El Gobierno prorroga la suspensión de la concesión de autorizaciones de funcionamiento de nuevos salones de juego y locales de apuestas

Segunda suspensión temporal mientras se tramita la nueva norma para proteger a los colectivos vulnerables
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El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, ha acordado la prórroga hasta la entada en vigor de la nueva Ley de Juego o, en su defecto, por un nuevo plazo de 9 meses, de la suspensión de la concesión de autorizaciones de funcionamiento de nuevos salones de juego y locales de apuestas en Cantabria aprobada mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de 19 de marzo de 2020 y prorrogada por primera vez por Acuerdo de 10 de diciembre de 2020.

Se trata de la segunda suspensión temporal de las autorizaciones de apertura de nuevos locales de juego y apuestas, mientras se tramite la nueva norma, con el objetivo de salvaguardar a los colectivos de especial protección, los menores y personas con ludopatías.

El Gobierno ultima la tramitación de la ley de juego para Cantabria, que introducirá nuevas políticas de juego responsable con el fin de reducir los riesgos para la salud y ajustar la oferta de salas de juego a la población, tras poner en marcha otras medidas de planificación del sector como el régimen de distancias entre locales de juego y centros escolares.

De esta manera, la reciente entrada en vigor del Decreto 42/2021, de 6 de mayo, por el que se regula el Servicio de Admisión en los Establecimientos de Juego y el Registro de Interdicciones de Acceso al Juego, publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el 14 de mayo de 2021, ha supuesto un cambio fundamental en este sector al establecer que cualquier establecimiento de juego de Cantabria deberá contar con su correspondiente servicio de admisión. Además, se establece que las empresas titulares de un establecimiento de juego dispondrán de un plazo de 9 meses para implantar los medios de control de admisión, así como para disponer de un sistema informático de control y registro de clientes.

Igualmente, el Decreto contiene la regulación del Registro de Interdicciones de Acceso al Juego de Cantabria, estableciendo que la información del mismo se facilitará a los operadores de juego, a los efectos de impedir el acceso al juego de las personas inscritas en el mismo.

Además, desde la Consejería se está desarrollando una aplicación informática denominada RICAN, que facilitará a los establecimientos de juego comprobar la no inscripción en el Registro de Interdicciones de Acceso al Juego de Cantabria, o en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego del Estado. Dicha aplicación se encuentra actualmente en periodo de pruebas internas necesarias para verificar su funcionamiento, estando previsto en las próximas semanas iniciar una prueba piloto en un número aleatorio de establecimiento de juego.

De este modo, y en consonancia con la nueva Ley reguladora del juego de Cantabria, cuyo anteproyecto se encuentra actualmente en tramitación, se considera conveniente prorrogar la suspensión de las autorizaciones de los establecimientos de juego, con el fin de permitir a los mismos la implantación definitiva del sistema de admisión, así como de completar el desarrollo informático que les permita la mencionada coordinación con los Registros de interdicciones estatal y autonómico.

En la misma línea que la citada normativa, el Pleno del Consejo de Políticas de Juego, aprobó el pasado 14 de julio, el Acuerdo por el que se determinan los principios para establecer una cooperación más estrecha entre los Registros de interdicciones de acceso al juego estatal y autonómicos.

Así, el Gobierno central y el de las distintas comunidades determinan un modelo de coordinación entre sus registros fundado en el reconocimiento mutuo de las inscripciones practicadas en los distintos registros, extendiendo de manera automática las virtudes intuitivas de cada uno de los modelos existentes, permitiendo a las autoridades que así lo decidan poder avanzar aún más en el escenario de colaboración, estableciendo un sistema que constituya, organizativa y funcionalmente, un único registro de interdicciones al juego.

Por otro lado, cabe destacar el Proyecto de Real Decreto sobre entornos más seguros de juego online de ámbito estatal y de desarrollo de la Disposición Adicional Sexta de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del Juego, que contempla las Obligaciones de formación, estableciendo en su artículo 7 que todo el personal del operador recibirá una formación genérica sobre juego responsable y seguro.

Asimismo, estas obligaciones de formación del personal serán de aplicación también al juego presencial, por lo que es otra medida que aconseja la suspensión de las autorizaciones de los salones y, por ello, entra en vigor toda la normativa que asegura un juego responsable y entornos seguros.

Proyecto de ley

La titular de la Consejería, Paula Fernández Viaña, ha destacado que Cantabria ha sido pionera en las medidas de juego responsable, que han sido impulsadas desde 2018, “en respuesta a la sensibilidad de la población respecto a este sector”. En esta línea, ha asegurado que la ley de Cantabria “aunará dar cabida a una actividad importante para la economía, pero con el foco en la protección de los sectores más vulnerables y en reducir sus efectos negativos”.

La Consejería prevé aprobar próximamente el nuevo proyecto de ley en materia de juego, que tendrá como eje vertebrador las políticas de juego responsable y pondrá el foco en la protección de los colectivos vulnerables, la lucha contra el fraude, la prevención de las conductas patológicas y la salvaguarda de los derechos de las personas usuarias.

Hasta la aprobación definitiva de la ley sobre el sector del juego, Cantabria mantiene suspendida la concesión de autorizaciones de funcionamiento de nuevos salones de juego y locales de apuestas en la región.

En materia de inspección, el Gobierno regional prevé incrementar la plantilla de inspectores en el ámbito del juego y espectáculos públicos. Igualmente, ha intensificado de forma importante las inspecciones de juego, ante la preocupación social por el incremento de la adicción del juego entre los más jóvenes.

Otras medidas restrictivas han consistido en la suspensión de concesión de nuevas autorizaciones de explotación de máquinas tragaperras, una suspensión que se mantiene desde el año 2006.

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