Un 73% de los afiliados a la Seguridad Social en Cantabria (156.267 de un total de 214.433) trabajan en uno de los 50 municipios de la comunidad en los que el Consejo de Seguridad Nuclear de España ha tomado mediciones del gas radioactivo radón «en niveles nada despreciables» y por encima del nivel de referencia ahora estipulado por la actual directiva comunitaria Euratom (300 becquerelios por metro cúbico), aprobada en 2014 y que aún no ha sido transpuesta a la legislación española con una normativa propia, pese a que el plazo para ello expiró el 6 de febrero de 2018.

Según precisó hoy en rueda de prensa Pedro Cobo, secretario de Salud Laboral e Institucional de la Federación de Servicios. Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT, los mencionados 50 municipios cántabros concentran a casi el 67% de la población de la región (388.111 de un total de 581.078 habitantes), según el padrón del ICANE de 2019.

Cobo aclaró que la federación ugetista ya denunció en abril del año pasado el incumplimiento de la transposición de la Directiva Euratom en España ante la Comisión Europea, denuncia que ha sido admitida a trámite y ha provocado el inicio de un expediente sancionador «que durará en torno a un año, aunque esperamos que para entonces la Administración española cumpla con sus obligaciones».

El sindicalista puntualizó que por ahora únicamente ha habido una transposición parcial de la directiva comunitaria sobre gases ionizantes, la incluida en el Código Técnico de Edificación, que entró en vigor el pasado 27 de diciembre con su publicación en el BOE y donde se incluyen las mediciones realizadas sobre el gas radón con «niveles nada despreciables» en medio centenar de municipios cántabros «que deben tener un estudio y un seguimiento».

El sindicalista recordó que desde el año 2001 se obliga a las empresas que realicen una actividad con riesgo de exposición al radón o a gases ionizantes a darse de alta en un registro especial, Registro Central de Actividades Laborales con Exposición a la Radiación Natural, en el que por ahora sólo hay 92 empresas o centros inscritos, 13 de ellos en Cantabria, «en su gran mayoría cuevas prehistóricas, balnearios y tan sólo una industria».

«Esta infradeclaración de empresas o lugares especialmente expuestos al gas radón confirma nuestra preocupación, no sólo porque no se haya realizado la transposición de la directiva, también por la falta de información y de sensibilización sobre un factor de riesgo especialmente dañino para los trabajadores y los ciudadanos en general», agregó el responsable regional de Salud Laboral de FeSMC-UGT.

En este sentido, Cobo recalcó que el radón, un gas noble radiactivo que se produce de manera natural por la desintegración del uranio existente en la corteza terrestre, está considerado cancerígeno humano del grupo1, es la segunda causa de cáncer de pulmón aunque ya hay estudios que lo asociación a otros tipos de cáncer como el de piel y según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en España se producen cada año unas 2.000 muertes directamente asociadas al gas radón.

El sindicalista criticó que «el año pasado hubo 1.098 accidentes mortales de tráfico, menos que los que generó el radón, y sin embargo, la Dirección General de Tráfico y distintas administraciones públicas se gastaron 40 millones de euros en campañas de prevención y de sensibilización cuando con el radón no se ha hecho ninguna porque aún no se es consciente de la dimensión que está adquiriendo».

Pedro Cobo insistió en la necesidad urgente de transponer la directiva Euratom, tras recordar que el sindicato UGT ya ha hecho las alegaciones a lo que debería ser la nueva normativa sobre gases ionizantes y sobre el gas radón, aunque precisó «que nada se sabe todavía sobre ello».