La terrible crisis de la COVID-19, que tanto sufrimiento y desconcierto está causando, ha puesto al descubierto las carencias de los servicios públicos debilitados por años de recortes. Este es el motivo que esgrime la Plataforma Cantabria Por lo Público y Sin Recortes para convocar una concentración esta tarde a las 19:00 frente a la residencia La Pereda de Santander, situada en la Avenida de Cantabria, números 12-14.

Desde este colectivo quieren hacer hincapié en los trabajos de cuidados, remunerados o gratuitos, que siguen soportando una gran carga desde el inicio de la pandemia. Si ya de por sí las residencias son espacios muy vulnerables, el Coronavirus se ha mostrado más virulento con las personas que viven en los Centros de Mayores. Una idea de la situación de las residencias nos la da la cifra de personas fallecidas en las residencias de nuestro país, con datos de junio de 2020 de más de 19.500, de las cuales 145 en Cantabria.

Muchos de estos centros padecen una deficiente gestión, según la Plataforma, y algunos están en manos de empresas multinacionales o fondos de inversión. También aquí se han visto las carencias: poca información unida muchas veces a poca transparencia han servido para fomentar la alarma social, especialmente entre los familiares, señalan también. Esta precariedad se extiende a la mayoría de los sectores relacionados con los cuidados, especialmente en los servicios de limpieza, el cuidado de personas y las empleadas del hogar. Por eso, creen que urge el control público de las residencias y su desprivatización.

Desde la Plataforma Cantabria por lo Público demandan políticas públicas que aborden de forma estructural la crisis de cuidados en forma de pactos o planes estatales. El centro político y social han de ser los cuidados de la vida. Para ellos no es una mera declaración de intenciones, sino una apuesta por el desarrollo de políticas públicas para que los cuidados no se queden reducidos al ámbito de lo doméstico y dejen de recaer mayoritariamente sobre las mujeres.

La Plataforma subraya que hay que inspeccionar las residencias de mayores de Cantabria (privadas y públicas) y plantear planes y protocolos específicos. El desarrollo y aplicación de la Ley de Autonomía Personal y Dependencia 39/2006 dicen que se ha convertido en una rémora; se demuestra viendo la demora media de espera para acceder a una residencia, que se sitúa en 421 días, esto no seguir así ni esperar más tiempo a darle una solución.

Ponen de manifiesto que la lista estatal de espera asciende a casi 400. 000 personas (a unas 250.000 se les ha reconocido el derecho a una prestación, o servicio, y están a la espera de recibirlo, y otras 150.000 solicitantes a la espera de valoración).

Para mejorar la gestión, resaltan la necesidad de coordinación entre los servicios sanitarios y sociales, desde la Atención Primaria a las personas que están en las residencias, al desarrollo de una red de camas de media y larga estancia, que debería ser de titularidad y gestión pública, así como facilitar la permanencia en el hogar de las personas mayores mediante un sistema público de atención y apoyo domiciliario.

Cantabria Por lo Público destaca que es urgente ahora centrarse en los cuidados y el envejecimiento activo. Los expertos coinciden que las dos causas mayores de esta catástrofe han sido el retraso en la intervención de las autoridades políticas y los fallos en el modelo de atención, que han sido denunciados desde hace años por problemas como la falta de información y de transparencia, los desfases en las ratios y la cualificación del personal, las deficiencias en las instalaciones, los pocos apoyos de medicina y enfermería o las inspecciones inexistentes o poco rigurosas.