El Gobierno de Cantabria extenderá la opción de teletrabajo a los servicios y departamentos de la Administración General y, a comienzos de año, espera tener aprobado el decreto que permitirá a los empleados públicos acogerse a esta modalidad de trabajo un máximo de tres días por semana o cinco continuados en periodos de dos semanas.

La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, junto a la directora de Función Pública, Isabel Barragán, ha informado del contenido del proyecto de decreto regional, que ya ha superado el proceso de consulta y que será objeto de negociación con las organizaciones sindicales.

Fernández Viaña ha considerado imprescindible la apertura de un proceso de participación y diálogo para la búsqueda de la “mejor” norma reguladora de esta modalidad de trabajo no presencial, que ha demostrado, a su juicio, su especial utilidad en situaciones de emergencia o crisis, como en la actual pandemia, y ha destacado también sus beneficios sociales en el ámbito de la conciliación laboral y familiar de los empleados públicos (empleados con menores y mayores a su cargo) y para aquellos que tienen la residencia alejada de sus puestos de trabajo.

En su opinión, el teletrabajo en la Administración es una “herramienta de modernización laboral y una palanca para aumentar la productividad”, sin menoscabo de la atención presencial de los servicios públicos, que va a quedar asegurada, dado que el empleado público mantendrá el contacto con su puesto y el resto de compañeros de la unidad y además se asegurará su derecho al descanso y la desconexión digital.

En materia tecnológica, la consejera de Presidencia se ha referido también al proyecto de transformación digital de la Administración Autonómica de Cantabria que se ha presentado para ser susceptible de financiación europea extraordinaria mediante los Fondos de Recuperación, que se eleva a unos 14 millones de inversión, y en donde el teletrabajo será uno de los ejes fundamentales.

Según datos aportados por el Gobierno, durante el estado de alarma más de 3.000 empleados públicos de la Administración General prestaron su labor mediante la modalidad de teletrabajo de forma permanente, lo que permitió mantener “totalmente operativos los servicios autonómicos para toda la ciudadanía”, ha subrayado Fernández Viaña.