La Plataforma contra el Superpuesto de San Vicente insta a la consejería de Obras Públicas a “abandonar la tozudez”, tras la anulación del proyecto por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJC), y “resolver los problemas reales” de Cantabria.

Desde 2017 se fragua la ampliación del puerto barquereño “sobrepasando los límites razonales en términos sociales, económicos y sociales”, motivo por el cual encontró el rechazo de entidades como Ecologistas en Acción, que interpuso la denuncia, Izquierda Unida, que elevó el asunto al Congreso de los Diputados o el Parlamento Europeo, o Cantabria No se Vende y ARCA, que, junto a las anteriores entidades y otras, además de personas a título individual, conformaron la Plataforma y se movilizaron.

La Justicia contraviene las posiciones del Ayuntamiento y el Gobierno de Cantabria y desde la Plataforma esperan que “se respete la decisión judicial” por todas las partes y lamentan “el perjuicio en tiempo, recursos y molestias que la mala gestión de Obras Públicas ha causado y está causando a los barquereños y barquereñas».

El colectivo entiende como «lógica y justa» la sentencia del contencioso administrativo y recuerda que «todas las molestias que ha causado y pueda causar el asunto del nuevo puerto» sobre la población local, han sido “evitables, porque desde el principio se ha alertado de la ilegalidad de la infraestructura”. «La Consejería y Gochicoa han ignorado deliberadamente todas las advertencias desde hace años», han añadido.

La Plataforma insta, además, al consejero, tras el varapalo de la sentencia, a tratar de resolver los “problemas reales” de los barquereños y los cántabros, “los que les afectan actual y directamente, en lugar de seguir recurriendo por proyectos propagandísticos y quimeras electoralistas que sólo causan desgaste en el personal de la propia consejería y molestias a los vecinos de Cantabria”.

LEY DEL SUELO Y EÓLICOS

Este fin de semana se producía una concentración frente al Parlamento de Cantabria, donde el martes se aprobará la nueva Ley del Suelo.

Convocada por los colectivos integrados en Cantabria Sostenible, critican el modelo urbanístico que supone, que ven una extensión del que ha imperado en la comunidad las últimas décadas.

En especial, critican que «consolida la anomalía de autorizar la construcción dispersa y generalizada de viviendas en suelo fértil, así como de instalar en él proyectos y ocurrencias improvisadas a capricho del gobierno de turno».

Asimismo, el fin de semana se produjo una manifestación contra los proyectos eólicos, bajo el lema «Sí a un medio rural vivo. No, a los polígonos eólicos», que discurrió desde Correos hasta el Gobierno de Cantabria , , donde denunciaron que el mapa de exclusión eólica presentado en el Parlamento el pasado mes de abril, muestra que sólo un 3% del territorio se verá afectado por la industria eólica, ocultando vías de acceso, torres de alta tensión o subestaciones eléctricas, o que afecta a más del 60% de los municipios de Cantabria,

 Al llegar a la altura de Delegación de Gobierno, se leyeron sendos comunicados de los representantes de Burgos y Palencia, donde ya existen proyectos culminados. Y en el Ayuntamiento, donde finalizaron, se leyó un manifiesto final.

Mientras, el Fondo para la Defensa Jurídica de la Cordillera Cantábrica ha interpuesto un recurso de alzada contra el PE El Escudo, pidiendo la nulidad de pleno derecho de la autorización administrativa previa y de la DIA por el impacto ambiental negativo e inadmisible del proyecto.

Presentan asimismo una denuncia a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental solicitando la suspensión cautelar de la resolución por la que se formulaba la Declaración de Impacto Ambiental favorable condicionada (DIA) al parque eólico de El Escudo, junto a un informe pericial  firmado por Estrella Alfaro Saiz, Enrique Francés Arriola, José María Cesar Fernández López, Sara Moreno Agudo, David Lastra González y Raúl Molleda García.