La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha acordado la suspensión cautelar de las obras del puerto deportivo de San Vicente de la Barquera, atendiendo a una petición de Ecologistas en Acción, uno de los colectivos que es miembro de la Plataforma contra el Superpuerto.

Así lo explica la propia plataforma en una nota de prensa que ha difundido Izquierda Unida (IU) en Cantabria, tras conocer un auto en el que se explica que la decisión se adopta ante la posibilidad de que el daño que produzcan las obras sea irreparable cuando finalice la denuncia contra el propio proyecto, por lo que se dictamina su paralización temporal para evitar esos perjuicios.

El escollo judicial pendiente para el Puerto de San Vicente que proyecta el Gobierno

En el documento se específica que el proyecto de puerto se ubica sobre el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) “Rías Occidentales y Dunas de Oyambre”, lugar que, a su vez, fue declarado Zona de Especial Conservación, además de sobre terrenos integrados en el Plan de Ordenación del Parque de Oyambre.

Y pese a que el Gobierno de Cantabria en su Declaración de Impacto Ambiental consideró que no se producían afecciones, el TSJC matiza que esto no supone “sin más” la “viabilidad ambiental del proyecto”.

Para la Plataforma este hecho, “reiterado hasta la saciedad a las autoridades» es «clave”, dado que “el Gobierno no está haciendo su labor de forma adecuada y con garantías plenas”.

“Ni siquiera desde un punto de vista racional se sustenta la construcción de este superpuerto de casi 300 amarres y la inversión de 6 millones de euros; como alternativa, mostramos la ampliación hasta 80 amarres y que parte del presupuesto se dedicara a desarrollar un pequeño polígono de servicios para las actividades locales de los barquereños”.

EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

El auto enumera distintos efectos sobre el medio ambiente, como los dragados para la zona de de atraque y los canales de acceso de las embarcaciones, con la consiguiente afección a los fondos marinos, además del propio uso del puerto, que puede causar la contaminación de las aguas con los combustibles.

Se remite además a un informe en el que se advierte de que el proyecto “destruye” dos hábitats de interés comunitario, cuestión que desde la Plataforma han mantenido a lo largo de todo el proceso y que una de las organizaciones miembro, IU Cantabria, ya presentó en el Parlamento Europeo.

Por tanto, al considerarse probado que tiene consecuencias sobre el medio ambiente, y ante el riesgo de otros, la justicia apuesta por paralizar las obras hasta que se decida si estos efectos cumplen o no la Ley.

“En lugar de actuar con rigor y esperar a la acción de la Justicia, algo que no estaría de más vista la carrera judicial de los proyectos del ladrillazo público, la Consejería de Obras Públicas se ha embarcado en una huida hacia adelante que ahora se topa con esta paralización”, sentenciaban desde la Plataforma contra el Superpuerto Deportivo.

VOTO PARTICULAR

El auto está acompañado de un voto particular de la magistrada María Esther Castanedo, al que ha tenido acceso EL FARADIO, y que pide fijar una «caución» a la que «condicionar la efectividad de la medida cautelar». La «contracautela» habría sido solicitada por la administración, sin señalar la cuantía de la misma.

La magistrada argumenta que hay «abundante» juridprudencia para que el propio tribunal establezca la cuantía, así como que debería «evidenciar la envergadura del perjuicio que pudiera provocarse», con «el único objetivo de salvaguardar los intereses generales de los daños que la medida adoptada pudiera producir».

El Gobierno va a solicitar esa caución en el TSJC para hacer frente a los posibles perjuicios que se puedan producir de este hechoa sobre el auto del asunto, limitándose a señalar que carecería de sentido la recuperación del espacio en el caso de que se desarrollaran las obras y que EA ganara el pleito.

PARALIZACIÓN INMEDIATA

En una nota de prensa, el consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, ha explicado que, tras conocer el auto, el director de la obra ya ha ordenado al contratista que no se prosigan los trabajos y que se mantenga la zona en condiciones seguras.

Asimismo, ha anunciado que la Consejería de Obras Públicas va a solicitar un incidente de ejecución para concluir las aceras del paseo marítimo con el objetivo de evitar cualquier tipo de riesgo innecesario para los vecinos y turistas de la zona, especialmente de cara al verano.

En este sentido, la Administración autonómica cree que TSJC y Ecologistas en Acción serán “sensibles” a esta demanda pues no produce ningún daño ambiental.

Respeto al auto, el Ejecutivo considera que no entra al fondo y confía en que la Justicia termine dando la razón para poder seguir adelante con el proyecto. «Creemos que tenemos todos los informes favorables y estamos tranquilos porque entendemos que lo normal es que nos acabe dando la razón y podremos continuar con las obras», ha dicho Gochicoa.

«El objetivo en estos momentos no es valorar quien tiene aparentemente razón, sino el riesgo de que la demanda carezca de objeto una vez construida la infraestructura», ha añadido, por lo que «el Gobierno autonómico confía en que la ampliación del puerto deportivo sea viable», ya que, en su opinión, «todo el procedimiento administrativo se ha realizado correctamente».

IU SEÑALA A MAZÓN Y REVILLA

En otro comunicado, IU ha señalado al diputado del PRC en el Congreso, exconsejero de Obras Públicas, con quien empezó el proyecto del puerto de San Vicente de la Barquera. “El esperpento que quieren poner en mitad de la ría San Vicente y que ahora un juez manda paralizar lleva la firma de José María Mazón como consejero de Obras Públicas en la pasada legislatura”, ha subrayado la coordinadora autonómica de la formación, Leticia Martínez.

En este sentido, ha recalcado que “el hoy diputado en el Congreso de los Diputados que se queja cuando el tren le deja tirado ha enfocado toda su trayectoria política –lleva desde los años noventa ligado a la misma consejería como secretario general, director general o consejero- a la macroconstrucción y el despilfarro mientras olvidaba las verdaderas necesidades que tienen las Cercanías y el tren”.

Aunque hoy en el Congreso se discutía sobre el Puerto de Valencia, he aprovechado para vender #Cantabria 🇵🇱 pic.twitter.com/IESlUnnl0h

— José María Mazón (PRC) (@JoseMariaMazon) February 18, 2020

«Con el beneplácito del presidente, Miguel Ángel Revilla, se han cometido en Cantabria las mayores barbaridades urbanísticas y aquí no pasa nada”, ha añadido.

LLEVARÁ EL AUTO AL PARLAMENTO EUROPEO

Izquierda Unida de Cantabria volverá a pedir al Parlamento Europeo que se posicione en relación al superpuerto de San Vicente de la Barquera, toda vez que las obras de éste han sido paralizadas por orden judicial.

Izquierda Unida lleva al Parlamento europeo el impacto del puerto de San Vicente

Martínez recuerda, además, la intervención del Parlamento Europeo en esta cuestión tras la petición de IU a finales de 2017. Entonces, la respuesta desde Bruselas fue que “la Directiva de Hábitats no prohíbe la realización de proyectos en los lugares Natura 2000, pero exige que cualquier plan o proyecto que pueda afectar de forma apreciable a un lugar Natura 2000 se someta a una evaluación adecuada, y que solo pueda autorizarse tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión.”

Ahora IU recoge el guante del auto judicial que “considera probadas las consecuencias sobre el medio ambiente” al aludir a la “destrucción de dos hábitats de interés comunitario o las afecciones a los fondos marinos”, y retomará la vía política en este asunto, tal y como también hizo con las prospecciones mineras del proyecto ‘Salia’ en la comunidad “del que Emerita Resources ha huido y el gobierno autonómico da una patada hacia delante prometiendo y jugando con las esperanzas de miles de cántabros”.

La coordinadora autonómica de IU ha mostrado su “alegría” al conocer el auto judicial de la mano de los demandantes, Ecologistas en Acción, miembros ambas colectivos de la Plataforma contra el superpuerto.

Para la líder de la formación, la paralización supone “dar veracidad al relato de la Plataforma”, que siempre ha buscado el desarrollo local de San Vicente de forma respetuosa con el medio y que ofrezca garantías sociales a sus habitantes”.

Y ha recordado las alternativas propuestas tanto por la Plataforma como por IU a través de Martín Chaves, concejal de Obras, Servicios, Medio Ambiente y Medio Rural en San Vicente de la Barquera en la pasada legislatura, planteadas tanto el Gobierno autonómico como al resto de partidos de la corporación local de entonces –PP, PRC y PSOE-, que “no mostraron ni una sola pega al proyecto del puerto que ahora los tribunales han paralizado”.

EQUO CELEBRA LA «LUCIDEZ JUDICIAL»

Desde Equo Cantabria han celebrado la «lucidez judicial» de este «acertado» auto al aplicarse el «principio de precaución ante un proyecto que amenaza con destruir hábitats protegidos, anteponiendo el verdadero interés general, tanto desde la perspectiva de la biodiversidad como de la responsabilidad ya que el daño que se pudiera producir sería irreversible ambientalmente».

Además, valoran que esta decisión «salvaguarda las arcas públicas para evitar que una sentencia posterior nos ubique en la situación actual de Vuestra Ostrera» (la depuradora construida en Suances y con sentencia firme de derribo) y recuerdan otros «lastres» como el del Puerto de Laredo.

La formación ecologista insiste en que se trata de una obra de «de dudosa necesidad y ninguna idoneidad que amenaza a la Ría de San Vicente y es un atentado ambiental incomprensible en esta maravillosa zona protegida del Parque Natural de Oyambre».

PODEMOS SEÑALA A OTROS PROYECTOS COMO EL GOLF DE MOGROVEJO

También Podemos celebraba esta noticia y confiaba en que sea un toque de atención para otros proyectos del gobierno autonómico, como el campo de golf de Mogrovejo o el aparcamiento de Fuente Dé.

“Revilla vende en Fitur turismo sostenible pero la realidad es que lleva años apostando por el turismo de masas, atentando contra el medio natural para conseguir sus objetivos. Un campo de golf en Mogrovejo o un superpuerto en San Vicente está muy lejos de ser turismo sostenible”, aseveraban.