El próximo 22 de julio, el Pleno del Congreso de Diputados debatirá las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción Económica y Social. La Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular ‘Medicamentos a un precio justo’ considera que las propuestas en el ámbito de la sanidad y de la salud públicas son “claramente insuficientes”.

Las organizaciones promotoras –entre las que se encuentra medicosmundi, miembro de la Coordinadora Cántabra de ONGDs– destacan la necesidad de garantizar una financiación suficiente para la sanidad pública, lo que incluye “el control y la rendición de cuentas sobre el gasto farmacéutico”. Además, consideran que “es fundamental potenciar la atención primaria y los servicios de salud pública para hacer frente a la crisis provocada por la COVID-19”.

Las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción Económica y Social abordan de forma somera el control de gasto farmacéutico. Sin embargo, desde la iniciativa consideran que “dejan fuera propuestas necesarias para tener una sanidad pública de calidad”, por lo que plantean la necesidad de un cambio de modelo “a la hora de deliberar y fijar los precios de los fármacos”.

“Es fundamental que se tenga en cuenta la inversión pública realizada en su desarrollo, que las negociaciones entre la industria farmacéutica y el gobierno sean transparentes y que los costes de adquisición de medicamentos del Sistema Nacional de Salud sean de conocimiento público” explican.

Así mismo, apoyan otras medidas reclamadas históricamente, como la desaparición de los copagos y la reconversión al SNS de las privatizaciones llevadas a cabo.

La Comisión Promotora de la iniciativa ‘Medicamentos a un precio justo’ señala que las conclusiones “plasman aspectos regresivos para la sanidad pública, incluyendo el refuerzo de la colaboración público-privada con la industria farmacéutica, sin avanzar en medidas reales para la promoción de la investigación pública ni para la rendición de cuentas en las relaciones con el sector privado, lo que potencian la estrategia de la industria farmacéutica de búsqueda de nuevos nichos de negocio, a la vez que ponen freno al recorrido hacia una industria farmacéutica pública”.

En ese sentido, recuerdan que debe primar el interés público sobre los intereses comerciales de los laboratorios, “mejorando el acceso a los medicamentos y aumentando los medios de la sanidad pública”.

Otras medidas, relacionadas con la formación continuada de los profesionales, también las ven como insuficientes. Por ello, indican que la Comisión de Reconstrucción Económica y Social “debe apostar por la creación de un fondo para financiar la investigación y la formación de los profesionales sanitarios independiente de la industria farmacéutica”.

En definitiva, “el refuerzo de la sanidad pública supone también avanzar en la transparencia y en la regulación de los conflictos de intereses” señalan, y al mismo tiempo, destacan que “el sector público debe apostar por la dotación de recursos para la formación continuada y la atención de nuestros profesionales”.

CONTRA EL GASTO Y POR LA TRANSPARENCIA EN LOS PRECIOS

En los últimos años hemos asistido a un aumento continuado de los precios de los nuevos medicamentos, en muchas ocasiones con cifras muy superiores a los costes de investigación y fabricación, como ha puesto de manifiesto el caso de la hepatitis C y los antivirales de acción directa, según señala ‘Medicamentos a un precio justo’.

Esta situación ha conllevado un importante incremento del gasto farmacéutico, “poniendo en peligro la sostenibilidad del sistema e introduciendo copagos en los medicamentos a miles de personas, limitando el acceso a determinados tratamientos” indican.

De forma paralela, también existen problemas relacionados con la opacidad sobre la inversión que realiza directa o indirectamente la Administración pública en investigación biomédica y sobre las negociaciones que mantiene con la industria farmacéutica. “Esta falta de transparencia afecta a las relaciones entre el sector privado, las organizaciones de profesionales y los profesionales sanitarios con las Administraciones públicas, lo que puede dar lugar a conflictos de intereses” lamentan desde la iniciativa.

Ante estas situaciones, 16 organizaciones y profesionales de la sanidad pública, de la transparencia y de la comunidad científica han impulsado la iniciativa legislativa popular (ILP) ‘Medicamentos a un precio justo’ que pretende, con medidas concretas reflejadas en su texto articulado en su web, abordar la falta de transparencia y el sistema de fijación de precios.

Así mismo, la iniciativa pretende fomentar la investigación pública de medicamentos y la formación independiente de los profesionales sanitarios con la creación de un fondo para mejorar el acceso a las innovaciones y garantizar una prescripción adecuada.

Además, en su propia web han establecido un sistema de recogida de firmas para apoyar su iniciativa, con la intención de llegar a las 500.000 firmas, que finalizará dentro de casi 100 días.