La presidenta del Partido Popular, María José Sáenz de Buruaga, ha exigido hoy al Gobierno de Cantabria que abandone la imposición y elimine las trabas que están abocando a las entidades del tercer sector a renunciar a desarrollar sus programas sociales por unos cambios en la gestión y tramitación administrativa de las subvenciones que no son avances en los derechos sociales, sino recortes.

Buruaga ha denunciado que en la convocatoria de ayudas con cargo al 0,7% del IRPF para el próximo año, el Gobierno de Cantabria no solo elimina la posibilidad de reformulación, un escollo que dejará fuera de juego a numerosas entidades sociales, especialmente las de menor tamaño, sino que prohíbe de forma expresa los programas de reparto de productos en especie a las familias en situación de vulnerabilidad.

Según la presidenta del PP, esta prohibición supone poner palos en las ruedas a las organizaciones del tercer sector que están asumiendo buena parte de la respuesta a las necesidades más básicas que los servicios públicos no proporcionan con agilidad y eficacia: comer, pagar el alquiler o gastos de vivienda, una decisión absolutamente incongruente con la situación que están viviendo muchas familias en Cantabria.

La presidenta ha hecho esta denuncia en declaraciones a los medios de comunicación, después de reunirse acompañada por la diputada Isabel Urrutia con las entidades del tercer sector CERMI, Banco de Alimentos Infantiles, Plataforma Romanes y Nuevo Futuro para abordar la situación generada con motivo de la nueva convocatoria de subvenciones para la realización de programas de interés social que, según Buruaga, se ha visto empañada por la sinrazón del Gobierno de Cantabria.

La dirigente popular ha explicado que ademas de ver suprimidos los programas de reparto de productos en especie, muchas entidades van a tener que recortar sus programas o renunciar a la ejecutarlos, al haber eliminado el Gobierno la posibilidad de reformulación, una facilidad que la Ley de Subvenciones y las bases reguladoras de estas ayudas otorgan a las entidades solicitantes y que permite ajustar los proyectos al importe concedido en el caso de que sea inferior al solicitado.

Según Buruaga, estamos ante un auténtico despropósito que pone en riesgo programas sociales consolidados y que castiga especialmente a las entidades más pequeñas que tienen menos capacidad de cofinanciación y hacen labor de proximidad, pegada al territorio.

No se trata de grandes ONG a nivel nacional, sino de los bancos de alimentos o la asociación parroquial que a tantas personas ayudan a llegar a fin de mes; de entidades que acercan al mundo rural programas sociales para familias en situación de vulnerabilidad o de promoción de la vida autónoma o que atienden a colectivos como la discapacidad o las enfermedades raras; de la inclusión educativa y sanitaria de la población gitana de Cantabria; de programas conductuales para nuestros menores y un largo etcétera.

Según ha explicado Buruaga, el Gobierno de Cantabria, que con la excusa del Covid y la falta de presencia del personal convirtió a Cantabria el año pasado en la única comunidad que eliminó esta facilidad, ha convertido en costumbre y regla general una situación excepcional.

Y ha recordado que en octubre pasado, el Partido Popular pidió en el Parlamento que se permitiera la reformulación y que la convocatoria de la subvenciones anuales se realizara en el primer semestre de cada año previa negociación con las entidades, pero todas estas demandas han caído en saco roto y lejos de dar marcha atrás, el Gobierno persevera en el error.

“Ni diálogo, ni acuerdo, ni primer semestre, ni reformulación. Más obstáculos cuando más certidumbre y más ayuda necesitan; imposición y trabas para las entidades del sector que las están abocando a renunciar a su labor social”, ha resumido la presidenta, quien ha advertido de en tiempos difíciles es cuando la Administración tiene que poner encima de la mesa todos los instrumentos que le concede la normativa para facilitar a ciudadanos y entidades su relación con la Administración y su participación social, pero el de Cantabria ha vuelto a demostrar que no puede estar más lejos de la sociedad, porque cuando peor lo está pasando y más apoyo necesita, se mira el ombligo y piensa tan solo en su comodidad.

“Este es el escudo social de socialistas y regionalistas y estas son las obras de los que prometieron no dejar a nadie atrás. Una cosa es predicar y otra bien distinta dar trigo”, ha concluido.