Izquierda Unida ha hecho sus aportaciones a la futura Ley de Participación Ciudadana de Cantabria entra las que destaca instaurar la figura del Defensor del Pueblo Cántabro, Iniciativas legislativas populares o la recuperación de los concejos como fórmula de debate y decisión vecinal.

Las propuestas presentadas por IU en el período de consulta pública se centran en aspectos como el derecho a la información y a la participación en asuntos públicos de la población, la formación a las personas -especialmente las que menos suelen participar en la vida pública, como mujeres, jóvenes o migrantes- o la transparencia de las administraciones.

Entre las quince medidas enviadas a la Dirección General de Servicios y Participación Ciudadana de la Consejería de Presidencia, el coordinador de IU, Israel Ruiz Salmón, destaca la figura del Defensor del Pueblo Cántabro, una cuestión que no está legislada en Cantabria, pese a estar incluida en el Estatuto de Autonomía su desarrollo a través de una Ley y haber sido desarrollada por otras comunidades.

Según Ruiz Salmón, “los mecanismos de participación en la actualidad son casi inexistentes, tanto a nivel autonómico como en las entidades locales” e indica que, los pocos que hay “viven, por ejemplo, una distorsión tal que una iniciativa de cualquier entidad extraparlamentaria (asociaciones, personas, partidos, sindicatos) que se registra por vía telemática tarda, según nuestra propia evidencia, hasta 5 meses en llegar a la Mesa del Parlamento de Cantabria, mientras que, si el registro es de forma presencial, su gestión es más ágil y se ha tramitado en apenas dos semanas”.

“Este ejemplo impide, de facto, la participación universal en plena igualdad y la atención en tiempo y forma de las solicitudes, más en estos tiempos en los que las gestiones presenciales se han sustituido, incluso por imperativo legal, por tramitación telemática”, subraya.

Así, en el ámbito autonómico, IU incluye las iniciativas legislativas populares e iniciativas públicas que puedan dirigirse al Gobierno y las distintas consejerías, establecer una e-Administración efectiva e inteligente facilitando la alfabetización digital de la población, que existan partidas para presupuestos participativos o contemplar la revocación y reprobación de cargos electos ante graves incumplimientos de criterios y normas democráticos.

También quieren “democratizar” los consejos autonómicos -Económico y Social, Mujer, Juventud y otros-, “de forma real”, dotándolos de independencia política y autonomía financiera. “La recuperación de los Consejos en los últimos años, si bien es una actuación positiva, ha significado retirarles competencias, funciones e independencia que impiden un desarrollo amplio y efectivo; hoy tienen menos autonomía que cuando se aprobaron por primera vez”, incidía.

En el ámbito local, IU indica que los ayuntamientos “tampoco cumplen con sus vecinos, ya que en demasiadas ocasiones no responden a las instancias por escrito o ni siquiera hacen públicos los acuerdos de gobierno y del pleno”.

Es por ello que plantean la obligatoriedad de emitir por streaming los plenos municipales y la reinstauración de los concejo e instituciones de participación de las juntas vecinales, además de que se desarrolle, en el apartado de participación, la Ley de bases del régimen local y el Reglamento Orgánico de los Ayuntamientos.