Izquierda Unida ha presentado 73 enmiendas por valor de 73 millones de euros a los Presupuestos Generales de Cantabria para el año 2021 con el fin de que las cuentas públicas de la comunidad autónoma protejan “de verdad” a quienes más están sufriendo la crisis económica y contribuir a “impulsar” un cambio de modelo productivo “que sustituya al que nos ha hecho tan débiles ante ella”.

Las enmiendas las ha presentado en rueda de prensa Israel Ruiz Salmón, en su primera intervención tras ser elegido coordinador autonómico de la formación de izquierdas, quien ha explicado que se afronta ahora “una etapa marcada por un intenso ritmo de trabajo tanto en la vida institucional como en los hogares, la calle y los centros de trabajo, en línea con los retos del momento actual”, y en sintonía con medidas implantadas desde el Gobierno central para hacer frente a la crisis como los ERTEs o el Ingreso Mínimo Vital.

Las enmiendas, enviadas a los grupos parlamentarios, se centran, principalmente, en el Servicio Cántabro de Salud con 2 millones de euros y las consejerías de Educación (10 millones), de Desarrollo Rural (4 millones), Industria (2,4 millones) y Obras Públicas (54,7 millones).

Son enmiendas que “blindan” partidas para evitar “la tentación de los recortes” en áreas de “especial sensibilidad” en estos momentos tan “difíciles”.

“En nuestras propuestas planteamos una forma alternativa de gestionar ingresos y gastos de la comunidad, reforzando áreas en las que vemos poca ambición con líneas continuistas”, ha señalado el líder de IU.

Además, considera que el Gobierno se ha limitado a distribuir “sin criterio definido” los recursos que llegan del Estado, en lugar “de fijar las bases para cambiar las prioridades” que, según afirma, “la pandemia nos ha dejado claro: la red de servicios públicos y la atención a la población más vulnerable”.

En este sentido, IU apuesta en Educación por incrementar el apoyo a la red pública, la formación profesional y ampliar las becas, y en sanidad plantea suprimir las peonadas con el objetivo de mejorar y ampliar las retribuciones del personal estatutario temporal en Atención Primaria, lográndose así 2 millones de euros “para cubrir las carencias de organización de la sanidad pública que venimos sufriendo en los últimos meses”.

En Industria se advierte de que hay partidas “enmascaradas” que bajo el “aparente” fin del apoyo a la industria “encubren una mera política inmobiliaria”, en detrimento de la actividad de proyectos “consolidados” y de la “economía real y productiva”. Así, plantean enmiendas para favorecer el I+D+i y extender las telecomunicaciones al mundo rural con el fin de eliminar la “brecha digital” (720.000 euros) o un millón más para el plan de recuperación industrial de la cuenca del Besaya.

Entre sus propuestas, también está contrarrestar los recortes de partidas ligadas, por ejemplo, a protección civil, a la par que aumentar en un millón de euros la partida para la dotación de vivienda pública en alquiler, o crear retribuciones especiales por el esfuerzo en las tareas de desinfección que está suponiendo un incremento del trabajo en áreas como la limpieza de los juzgados.

Además, en Desarrollo Rural dedican más de 2 millones a ayudas e indemnizaciones al sector ganadero y sugieren la creación de nuevas partidas para mejorar la gestión de residuos y emisiones o para adaptarse a la lucha contra el cambio climático, junto a la puesta en marcha de un Pacto Social por el Medio Ambiente o la elaboración de la Ley de Bienestar Animal.

La movilidad eléctrica se favorece con ayudas por valor de 100.000 euros, que compensan el “brutal” recorte de un 67% que viene en los planes de socialistas y regionalistas, mientras IU enmienda los presupuestos para dedicar inversiones en movilidad a las “abandonadas” cercanías.

Subida del IRPF a salarios mayores de 46.000 euros (lo que cobra un diputado autonómico)

Dentro de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas (conocida como Ley de Acompañamiento), Ruiz Salmón ha expuesto que la pandemia “no se está viviendo por igual en relación al nivel socio-económico de las familias y, de nuevo, la crisis se está cebando con las clases populares”.

Es por ello que, afirma, “es hora de que las rentas más altas y patrimonios sean quienes hagan el esfuerzo para ampliar los servicios públicos.

Así, defienden subir los tipos del IRPF en medio punto en todos los tramos a partir de los 46.000 euros anuales, “algo menos de lo que cobra un diputado raso en el Parlamento de Cantabria”, e introduciendo un nuevo tramo de 53.000 a 60.000 euros y creando un “tipo super especial” a partir de los 120.000 euros, del 27%, “ya que el Gobierno de Cantabria había renunciado incluso a asumir la posibilidad de rentas elevadas a las que gravar”.

Ruiz Salmón incide en que los datos y la realidad que vemos a nuestro alrededor “nos dicen que más del 90% de la población de Cantabria cobra menos de 40.000 euros al año, el sueldo medio es de 22.555 y el más frecuente no llega a 19.000”. “La progresividad fiscal es una medida de solidaridad contemplada en la Constitución y que la pandemia pone de manifiesto”, apunta.

En la misma línea, reducen el mínimo exento en el Impuesto de Patrimonio, de 700.000 a 600.000 (la vivienda ya está exenta hasta los 300.000 euros), lo que supone ampliar el número de contribuyentes en una franja “especialmente privilegiada”.

Además, piden suprimir la bonificación por adquisición de acciones y participaciones empresariales, “con las que se estaba primando la economía más especulativa en lugar de la más productiva”.

Finalmente, plantean la introducción de incentivos fiscales para las pequeñas empresas ubicadas en zonas en riesgo de despoblamiento, como forma de ayudarlas ante el hecho de que sufran costes “más elevados” como los de transporte o mantenimiento, mientras que la menor población hace que tengan menos margen de beneficio.

Por eso se fija una reducción de un 10% en los rendimientos de actividades económicas y empresariales en el IRPF.