Dentro de las distintas desescaladas –o reeescaladas, si hablamos de volver a una cierta normalidad—también está la de la actividad parlamentaria.

Durante estos dos meses, el antiguo Hospital de San Rafael recondujo su actividad a una comisión especial y monográfica sobre el coronavirus. Las comisiones son versiones más reducidas del Parlamento, centradas en temas que suelen ir parejos a las áreas de Gobierno, pero en este caso se creó una específica: por ella desfilaron miembros del Gobierno, responsables de la gestión sanitaria y agentes sociales. La fórmula permitía, además, menor movilización de diputados y una distancia física entre ellos al repartirse por el hemiciclo.

Esa comisión terminaba esta semana sus trabajos, y a partir de ahora se producirá con ella una dinámica similar a la del Debate sobre el Estado de la Comunidad, cita anual en la política cántabra—llamada oficialmente Debate sobre la Orientación Política del Gobierno–: los partidos presentarán propuestas de resolución, que podrán ser enmendadas –eso implica negociación entre los grupos–, para debatirse y votarse. Algo que previsiblemente será los días 27, 28 y 29 de mayo, la semana que viene.

En total, los grupos parlamentarios han registrado 183 propuestas de resolución de la Comisión COVID-19

El debate parece ir marcado por un tono más conciliador que el que se vive en la política nacional, del que, paradójicamente, se ha descolgado el partido que no tiene matriz nacional, el PRC, con un Revilla que ha cargado contra un «desnortado» Ejecutivo por el acuerdo con Bildu para derogar la reforma laboral del PP.

Así, el portavoz parlamentario del PP, Íñigo Fernández, reivindicaba su “actitud responsable y la disposición al diálogo y al acuerdo” con el Gobierno de Cantabria, centrando las críticas en el Ejecutivo central: “no queremos caer en los mismos errores en que ha caído el Gobierno de España, que estos dos meses se ha caracterizado en sus decisiones por no escuchar a nadie y por actuar completamente alejado de la realidad

Los grupos parlamentarios regionalista y socialista han registrado un total de 61 propuestas conjuntas, que incluyen la mejora de la atención a mayores y dependientes en residencias y resto del sistema, la realización de test, el blindaje de la financiación sanitaria, ayudas a distintos sectores económicos…, además de reclamaciones al Gobierno central, como el impago de los 22 millones de euros de impagos por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2016 correspondientes a las obras de Valdecilla, y que ha sido avalado por la Audiencia Nacional, o el aumento de la partida para Cantabria del Fondo Covid-19 o el uso de remanentes municipales.

Desde Ciudadanos, por su parte, su portavoz parlamentario Félix Alvárez apelaba a la “valentía” de un Gobierno al que pide que “deje el postureo” para apoyar medidas de apoyo a autónomos a través del ICAF. Sus propuestas incluyen la realización de test masivos –y más medios de protección– en residencias, pero también a personal público, entre otras.

Antes de esta suerte de Debate sobre el Estado del COVID-19, los partidos tienen una prueba para testar su tono con el primer pleno de la nueva normalidad, este lunes, en una versión adaptada: 20 diputados estarán en el hemiciclo, para garantizar la distancia de seguridad necesaria contra la propagación del coronavirus, y el resto lo seguirán en el Parlamento, sí, pero desde sus despachos, votando de forma telemática aunque desde el mismo viejo Hospital que en su día atendió a enfermos de fiebre amarilla o cólera.

En el orden del día de ese debate del lunes van propuestas para mejorar la tramitación de las ayudas por los ERTEs o las que concedan las empresas públicas cántabras, y todo apunta a que saldrán adelante con acuerdo.