manteniendo la suspensión. Es decir, «esa forma de actuar perjudicó claramente a la familia y condicionó la respuesta del juzgado. La burocracia no puede nunca estar por encima de las necesidades de las personas”, aseveran desde STOP DESAHUCIOS..

Para Roberto Mazorra, ha existido una clara diferencia entre el comportamiento de la responsable de servicios sociales del Ayuntamiento de Santander y el de la Oficina de Emergencia Habitacional del Gobierno de Cantabria., El responsable de esta última ha puesto “todo tipo de facilidades para que pudiera pararse el desahucio», si bien «otra cosa es que se consiga”.

Esta tarde, por hoy miércoles, la plataforma realizará una asamblea para decidir si se convoca una movilización para parar el desahucio o no.

Al tratarse de un propietario particular –la plataforma actúa contra las entidades bancarias, no contra las personas propietarias – existen «dudas razonables» sobre la forma de proceder,