Oxfam Intermón, miembro de la Coordinadora Cántabra de ONGDs, ha puesto en marcha una recogida de firmas para garantizar que los fondos de ayuda en respuesta a la crisis del coronavirus lleguen a empresas con un comportamiento fiscal responsable, bajo el lema “Que no defrauden. Que no nos defrauden”. Para participar en esta iniciativa es necesario firmar en el siguiente apartado de su web.

Cada año desaparecen en España millones de euros en paraísos fiscales. Grandes empresas desvían sus beneficios para no pagar lo que les corresponde.

Oxfam afirma que «la crisis de la COVID-19 no puede volver a incrementar la desigualdad ni dejar atrás a las personas más vulnerables»

Por ello, la ONG reclama que “el dinero público destinado a mitigar la crisis económica provocada por la COVID-19 no puede acabar en aquellas empresas que usan estos agujeros fiscales para pagar menos” y demanda “el gobierno ponga a las y los trabajadores por delante del beneficio de unos pocos”.

Durante la crisis del 2008 la respuesta del Gobierno se centró en paquetes de rescate para salvar a los bancos “en lugar de a las personas”. “No podemos permitir que ese error se vuelva a repetir” señalan.

El rol de las empresas será clave en la reactivación económica y consideran “especialmente necesario un plan de rescate que priorice el apoyo a las más vulnerables, que se preocupe por el bienestar de los y las trabajadoras, y no solo de los inversores, y que incentive la responsabilidad fiscal”.

Quienes forman parte de Oxfam Intermón llevan años denunciando la existencia de paraísos fiscales y poniendo sobre la mesa medidas para evitar la elusión y la evasión fiscal de las grandes empresas. Porque se estima que 15.000 millones de euros se desvían a estos paraísos, lo que podría suponer al Estado la pérdida de unos 3.700 millones de euros en el Impuesto de Sociedades. “Un dinero que no se estaría destinando a políticas públicas como la sanidad o la educación” lamenta la organización.

En este contexto, creen que el rescate a las grandes empresas debería estar condicionado a demostrar tres factores.

El primero, que no tienen presencia en paraísos fiscales como mecanismo para eludir impuestos; en segundo lugar, que no tienen un modelo que reparte las ganancias empresariales de una forma “terriblemente desigual, con diferencias abismales entre los salarios de los altos ejecutivos y los salarios medios”.

Y finalmente, que no optan por el enriquecimiento de los inversores a costa de la precariedad de los trabajadores y las trabajadoras.

Así mismo, añaden dos propuestas como acelerar la tramitación de la Ley Antifraude o el Impuesto sobre las Transacciones Financieras.