Lo había anticipado en la última conferencia de presidentes –tal vez porque se preveía que sucediera de forma inminente—y lo ha reiterado hoy, enérgicamente, tras conocerse: el Estado recurrirá judicialmente la sentencia de la Audiencia Nacional que reconoce el derecho de la Comunidad Autónoma a percibir los 22 millones de euros correspondientes a la financiación de Valdecilla impagados por el Gobierno central en 2016.

Revilla considera este paso, como ya avanzó el fin de semana, “un gesto de hostilidad hacia Cantabria”, tras haber pedido varias veces que desistiera del recurso y procediera al pago, de forma que la comunidad pudiera disponer de esos recursos económicos en estos momentos.

El presidente ha subrayado que, aún en el caso de que no sea admitido a trámite por el Tribunal Supremo, la mera presentación del recurso de casación conlleva un retraso de al menos 6 meses, que puede prolongarse “hasta un año y medio” si es admitido, en un pago que acumula ya cuatro años de demora y cuando además “la reclamación de Cantabria está reconocida y avalada por la Audiencia Nacional”.

“No hay derecho”, ha lamentado Revilla, para quien el Gobierno de España “está cometiendo una nueva injusticia” contra un territorio que “ya ha sufrido demasiadas y que no merece este maltrato”. “Hoy más que nunca, el Estado parece muy lejos de los intereses y de las necesidades de los cántabros”.

Asimismo, ha señalado que esta situación a la “aportación raquítica” que Cantabria recibirá del fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros habilitado para hacer frente a la crisis del coronavirus, con una cuantía que apenas llega a los 180 millones de euros, cuando los gastos y pérdidas de ingresos que la pandemia ha provocado en la Comunidad Autónoma alcanza los 540 millones.

También ha recordado el impago de una mensualidad del IVA de 2017, que ha privado a la región de otros 45 millones de euros y obligado al Ejecutivo cántabro a iniciar acciones legales para “reclamar lo que en justicia es suyo y le corresponde”.

Por otra parte, el secretario general del PSOE de Santander y diputado en el Congreso de los Diputados, Pedro Casares, ponía en valor la licitación de las obras de la biblioteca Menéndez Pelayo por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad Sostenible y Agenda Urbana, que las pagará.

Casares valora así la licitación, anunciada hoy, de las obras de rehabilitación interior y rehabilitación de las fachadas, cerramiento exterior, vidrieras y jardín de la Biblioteca Menéndez Pelayo –la biblioteca particular de Marcelino Menéndez Pelayo, germen de lo que luego sería la biblioteca municipal de la ciudad–, en Santander.
Unas obras, cuyo importe de licitación asciende a 1.153.619 euros.

“Se trata de las obras más importantes que se van a acometer en este edificio con 100 años de historia en nuestra ciudad, que se iniciarán a partir de otoño y tendrán un plazo de ejecución de dieciséis meses” destaca Casares, que cree que para 2022 la biblioteca rehabilitada “será ya una realidad con la que contará nuestra ciudad”.

El parlamentario hurgaba en la herida de otro edificio cercano, el MAS, al pedir a la alcaldesa, Gema Igual, que el ayuntamiento, que se va a hacer cargo del traslado y custodia de los fondos bibliográficos, ponga todos los recursos para proteger dichos fondos durante estas obras.

“Tenemos malas experiencias anteriores de lo que ha pasado en esta ciudad cuando se han iniciado obras en edificios como el del MAS donde se perdieron muchos fondos durante el incendio por no haber establecido las medidas de seguridad y protección que se necesitaban” recuerda el dirigente.

CANTABRIA PIDE AL GOBIERNO RECURSOS EXTRAORDINARIOS PARA LOS SERVICIOS SOCIALES

Pleno del Consejo territorial de servicios sociales y dependencia que se hace por videoconferencia es Nacional y estala a Consejera de Empleo Y Políticas Sociales Ana Belén Álvarez la directora del ICASS María Antonia Mora y el director de políticas sociales julio Soto
18 jun 20

Finalmente, la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, ha solicitado formalmente a la Vicepresidencia del Gobierno de España y Ministerio de Derechos Sociales que la Administración del Estado habilite una partida finalista destinada a los Servicios Sociales, con una dotación económica suficiente que permita atender las necesidades de los colectivos más desfavorecidos de nuestra sociedad, que también son los que más han sufrido las consecuencias de la pandemia del covid-19.

Así lo ha expuesto en la reunión por videoconferencia del Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia que ha aprobado, además, la distribución de los fondos del programa de protección a la familia y atención a la pobreza infantil, así como el reparto de la asignación tributaria del 0´7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para subvenciones a entidades del tercer sector.

La consejera ha indicado que “gracias a la actuación de los Servicios Sociales se han atendido las necesidades urgentes y básicas de las personas y los colectivos más vulnerables”, por ello, el Estado debe aportar fondos extraordinarios que permitan hacer frente a los gastos ocasionados por la covid-19, desde que se decretó el estado de alarma en el mes de marzo y poder seguir manteniendo estas prestaciones y servicios extraordinarios hasta que la economía recupere el pulso.

“Si no se aprueba una aportación extraordinaria y finalista, difícilmente se va a poder atender adecuadamente a grupos muy amplios de la sociedad, como son personas en riesgo de pobreza, aquellos que han perdido su medio de subsistencia y carecen de recursos económicos; a la protección a la familia y atención a la pobreza infantil, o a las personas dependientes y con discapacidad. A todos ellos hay que seguir apoyando y prestando los servicios necesarios para que tengan una vida digna”.