Las nuevas medidas restrictivas para combatir el coronavirus que entraron en vigor anoche han causado que la Dirección General de Función Pública haya decidido la suspensión temporal de los procesos selectivos de la Oferta de Empleo Público (OEP), que se iban a iniciar el 28 y el 29 de noviembre de las especialidades de fisioterapia (199 aspirantes) y psicología (263 aspirantes), respectivamente, si bien, tiene previsto continuar con los que ya se encontraban en marcha y a punto de finalizar.

La resolución de la Consejería de Sanidad publicada anoche establece que solo se podrán llevar a cabo pruebas presenciales de procesos selectivos del sector público en las que la convocatoria simultánea de aspirantes (en la misma aula) no sea superior a 10.

La Dirección de Función Pública ha avanzado que estudiará en los próximos días la reorganización del sistema, los procedimientos necesarios y la evolución de las condiciones sanitarias para desarrollar, en su caso, las otras dos pruebas previstas en diciembre (los días 12 y 13), de las especialidades de Trabajo Social y Maestro Educador, si bien, anunciará en cuanto sea posible la suspensión de estos procesos en caso de no poder realizarse.

Respecto a los procesos selectivos ya en marcha, los de técnicos especializados en su mayoría que arrancaron en septiembre, Función Pública tiene previsto continuar con ellos, dado que participan menos de 10 aspirantes o bien se convocarán de forma escalonada para el cumplimiento de las medidas sanitarias en estos momentos.

Para estos cuerpos técnicos estaba previsto un último examen conjunto antes de Navidad, con unos 100 aspirantes como máximo, por lo que también se valorará esta semana reorganizar el sistema necesario para poder culminar los procesos.

La Dirección General de Función Pública ha lamentado estos cambios y modificaciones en el desarrollo de la OEP del Gobierno de Cantabria y ha pedido comprensión a los aspirantes a estas plazas ante la situación extraordinaria que se está viviendo por la crisis sanitaria. La voluntad del Ejecutivo regional, ha dicho, es explorar todas las posibilidades jurídicas para celebrar con garantías las pruebas selectivas y responder a las actuales demandas de empleo público y reducir de forma progresiva la temporalidad de la plantilla al servicio de la Administración General autonómica.